Segovia Central... y algo verde

D. A.
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La Ley de Cambio Climático perfila la declaración de una Zona de Bajas Emisiones en la ciudad antes de 2024 al estilo de Madrid Central, pero no fija requisitos mínimos como su extensión

segovia central y algo verde

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en el Congreso el 8 de abril y a la espera de su próximo visto bueno definitivo en el Senado, insta a crear unas zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes, al estilo de Madrid Central, que cuadran con el plan del Gobierno municipal de Segovia de cerrar el casco histórico al tráfico privado no residente, salvo excepciones. Como plazo marca «no más tarde de 2023», tal y como se preveía años atrás, cuando se inició la tramitación de esta iniciativa legislativa. Sin embargo, según trasciende ahora, en su texto no se concretan detalles básicos como el nivel de restricciones a aplicar o una extensión mínima del área restringida, lo cual da pie incluso a la hipotética posibilidad de homologar como zona de bajas emisiones la Plaza Mayor y la treintena de calles aledañas que ya se cerraron en 2007. Y en ese aspecto, la futura Segovia verde que fomentará la prometedora ley aún se queda también algo verde, en el otro sentido, por la indefinición de ‘Segovia Central’. 

Cierto es que la idea del equipo de Gobierno no es dejar el centro como está, dado que cuenta desde 2008 con un plan de movilidad (desfasado y pendiente de un compromiso de actualización en este ejercicio) donde el área de tráfico restringido se amplía a todo el recinto amurallado. Pero, en la práctica, siguen pasando los años sin que se tomen decisiones a pesar de que el PSOE sostiene que barajaba la previsión de aplicar la controvertida medida entre 2020 y 2021, antes de que la pandemia lo alterase todo. Toda una paradoja cuando ha sido precisamente el coronavirus lo que ha llevado a acelerar las políticas de desarrollo sostenible en casi todo el mundo, sobre todo, en materia de movilidad y transporte; mientras el Gobierno municipal teme por el impacto social de esta medida, dada la falta de un consenso más amplio.

Una década larga ha pasado también desde que empezara a hablarse de la necesidad de aprobar una Ley de Cambio Climático llamada a amparar o fomentar grandes cambios sociales. Plasma sobre papel los objetivos de recorte de emisiones y una batería de medidas para alcanzarlos en ámbitos como el transporte, el inmobiliario o la producción de energía. Reafirma el ya irreversible proceso de descarbonización del planeta, expresión que va a sonar cada vez más familiar y que alude a la paulatina erradicación del uso de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón, fundamentalmente) para reducir las emisiones de efecto invernadero (los que no puede absorber la Tierra sin evitar el calentamiento global) y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Abruma esta ley al apuntar que la transición energética «permitirá movilizar más de 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030»; que el Producto Interior Bruto de España crecerá entre 16.500 y 25.700 millones cada año; o que el empleo neto «aumentará entre 250.000 y 350.000 personas al final del periodo». Y promete solvencia cuando se presenta en su preámbulo como un instrumento para canalizar los fondos europeos de recuperación. 

De hecho, el Gobierno se obliga a elaborar un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana en los primeros seis meses de vigencia cuando, en paralelo, ha anunciado casi 7.000 millones de Europa con ese mismo fin. Igual que también acaba de lanzar a principios de abril el Plan Moves III, con ayudas para la compra de coches eléctricos e instalación de puntos de recarga.

A partir de 2040 recoge la ley que ya no se podrán vender coches nuevos que emitan CO2, poniendo así fecha de caducidad a los de gasolina, diésel o incluso híbridos. Las gasolineras deberán instalar puntos de recarga eléctrica (las nuevas desde la entrada en vigor de la norma y la mayoría de las veteranas, según su volumen de negocio, entre 21 y 27 meses después como máximo); y también se fomentará su ubicación en edificios (obligatoria en los nuevos, y de forma progresiva en los viejos). Lo que suceda realmente está por verse, en cualquier caso; y cómo se adopta a escala local, también.

ECONOMÍA. «A la espera de que el Senado dé el visto bueno y de si hay modificaciones o no, es una ley compleja que tenemos que seguir estudiando en su desarrollo concreto», opina el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega. «Indudablemente, el objetivo al que se dirige, cumplir con nuestros compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático para alcanzar antes de 2050 la neutralidad climática, está muy asociado a la línea de transición ecológica que se prima en la distribución de los fondos europeos», y en ese sentido, desde FES se aprecia «una oportunidad para avanzar con el apoyo de la UE». «Nos consta que ya hay muchos proyectos presentados o en elaboración que se dirigen en esta línea, sobre todo en materia de movilidad sostenible», y la propia patronal provincial recalca que «la sostenibilidad no es una opción, sino la garantía de supervivencia para las empresas».

«En cuanto a la repercusión de la nueva ley en la actividad empresarial en la provincia, aún nos falta información sobre qué medidas concretas deben abordar las empresas, teniendo en cuenta que en el texto se cita expresamente a las de mayor tamaño, que no son las que abundan en nuestro tejido productivo», continúa Ortega. Por un lado, lamenta «que pueda suponer una nueva carga administrativa y de burocracia» para la actividad de las empresas, aunque subraya que comparten «los objetivos de neutralidad climática y reducción de la huella»; pero, por otro, valora que si esta ley facilita el impulso de proyectos financiados con fondos europeos, «puede suponer una gran oportunidad para crear empleo, desarrollo industrial sostenible y reactivar el ámbito rural».

