La Junta de Castilla y León y 23 asociaciones e instituciones exigen al Gobierno central que dé marcha atrás en su intención de subir el IVA de las bebidas azucaradas del diez al 21 por ciento, prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, y la retirada de la campaña #El Azúcar Mata, impulsada por el Ministerio de Consumo, y que ha generado tanta polémica al comparar al producto remolachero con un cigarrillo.

En una imagen de unidad, a pesar de celebrarse de forma telemática por las restricciones de la covid, el consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, fue el encargado de leer algunos de los puntos, suscritos por productores del sector, patronal, sindicatos, organizaciones agrarias, industria alimentaria, de distribución y ayuntamientos de la Comunidad, entre otros. Carnero califica ambas iniciativas del Gobierno como «improcedentes, inoportunas y seriamente perjudiciales» tanto para el canal Horeca como para el desarrollo económico y social del medio rural.

El manifiesto, que deja claro que el 85 por ciento de las 500.000 toneladas de remolacha producidas en España se recogen en la Comunidad, se ha envíado a los ministerios de Hacienda, Consumo y Agricultura, Pesca y Alimentación, si bien al titular de este último, Luis Planas, ya se le ha remitido una carta para explicar las razones.

El texto rechaza de plano el incremento del IVA por el «impacto negativo que tendría en este sector», e insta a la eliminación de esta propuesta antes de la aprobación definitiva de los Presupuestos del Estado, que se encuentra en tramitación parlamentaria, según informa Ical.

Carnero abundó en el «daño» que produce cualquier subida de impuestos, pues «desincentiva el consumo de los productos sobre los que recae». En este caso, el incremento del IVA podría suponer pérdidas de valor añadido bruto de entre 110 y 344 millones para la agroalimentación nacional, según un estudio elaborado por PwC, un impacto que soportaría sobre todo el sector agrario y el industrial, aunque también el transporte, la distribución y la restauración. De hecho, el propio proyecto de presupuestos habla de que la subida a las bebidas azucaradas es el 18 por ciento de todo el incremento impositivo contemplado en las cuentas, indicó el consejero.

El documento suscrito muestra un «firme rechazo» a la campaña #El Azúcar Mata, puesta en marcha por el Ministerio de Consumo contra el azúcar, y que compara este alimento con el tabaco. Por ello, le insta a su paralización inmediata.

Todos los firmantes se oponen a la «demonización, sin argumentos contrastados y consistentes, de cualquier alimento», incluido el azúcar, y solicita la realización de campañas informativas sobre el consumo responsable de alimentos y hábitos saludables.

Un punto que destacó especialmente el consejero delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero, quien subrayó la «unidad» del sector y confió que «tenga sus consecuencias». «Todo el mundo de la alimentación está alineado en el mensaje de que no hay alimentos buenos y malos», reiteró. En la misma línea, el presidente de Acor, Justino Medrano, alabó la importancia del manifiesto y añadió que en un contexto de crisis «el impuesto a las bebidas no tiene sentido». Mientras, Paco Fernández, de Fica UGT, reclamó una rectificación al Gobierno y apuntó: «No podemos permitir que nos machaquen y criminalicen».

Los firmantes

Además de la Junta, los firmantes del manifiesto fueron las empresas transformadoras Acor y Azucarera; los ayuntamientos de La Bañeza (León), Miranda de Ebro (Burgos), Olmedo (Valladolid), Toro y Benavente (Zamora); las organizaciones agrarias Asaja, UPA-COAG y UCCL; Cooperativas Agroalimentarias de España; Urcacyl; la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB); y Vitartis.

A ellas se suman las asociaciones de empresas de distribución ACES, Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), Asucyl (Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León), Agfae (Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España), Anfabra (Asociación de Fabricantes de Refrescos de España), la patronal autonómica Cecale y los sindicatos CCOO y UGT.