A una sola carta se jugará el equipo municipal de Gobierno (PSOE) la aprobación de las cuatro inversiones que considera prioritarias para este año: pagos de sentencias por expropiación de terrenos, los proyectos más votados en los presupuestos participativos (el ascensor de la calle Gascos y obras menores), la rehabilitación de un tramo de la muralla y la finalización de las obras del edificio del CAT. O saca adelante las cuatro inversiones en el pleno del próximo 1 de febrero o ninguna, ya que ha decidido presentarlas en bloque (como una sola modificación presupuestaria) y necesita al menos un voto de abstención de alguno de los trece concejales de la oposición.

Si el PSOE hubiera optado por presentar las cuatro inversiones por separado, motivando así cuatro votaciones, no tendría problemas para aprobar tres, pero no. Incluye todas en un mismo lote donde el CAT figura como la cuarta en discordia, que por un lado debería tener el apoyo de Ciudadanos si se tiene en cuenta cómo ha defendido este proyecto en los últimos años, sobre todo en el debate por los presupuestos de 2018, cuando demandaba «visión de futuro» al resto de la oposición para acabar el edificio y acoger empresas. Pero, por otro lado, la formación naranja, alejada del PSOE desde el pasado verano precisamente «por el incumplimiento del acuerdo de presupuestos de 2018», entre otros motivos, exige más documentación del CAT para seguir apoyándolo. PP, Centrados e IU ya criticaron el año pasado que se aprobara una partida de 500.000 euros para reanudar las obras del CAT y los dos primeros grupos siguen firmes en su rechazo, pero IU aún no ha dicho que no esta vez. Al menos de momento, consciente de que ahora hay un contrato de por medio con una empresa trabajando desde diciembre, y que el Ayuntamiento se metería en problemas si hubiera que parar las obras por falta de liquidez.

Recapitulando, a esta próxima votación se llega después de que la alcaldesa, Clara Luquero, confirmara el 17 de enero la renuncia a intentar aprobar unos presupuestos específicos de 2019 por falta de apoyo de la oposición. Las cuentas de 2017 y 2018 las sacó adelante gracias a que Cs se abstuvo, pero esa baza ya la había perdido de cara a 2019. Y en esas circunstancias, el PSOE se ha limitado a cubrir el expediente con una ronda única de reuniones con cada grupo de la oposición para presentarles un resumen de dos folios con una propuesta de cuentas que, en realidad, ya parecía papel mojado desde el principio. Básicamente, según reiteraba Luquero este pasado jueves, porque no han visto «receptividad» en el resto de grupos.

Así, con los presupuestos de 2018 prorrogados por este motivo, la actividad ordinaria del Ayuntamiento no se ve afectada, pero para financiar inversiones que no tengan partidas específicas ya contempladas en las cuentas del año pasado hay que tramitar modificaciones presupuestarias que además deben pasar por pleno, y en ello está el PSOE.

El concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Socialista, Jesús García Zamora, preguntado por El Día, aún se inclinaba el 17 de enero por presentar esas modificaciones presupuestarias por separado, pero ya no. «Entonces la decisión aún no estaba tomada y al final hemos optado por presentarlas en bloque», matizaba esta semana, de nuevo preguntado por este periódico. ¿Pero por qué presentan todas las inversiones en bloque? «Desde un punto de vista técnico, es mucho mejor hacerlo así para no tener que preparar cuatro o cinco informes distintos», explicó García Zamora. ¿Y si la oposición tumbara todas porque no apoya el CAT? ¿Merece la pena exponerse a que una partida discutida arrastre a las demás? ¿Presentaría el PSOE cada inversión por separado en el siguiente pleno, demorando todas un mes? «Vamos partido a partido, como dice el Cholo», añadió.

No obstante, aunque la decisión se atribuya oficialmente a cuestiones técnicas, de forma buscada o no supone un órdago a la oposición, que para rechazar el CAT pagaría como peaje político el freno a otras inversiones que en realidad sí apoya.

Las inversiones. La oposición no supo que el PSOE presentaría las modificaciones en bloque hasta que el pasado martes recibió la convocatoria de la comisión de Hacienda que se celebrará este próximo lunes. Ahí se dará cuenta de los asuntos de esta área que van al siguiente pleno, y en el punto 4 del orden del día figura la controvertida «propuesta de modificación presupuestaria, mediante crédito extraordinario, para afrontar diversas inversiones» que suman 4.340.137,60 euros. 

