Sin ninguna duda, 2021 va a ser un año que los profesionales del campo tardarán en olvidar. Inexplicable quizá sea un buen adjetivo. Picos de precio históricos en sectores como el cereal que se han desvanecido debido al alza de los costes de producción; castigo inexcusable a otros como el de la leche, producto del que somos deficitarios; alabanzas sin fin por parte de la clase política que se han quedado en poco más que eso, alabanzas; halagos por parte de una población a la que muchas veces le cuesta asumir que si quiere productos de calidad y de cercanía hay que pagarlos… Un año raro, en fin. Y en general muy mejorable. Al menos en ese sentido van los balances que han hecho las organizaciones agrarias más importantes del país, que, sin sorprender a casi nadie, han decidido dar un paso adelante con las movilizaciones, de las que ya llevaba meses habiendo un continuo goteo.
COAG, por ejemplo, ha calificado el año de «muy difícil». Inciden en que, a pesar de haber dejado claro que el sector es esencial para la economía y para la sociedad, se han visto castigados con un incremento brutal de los costes de producción que, en gran parte de las ramas productivas, «no se ha trasladado al precio de venta, dando como resultado una fuerte caída de la renta agraria por UTA, que alcanza el 6%, según datos del Ministerio». Además, este incremento de los costes «pone en riesgo la viabilidad económica de nuestras explotaciones. Es uno de los principales motivos que justifican la convocatoria de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias en unidad de acción y el lanzamiento de un SOS rural» ha señalado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.
«Estamos muy preocupados por la resistencia de los compradores a trasladar este vertiginoso aumento de costes a los precios de las producciones agrarias. Los operadores comerciales de la cadena se han fijado como objetivo la contención de precios al consumidor y el control de la inflación, todo ello a costa de las rentas de los hombres y mujeres del campo. Incluso cuando se producen las subidas de precios en los puntos de venta, en muchos casos no se reflejan en los precios percibidos por los productores. Todo ello está afectando ya al tejido productivo y prevemos que, si no se soluciona, puede haber recortes en la producción en 2022. Por último, señalar que la normativa obliga a los compradores a pagar los productos por encima del coste de producción, por lo que estaríamos asistiendo a prácticas fuera de la legalidad», ha subrayado Padilla.
UPA ha hablado de un ejercicio que comenzó con ciertas expectativas, con la recuperación de los precios de algunos productos, con un reconocimiento social y mediático importante, y que finalmente termina con protestas agrarias exigiendo, una vez más, respeto y precios justos.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias han calificado este incremento de costes como «la gota que colma el vaso para unas explotaciones agrícolas y ganaderas con rentabilidades ya muy ajustadas». En este sentido la organización hace hincapié en la situación del vacuno de leche y el porcino, aunque recuerda que, en el lado opuesto, ha sido un buen año para el cordero, que acaba 2021 con precios altos y haciéndose con la gran parte del mercado que Reino Unido ha dejado libre en Centroeuropa, y también para la leche de oveja y de cabra destinada a quesos.
Pedro Barato, presidente de ASAJA, ha lamentado que los productores sigan «sin poder repercutir» en los precios los costes «desorbitados» de los insumos y pide que se desarrolle finalmente la normativa que permita al regadío ahorrar energía con la doble tarifa eléctrica, más fondos de recuperación y más ayudas en maquinaria agrícola. A escala regional en Castilla-La Mancha y Castilla y León, esta organización también ha destacado el impacto de la subida en fertilizantes, energía, abonos o piensos; Donaciano Dujo, presidente en Castilla y León, ha mostrado su «preocupación, incertidumbre y miedo» por este asunto y ha asegurado que «sin una buena cosecha el próximo año y unos precios dignos los costes de producción serán más altos que el valor de producción».
Unión de Uniones, por su parte, ha puesto el foco en el encarecimiento de la electricidad, que ha ido a más a medida que pasaban los meses y que ha contagiado al gasóleo agrícola, a los piensos y los fertilizantes; es decir, a «más de las dos terceras partes de los insumos que necesitamos los agricultores y ganaderos». Respecto a este problema, la organización destaca que, en el castigado sector lácteo, se une a «una gran distribución que ejerce implacablemente su posición de dominio en los mercados e impone unos precios que no remuneran en absoluto el inestimable trabajo que realizamos», lo cual empeora las cosas.