«Todos debemos hacer un esfuerzo en la lucha contra el calentamiento global, pero evidentemente muchos sectores necesitarán de ayuda para poder adaptarse a la nueva normativa», coincide en destacar el presidente de la Cámara de Comercio de Segovia, Pedro Palomo, quien, además, pone el foco especialmente en la necesidad de ampliar la red de puntos de recarga para que crezca a más ritmo la demanda de coches eléctricos. En la línea de lo que apuntaban a El Día los concesionarios segovianos consultados tras la puesta en marcha del Plan Moves III. «Y Los fondos Next Generation, si siguen las pautas anunciadas -uno de sus ejes es la transición verde-, pueden constituir sin duda una excelente ayuda para lograr la reducción del 23% de las emisiones en 2030».

El concejal de Medio Ambiente, Ángel Galindo, por su parte, aprecia la inminente aprobación de la nueva ley como «un avance histórico por ser la primera que aborda en España una amenaza global como el cambio climático, aunque es verdad que podría ser más ambiciosa». «Hay colectivos (sobre todo ecologistas) que no están conformes, que entienden que llega tarde y es insuficiente», añade. «Eso lo compartimos desde IU, pero quiero pensar que se trata de un punto de partida», dado que además hay previsiones de revisión al alza de los objetivos marcados a partir de 2023, y contando con que el texto se redactó antes de que pudiera estimarse el impacto de los fondos europeos anunciados a raíz de la crisis sanitaria.

«Nosotros siempre hemos defendido que la lucha contra el cambio climático no se puede limitar a la reducción de gases de efecto invernadero, sino que se tiene que abordar un cambio profundo en lo económico, en lo político y, en general, en todo lo relativo a los modos de vida que tenemos», prosigue Galindo. «Hablamos de una transición ecológica con Justicia social, que es lo que han reivindicado los movimientos ecologistas y sociales durante tanto tiempo. Y que se genere empleo verde en transición hacia actividades laborales respetuosas con el medio ambiente».

MOVILIDAD. En cuanto a la movilidad, «está claro que puede ser lo que más repercuta en las ciudades y también va en la línea de nuestra apuesta: más transporte público, menos coches, favorecer el uso de la bici, espacio para el peatón…», y la creación de zonas de bajas emisiones en las ciudades como paradigma del nuevo concepto. «Puede ser lo más relevante, aunque no marca unas pautas y eso sí que se echa de menos», constata. «Al no fijarse mecanismos específicos que sirvan de guía a los consistorios, dependerá de cada Gobierno municipal si la transformación del área urbana es más o menos ambiciosa».

En el caso de Segovia, la zona de bajas emisiones queda ligada al plan de restricción del tráfico en el casco histórico, cuya competencia recae sobre la Concejalía de Tráfico, Transporte y Movilidad, gestionada por el PSOE, aunque también Medio Ambiente tenga voz. «En todo caso, Izquierda Unida lleva más de una década defendiendo este plan y por falta de voluntad política nuestra no será. Tenemos claro que hay que abordarlo ya», subraya. 

¿Y la circulación de coches eléctricos, por cierto, tendría cabida para IU como excepción dentro de un casco histórico cerrado al tráfico privado no residente? «Sería algo a valorar, pero tampoco podemos olvidar que el objetivo de la restricción del tráfico en el centro, en el caso de Segovia, no sólo tiene que ver con la contaminación, sino con la propia reducción general del tránsito y la protección del patrimonio», matiza.

VIVIENDA. Por otro lado, la ley del cambio climático, a través del plan de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, impulsa el nuevo modelo de desarrollo urbanístico hacia el que se vuelve a tender: «La eficiencia energética es fundamental para los parques urbanos existentes», explica la concejala de Patrimonio Histórico y Urbanismo, Clara Martín. En la planificación actual ya no caben las promociones alejadas de los cascos urbanos, que «no son eficientes por los costes de mantenimiento de los servicios para densidades de población muy bajas». «Ahora se tiende a rehabilitar las ciudades ya construidas, hacerlas eficientes, accesibles y cómodas para el ciudadano, y los desarrollos urbanos nuevos, más en la línea de lo que es Nueva Segovia, por ejemplo, donde se combinan unifamiliares y bloques con grandes espacios libres».

La presidenta del Colegio de Arquitectos de Segovia, Susana Moreno, por su parte, recuerda que el marco legal vigente desde 2015 ya exige que en los aparcamientos de los edificios de viviendas de nueva construcción se incluya una preinstalación de cableado que permita la futura colocación de puntos de recarga para los coches eléctricos. «Está en borrador una nueva modificación del CTE (Código Técnico de Edificación) que concretará más sobre la obligación de colocar puntos de recarga, pero aún no está aprobada», añade. 

La misma ley de cambio climático remite en su texto al CTE, por lo que Moreno entiende que la iniciativa del Ministerio no aporta por sí misma grandes novedades para su sector, que además ya tiende «desde hace tiempo» a la eficiencia energética. «Está en condiciones de hacer que los nuevos edificios prácticamente no consuman nada, ni siquiera calefacción. Pueden ser en torno a un 20% más caros de construir que los convencionales, pero se amortizan en poco tiempo», destaca. Por descontado, valora también la rehabilitación de los ya construidos para favorecer ahorros de consumo de hasta un 80%, y en ese sentido ayudará el programa de subvenciones para rehabilitación que incluye el plan de reconstrucción con fondos europeos, relacionado a su vez con el plan de viviendas y regeneración urbana que contempla la Ley del Cambio Climático para elaborarse en los seis meses posteriores a la entrada en vigor. Pero ahora toca resolver el trámite de aprobación en el Senado; y después, la ‘transición’ del texto legal a los hechos a pie de calle.