El presidente de Túnez, Kais Saied, ha destituido este martes a una veintena de altos cargos del país dos días después de suspender el Parlamento y cesar al primer ministro, Hichem Mechichi, con lo que ha asumido todas las competencias.

Entre los destituidos se encuentran el fiscal general, Tawfiq al Ayouni; el secretario general del Gobierno, Walid al Dhahabi, el director de la oficina del primer ministro, Al Muizz, y varios consejeros de Mechichi, según indica la agencia tunecina TAP, citando varios decretos presidenciales.

Este martes, el principal partido político de Túnez, el islamista Ennahda, ha tildado de "inconstitucionales" las últimas decisiones del presidente mientras que la Unión Europea y la Unión Africana han apuntado que se encuentran siguiendo de cerca los acontecimientos del país.

Asimismo, el ministro de Exteriores de Túnez, Othman Jerandi, ha mantenido conversaciones con sus homólogos de países como Marruecos, Turquía, Egipto y Arabia Saudí para evaluar la situación.

El presidente tunecino ha cesado también a los ministros de Defensa, Interior y Justicia y además ha decretado un toque de queda hasta el 27 de agosto y prohibido las reuniones de más de tres personas en espacios públicos.

Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días, algo a lo que se ha acogido el presidente del país para justificar su decisión, en medio de las denuncias sobre un golpe de Estado.

En este sentido, la ONG Human Right Watch (HRW) ha advertido este miércoles que la toma de poderes de Saied amenaza los Derechos Humanos y la ha tildado de "una medida peligrosa que aprovecha la frustración popular".

"Resulta ominoso para los Derechos Humanos que un presidente reivindique el respaldo constitucional para hacerse con enormes poderes y que, acto seguido, la policía empiece a perseguir a los periodistas", ha declarado el director en funciones de Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch, Eric Goldstein, en referencia al allanamiento de la Policía de Túnez de la cadena Al Jazeera el pasado lunes y han indicado que las autoridades siguen bloqueando el acceso a los periodistas a la sede del medio.

También la ONG se ha referido al anuncio de Saied de despojar de la inmunidad a los miembros del Parlamento, para considerar que "estas medidas amenazan la integridad del sistema judicial tunecino".

"Cualquier restricción tan drástica de los derechos fundamentales debe ser limitada y estar claramente justificada como necesaria para hacer frente a una verdadera emergencia, y estar sujeta a revisión judicial", ha alertado HRW.

La decisión de Saied llegó después de la jornada de protestas del domingo las principales ciudades del país contra la gestión del Gobierno de Mechichi de la crisis sanitaria y la económica, ahondada aún más por la pandemia del coronavirus.