El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Segovia contra una sentencia del Contencioso Administrativo que le condenó a costear la reparación de un tramo de tubería de abastecimiento que había cargado sobre los vecinos de un edificio de San Lorenzo. Acuerda la inadmisión a trámite del recurso por considerar que no se ha justificado su pronunciamiento en esta causa y le impone las costas con un límite máximo de 1.000 euros. Una cuantía menor, pero motivada por una resolución judicial de consecuencias importantes.
El caso sienta precedente porque, de entrada, ha obligado al Ayuntamiento a cambiar definitivamente su criterio ante este tipo de averías, ya que venía cobrando las que se localizaban en los ramales que unen la red general y las instalaciones interiores de los inmuebles; y además, le expone al riesgo de que otras comunidades de vecinos sigan los pasos de la que decidió litigar en San Lorenzo hasta recuperar los 1.600 euros de coste de ejecución subsidiaria de reparación que se le habían pasado.
De hecho, el abogado que ganó el contencioso, José Miguel Labrador, advierte que «esta sentencia puede suponer que se abra la vía para que personas que hayan pagado por estas averías en los últimos cuatro años inicien un procedimiento administrativo como declaración de ingresos indebidos con carácter retroactivo». Es decir, que reclamen la devolución de lo pagado, y no son pocas las averías de este tipo que hay. En el Ayuntamiento no llevan la cuenta exacta, pero «igual un mes no tienes ninguna y otro vienen cuatro», señala la concejala de Obras, Paloma Maroto. De hecho, en el recurso ante el Supremo ya se hacía constar que la resolución del Contencioso «incide sobre un gran número de situaciones análogas».
Cambio de criterio. Fue en noviembre de 2018 cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia invocó sentencias precedentes y normativa estatal vigente para concluir que el Ayuntamiento no sólo es responsable de la red general, sino también de los ramales que llevan el agua hasta los edificios. Como mínimo hasta la llave de paso, concebida como el punto de unión entre la instalación interior y la red municipal, aunque la sentencia no acaba de dejar claro ese límite. Por un lado, el juez cita la llave de paso como referencia; pero, por otro, al argumentar por qué esa acometida debe costearla el Ayuntamiento, señala que, si se hiciera responsable al particular, se estaría exigiendo la conservación y mantenimiento «a quien no tiene posibilidad de acceder a la misma por estar situada en la vía pública y ser el Ayuntamiento o la empresa que gestiona el servicio los únicos que pueden abrir zanjas, revisar tuberías y enlaces, y cambiar según su criterio las que se encuentren en peor estado». ¿Pero qué pasa entonces con los tramos que discurren por vía pública pese a estar justo después de la llave de paso? El Consistorio, por ahora, se queda con la interpretación de aplicar como nuevo criterio la asunción de los costes de reparación de las acometidas que van de la red general a las llaves de paso, pero no ese otro tramo posterior. Puede parecer un detalle menor, pero el pasado mes de abril, por ejemplo, cuatro bloques de viviendas del camino de la Presa sufrieron una avería que se hizo notar por la enorme balsa de agua que provocó en Vía Roma, y precisamente la rotura se localizó en esa parte de tubería, ya que tienen la llave de paseo casi a la altura de una rotonda de la avenida.
El abogado que ganó el contencioso que ha motivado este cambio de criterio opina que la sentencia de noviembre de 2018, efectivamente, «puede dejar alguna duda, pero también la presunción de que todo lo que discurra por vía pública sean instalaciones públicas».
El Ayuntamiento, por otro lado, podría plantearse crear una nueva tasa para ampliar los ingresos con los que se financien estas reparaciones con las que no tenía que contar hasta hace pocos meses. «De momento, con el nuevo criterio de asumir las reparaciones hasta la llave de paso, lo estamos haciendo con medios propios y sin cambios», explica Maroto, «y si al final hubiera que asumir más costes por toda la parte de tuberías que discurra por vía pública, deberá ser la siguiente Corporación la que tome la decisión de crear o no una tasa que sí que es cierto que ya existe en otros ayuntamientos».