Después de conseguir superar ayer la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, al futuro Ejecutivo le queda un duro trabajo por delante de negociaciones y acuerdos: tiene que garantizarse los votos para los Presupuestos Generales del Estado 2020, claves para que la Legislatura siga adelante.

Así, la primera tarea del nuevo Gabinete progresista será dar cuenta del límite de gasto no financiero o techo de gasto para este año, base para la elaboración de las Cuentas, y al que acompañarán los objetivos de déficit y deuda pública para los próximos años, que tendrán que ser votados en las Cortes. La nueva senda de déficit irá junto a los Presupuestos del próximo año y fuentes del todavía Ministerio de Hacienda en funciones señalaron que la enviada a Bruselas será previsiblemente modificada al alza para hacerla más flexible, ya que estaba vinculada a unos PGE prorrogados.

El Gobierno ve factible cerrar 2019 con un déficit público del 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), aunque se hace más difícil cumplir con el 1,1 por ciento para 2020 y con el 0,4 para 2021 que marcan las instituciones europeas.

De hecho, dos de las medidas que pretende poner en marcha el nuevo Ejecutivo de forma inmediata -subir las pensiones el 0,9 por ciento y aumentar un 2 por ciento el salario de los funcionarios- tendrían un impacto de entre 4.800 y 6.000 millones de euros e incrementarían la deuda pactada.

Y es que, pese a que el déficit nominal está encarrilado, Bruselas hace hincapié en el déficit estructural, donde España tiene que acometer un ajuste del 0,65 por ciento del PIB, unos 7.600 millones de euros, este año y el próximo.

Desde el PSOE insistieron en que, en cuanto el Gobierno deje de estar en funciones, se pondrá «de forma inmediata con los PGE», puesto que la negociación con otras formaciones aún no ha empezado. «Queremos traerlos pronto. Llevamos ya mucho tiempo con los de Montoro prorrogados y ya urge. Hay que plasmar el nuevo programa de Gobierno y lo vamos a intentar», incidió la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.

Así el primer debate presupuestario en el Pleno de la Cámara Baja se antoja complicado. Tanto el PP, como Cs o Vox no son partidarios de relajar las metas de déficit ni de aumentar el gasto público.

Para aprobar la nueva senda fiscal, se tendrá que recabar, al menos, los apoyos de la investidura de Sánchez. Y negociarlos no solo en el Congreso, sino también en el Senado, ya que los socialistas perdieron la mayoría absoluta que habían logrado en la Cámara Alta el 28 de abril, en las elecciones del 10-N.

El PSOE no logró cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar el veto que pone el Senado a los objetivos de déficit y que impide que el debate vuelva al Congreso en caso de ser rechazados. Si finalmente es superado el trámite del techo de gasto y la ratificación de los nuevos objetivos, al Ejecutivo le tocará presentar el anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2020 para poder iniciar un trámite que suele prolongarse tres meses y que podría durar hasta finales de marzo o principios de abril, fecha en la que el Gobierno debe mandar a Bruselas su Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas.

Exigencias variadas 

El primer debate presupuestario a superar en el Hemiciclo será el de las enmiendas a la totalidad, que abrirá la verdadera fase negociadora de las Cuentas (la de las enmiendas parciales) sobre todo con los partidos regionalistas.

El PNV urgirá cumplir con los compromisos adquiridos en los PGE de 2018 -como por ejemplo avanzar en la Y vasca o en inversiones industriales-. Ya en el acuerdo de investidura firmado con Sánchez señala la «urgente, firme y decidida» necesidad del Tren de Alta Velocidad (TAV).

El BNG pedirá mejoras en infraestructuras y el PRC Cántabro centrará sus premisas en el AVE a Cantabria o en la financiación del hospital de Valdecilla y el polígono de La Pasiega.

Compromís también ha arrancado al Gobierno compensaciones económicas para Valencia mientras no se defina un nuevo sistema de financiación en el plazo de ocho meses así como un compromiso firme con la dependencia, al tiempo que ha firmado aumentar inversiones en aeropuertos y puertos.

La aprobación definitiva de los Presupuestos requiere de mayoría simple, salvo que sean vetados por el Senado y deba levantarse el impedimento con mayoría absoluta (o simple en el plazo de dos meses).

Solo los votos del PSOE, Unidas Podemos y ERC suman 168 escaños, mientras que, si se añaden los del PNV, aumentarían a 174, a lo que se podrían incluir los apoyos regionalistas que ayer votaron a favor de la investidura de Sánchez.