El Juzgado de lo Penal bis ha dejado visto para sentencia el juicio contra cinco hombres y una mujer que estaban acusados de haber cometido 32 robos en viviendas y establecimientos de la urbanización en la que residían en Marugán. Recibirán penas que oscilan entre dieciocho meses y dos años de prisión tras el pacto alcanzado con la Fiscalía, rubricado por todos menos uno de quienes se sentaban en el banquillo, cuya defensa solicita la libre absolución.
Este procedimiento tiene su origen en la operación ‘Acacia’, dirigida por la Guardia Civil y que permitió en 2013 desarticular una organización criminal que sembró la alarma en la urbanización ‘Siete Fuentes’, en Marugán. En el marco de las investigaciones llegaron a ser detenidas diez personas de entre 19 y 41 años y nacionalidad española por la comisión de al menos 48 delitos de 2010 a 2013. También se decomisaron en ese momento 400 plantas de marihuana.
Los delincuentes eran arrendatarios habituales de casas de este área residencial formado por 3.000 parcelas y viviendas unifamiliares que en su mayoría son utilizadas por sus propietarios como segunda residencia. Aprovechaban el conocimiento de la zona y la ausencia de los dueños de los domicilios para robar todo tipo de efectos. En los registros realizados en siete viviendas de Marugán y Muñopedro, los agentes de la Guardia Civil hallaron decenas de herramientas, útiles de jardinería, artículos de imagen y sonido, armas, electrodomésticos, bicicletas, radiadores y juguetes, entre otros objetos.
Cinco de los detenidos eran menores de edad cuando cometieron los delitos, que posteriormente fueron investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva. La celebración de la vista oral se ha demorado seis años, lo que ha propiciado que se aplique a los acusados la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Finalmente se han sentado en el banquillo seis personas, aunque una de ellas pidió asistir a la vista oral por videoconferencia desde Madrid debido a su falta de recursos económicos para poder viajar hasta Segovia.
Al no haber alcanzado todos los procesados un acuerdo con la Fiscalía, el juicio se ha tenido que celebrar. Lo ha hecho en dos sesiones en las que, además de quienes se sentaban en el banquillo, también han declarado testigos, agentes de la Guardia Civil que participaron en las diligencias y algunos de los afectados por los robos. Para los investigadores policiales, los ladrones se beneficiaban de la impunidad que les confería la cercanía de los domicilios objeto de los robos y sus propias casas, donde almacenaban los efectos. Esta circunstancia, junto a la ausencia habitual de los propietarios, dificultó la investigación, aunque finalmente llegó a buen puerto y permitió a la propia Comandancia devolver algunos de los efectos sustraídos a sus legítimos propietarios.
El acuerdo rubricado por cinco de los seis acusados con la Fiscalía supone el reconocimiento de los hechos y aceptar penas de prisión que en el caso de tres de ellos ascienden a dos años de prisión, y en el caso de dos, a dieciocho meses. Aunque su cumplimiento efectivo será suspendido. Sí que tendrán que hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de los delitos, que serán fijadas por la magistrada en la sentencia. El otro acusado se enfrenta a una posible pena de cárcel de cuatro años, aunque su abogada, Fuencisla Arévalo, confía en que sea absuelto por la ausencia de pruebas en su contra.