Dentro de esa cantidad está el «cumplimiento de sentencias en materia de adquisición de terrenos» con 769.991,14 euros, tal y como recoge la convocatoria. Defendía el PSOE hace un año, en su discurso de presentación de los presupuestos de 2018, que esas cuentas ya reflejaban «un cambio de ciclo» hacia un «futuro esperanzador». Pintaba ya un horizonte «sin incertidumbres legales», como si los pagos de sentencias ya se acabaran ese ejercicio, a pesar de que entonces ya se sabía que también limitarían las inversiones de 2019. De hecho, en 2018 se destinaron algo más de tres millones a pleitos, y en este nuevo ejercicio, a la partida citada de 769.991,14 euros se suma otra de 1,2 millones, aproximadamente, que va en otro capítulo presupuestario y se debe a intereses de demora de los pagos de las mismas sentencias. En total, casi dos millones con cargo a 2019 por correcciones judiciales al alza de los precios abonados en su día por las expropiaciones de unos terrenos en San Lorenzo (donde la Junta construirá el futuro instituto Ezequiel González) y del talud de Padre Claret (por el parking). La partida de 769.991,14 euros, en concreto, se debe a la parcela denominada Casa de Guardas, la del futuro instituto, y se encuadra en el capítulo de inversiones reales por tratarse de un gasto directo en adquisición de terrenos, mientras la de casi 1,2 millones va en otro capítulo por tener como destino los pagos de intereses.

La segunda partida que se cita, dentro de la propuesta de modificación presupuestaria, es la del «compromiso adquirido con la ciudadanía a través de los presupuestos participativos», 600.000 euros: 480.000 para financiar la construcción de un ascensor en la calle Gascos que salve el desnivel con Vía Roma, el proyecto que más apoyo ciudadano recabó en la jornada de votaciones del pasado 10 de noviembre; y el resto, para obras menores en barrios que también fueron votadas aquel día.

La tercera partida corresponde a «la parte municipal en la cofinanciación del proyecto de rehabilitación de la muralla, por ayuda concedida para tal fin por el Ministerio de Fomento (478.410,00 euros)». Así se recoge en la convocatoria de la comisión de Hacienda, aunque por ahora lo que hay de este proyecto es una solicitud de subvención estatal, con cargo al programa del 1,5% Cultural, que oficialmente no está aprobada aún. No obstante, sus bases establecen que el Ayuntamiento, como solicitante, debe reservar de antemano la cantidad que tendría que poner si se le concede para restaurar, concretamente, el tramo situado a la altura del hospital de La Misericordia (actual Recoletas).

«Y por último», según se añade en la convocatoria de la comisión, va la partida «para dotar del crédito necesario a que obliga la existencia de contrato adjudicado para las obras del edificio Emprendedores-CIDE», que asciende a 2.491.736,46 euros, el 57% de este lote de inversiones. En el CAT se centra toda la discordia porque hace años que se convirtió en el arma arrojadiza más recurrente en el Ayuntamiento. Bajo esas siglas se han invertido ya más de 24 millones y lo más visible de ese gasto es el CIDE, aunque a este edificio le corresponde algo menos de la mitad de esa cantidad, mientras el resto se ha ido en ayudas para atraer empresas, anteproyectos, pagos de intereses o la devolución anticipada del préstamo que concedió el Gobierno al Ayuntamiento, retirado después por los retrasos en el fin de esas obras al quebrar Volconsa.

Centrados en Segovia ya ha advertido en reiteradas ocasiones, y lo volvía hacer esta semana su portavoz, Cosme Aranguren, que nunca apoyará invertir en el CAT «sin garantías por escrito» de las empresas que prevén alojarse allí, «y menos habiendo otras prioridades».

El PP no sólo no piensa apoyar estas inversiones, sino que el miércoles anunció su portavoz que presentarán una moción en el próximo pleno para reclamar que el equipo de Gobierno haga unos presupuestos completos, ya que este grupo, como el resto de la oposición, cree que el PSOE no ha intentado realmente consensuar las cuentas. 

El portavoz de IU, Ángel Galindo, por su parte, asegura que su partido no ha tomado ninguna decisión aún, aunque cree que «son el PSOE y Cs los que aprobaron que se reanudaran las obras del CAT en 2018 y deberían ser consecuentes con ello». Pero la portavoz de Cs, María José García, anunciaba el miércoles que han pedido por escrito «toda la documentación del CIDE para poder estudiar y realizar un posicionamiento». Quiere que el PSOE «facilite a todos los grupos la justificación de la ejecución de los 500.000 euros destinados en los Presupuestos de 2018»; el Plan Económico y Financiero de viabilidad del CIDE, «al que se comprometió en numerosas ocasiones en los últimos años»; y «tener acceso a los compromisos reales firmados por las empresas que se dieron a conocer (como futuras inquilinas) en la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento el 12 de diciembre». En resumen, un órdago de Cs frente al órdago del PSOE; y en medio, el CAT junto con 1,8 millones más para otros proyectos en el mismo alambre.