La Audiencia Nacional ha ratificado su competencia para juzgar al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y los que fueran jefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, por los delitos de rebelión por los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017 y en el referéndum ilegal del 1 de octubre. La intendente Teresa Laplana también será juzgada por sedición. 

En una sentencia, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional han desestimado así el recurso planteado por César Puig, al que se adhirió Pere Soler, contra el auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal del pasado 22 de febrero que confirmó su competencia para enjuiciar los hechos. Los acusados pedían trasladar la causa a Cataluña y alegaban que los delitos de rebelión y sedición no fueron incluidos por el legislador entre las materias atribuidas a la Audiencia Nacional. La Sección Primera, que preside la magistrada Concepción Espejel, respondió en febrero que sus atribuciones no quedan limitadas a los delitos cometidos por bandas armadas o terroristas. 

Sin entrar a considerar la veracidad o no de los hechos y sin recordar el juicio por el procés independentista que se ha celebrado en los últimos meses en el Tribunal Supremo, los magistrados de Apelación hacen suyos ahora los "muy acertados y fundados" argumentos expuestos con "enorme profusión" en la resolución de la Sección Primera y replican que la competencia legal para enjuiciar presuntos delitos de rebelión sí es de la Audiencia Nacional. 

La Fiscalía pide para el mayor Trapero 11 años de prisión y otros 11 de inhabilitación absoluta, los mismos que para el exsecretario general de la Consejería de Interior catalana, César Puig, y el exdirector de los Mossos, Pere Soler. 

A todos ellos se les considera "mandos subalternos" de la rebelión por su supuesta responsabilidad en los incidentes durante la celebración del referéndum ilegal. En el caso de Teresa Laplana, el fiscal solicita 4 años de prisión por un delito de sedición en relación a los hechos ocurridos la noche entre el 20 y 21 de septiembre durante la concentración frente a la Consejería de Economía de la Generalitat durante un registro judicial.