El futuro de la Fundación Villalar divide a los grupos

SPC
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El portavoz 'popular', Raúl de la Hoz, corrige a Francisco Igea y asegura que el ente no forma parte del acuerdo de gobernabilidad, y Tudanca recuerda su PNL para eliminar la Administración paralela

El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, preside la reunión de la Junta de Portavoces celebrada ayer enValladolid para organizar el pleno de la próxima semana - Foto: Ical

La inminente decisión sobre el futuro de la FundaciónVillalar evidenció ayer grietas entre las formaciones del Parlamento autonómico. A pesar de que el tema no figuraba en la Junta de Portavoces celebrada, los representantes de los partidos no dudaron en fijar posturas ante la reunión de este lunes, 2 de diciembre, donde tal y como anunció el presidente de las Cortes y de la Fundación Villalar Castilla y León, Luis Fuentes, propondrá su extinción. Mientras que desde Ciudadanos apuestan por su eliminación, el PP defendió ayer que los fines de la Fundación se mantengan y que su futuro se adopte por consenso, y desde elPSOE recordaron que hay otras entidades con posibles casos de  corrupción que no se suprimen. Una decisión que también ha originado declaraciones encontradas entre los socios de gobierno en la Junta, PP y Ciudadanos, en los últimos días. Ayer, el portavoz popular en las Cortes,Raúl de la Hoz,  corrigió el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que este jueves aseguró que la posición del PP en este caso es la que aparece recogida en el acuerdo de gobierno suscrito en julio, y  precisó que ese pacto se circunscribe a 16 entes y fundaciones entre las que no se incluye la Fundación Villalar Castilla y León porque depende de las Cortes, y no de la Junta, por lo que no tiene capacidad sobre ella, de manera que la decisión corresponde a su Patronato. De hecho, De la Hoz leyó el punto tercero de los cien recogidos en el pacto y se refirió a la comisión paritaria para dar cumplimiento del mismo, informa Ical.
El portavoz del Grupo Popular defendió que los fines y la esencia de la Fundación Villalar Castilla y León se mantengan, con independencia de la forma jurídica, y reiteró que el futuro de la misma y quien asuma sus funciones, en caso de que se suprima, se tiene que adoptar por consenso. «Vamos a escuchar», manifestó el procurador del PP, que aseguró que «al Partido Popular lo que le preocupa no es la forma jurídica, sino su esencia, que no se ponga en riesgo», dijo en referencia al objetivo con el que se constituyó.
Así, recordó que la Fundación Villalar Castilla y León surgió de un amplio consenso de los partidos políticos, sindicatos, colectivos sociales o universidades, todos ellos presentes en el Patronato, y subrayó que la decisión sobre su futuro se debe tomar también por acuerdo de todos.
Por su parte, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, sostuvo que el Patronato está formado por 20 miembros a los que hay que escuchar y tener en cuenta sus aportaciones si bien ratificó la apuesta de Ciudadanos por suprimir este organismo en pro de una gestión «más eficaz y más eficiente» del dinero público. «Solos no lo vamos a hacer, tiene que ser el patronato», aclaró Amigo quien reafirmó que la Fundación Villalar «no está funcionando».
Administración paralela

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, pidió a PP y Ciudadanos que «hablen» de la supresión de entes vinculados a presuntos casos de corrupción y no del futuro de la Fundación Villalar-Castilla y León, cuando es la única que nació por un amplio consenso y tiene dos trabajadores. Ante la polémica suscitada por la propuesta del presidente de las Cortes y de la Fundación, el líder socialista manifestó que van «a escuchar», aunque si sostuvo que se termine con los entes de la Administración B que puedan estar salpicados por presunta corrupción. En tal sentido, se refirió a como PP y Cs rechazaron una moción de su grupo para eliminar la administración paralela y criticó que se plantee la eliminación de una entidad que nació por el consenso político y social y tiene dos trabajadores. Por el contrario, señaló al sector público de la administración paralela con «600 nóminas» y una deuda de 18 millones de euros en su conjunto, y a la empresa pública Somacyl con 145 millones ella sola en números rojos.