La ansiada Ley de la Cadena Alimentaria es otro de los puntos que las organizaciones han valorado al hacer balance del año, aunque no todas tengan igual opinión del texto. Unión de Uniones ha señalado que su reciente aprobación supone un «cierre en falso». Consideran que esta reforma «ha sido una gran decepción. Unión de Uniones ha conseguido, al menos, que los agricultores y ganaderos no se vieran obligados por ley a firmar contratos en falso cuando no tienen capacidad de negociar sus precios. Pero, en nuestra opinión, la Ley ha salido con deficiencias importantes. La cacareada aprobación de la venta a pérdidas, que se ha vendido como el mayor logro de la Ley, es un sofisma, algo que aparentemente es verdad pero que dista mucho de serlo, porque condiciona su consideración como práctica desleal perseguible a lo que diga la Ley de Comercio Minorista… O sea, lo mismo que ya existía».
Desde ASAJA en Castilla-La Mancha, su secretario general, José María Fresneda, ha explicado que la última modificación de la Ley tiene buenos objetivos, pero se resume en prohibir la venta a pérdidas cuando lo que falta es un instrumento legal para calcular el coste de las producciones. «No queremos una ley que nos defienda de los bajos precios, sino leyes que defiendan nuestra producción». Cooperativas Agro-alimentarias denuncia que la norma «choca con la realidad de los mercados».
Sin embargo, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, ha calificado a aprobación de la reforma de esta norma como «un hito histórico». Y Miguel Padilla, su homólogo en COAG, ha admitido que «no es la solución definitiva, pero sí un avance muy importante» y ha aprovechado para reclamar «un control más activo por parte de las comunidades autónomas» y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). La organización ha querido incidir en la adopción de la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón, la creación de un registro digital de contratos, la inclusión en parte del canal HORECA, la mejora parcial de la figura del mediador y la potenciación del Observatorio de la Cadena. Y ha coincidido con Fresneda en la necesidad de calcular lo que cuesta producir mediante la actualización y agilización de los estudios de cadena de valor tanto por parte del mencionado Observatorio como de las comunidades autónomas.
La prohibición de la caza del lobo también levantó mucho revuelo desde el momento mismo de su anuncio por parte del Ministerio de Teresa Ribera. «Nos los han metido en corral», han denunciado desde Unión de Uniones en referencia a la orden que prohíbe controlarlos mediante la caza. Desde COAG han manifestado que «está en juego el futuro de la ganadería extensiva en nuestro país y el comportamiento del MITECO la ha dejado totalmente al margen y olvidada». José María Fresneda, de ASAJA Castilla-La Mancha, se ha quejado de la dependencia del sector no solo del lobo, sino también de otras especies como el conejo, las de caza mayor, los buitres o incluso los meloncillos, que están atacando al ganado en algunas zonas.
La PAC es el otro gran asunto de 2021. COAG ha considerado que «no es justa ni social y acelerará el proceso de desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones del campo español y europeo. El Plan Estratégico ha resultado decepcionante para nosotros, España desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario mayoritario en nuestro país. La definición de agricultor activo abre la puerta en la priorización de las ayudas a los perceptores que no ejercen una actividad agraria significativa, lo que perjudica a los agricultores cuyos ingresos provienen principalmente de esta fuente».
Para Cooperativas, el Plan Estratégico «genera mucho descontento por los exigentes objetivos marcados desde Bruselas y, en nuestro caso, por la oportunidad perdida de aprovechar la nueva PAC para reforzar la vertebración económica del sector». Dujo, de ASAJA Castilla y León, la ha definido como «una de las peores desde que España entró en la Unión Europea, que solo busca votos, beneficia a los no profesionales de las pequeñas explotaciones y que ha incluido ecoesquemas que van a reducir la producción y aumentar aun más los costes». Fresneda, su compañero en Castilla-La Mancha, ha apuntillado que «no podemos digerir que por culpa de interese políticos, de lobbies o de lo que sea, un agricultor de Castilla-La Mancha cobre cuatro veces menos haciendo lo mismo que otro. Otros países como Francia ya han aplicado una convergencia total. Esta PAC penaliza al agricultor profesional».
En la misma línea se ha explicado Unión de Uniones, que opina que esta PAC «no será para los profesionales». «En la última fase de la negociación, el Ministro ha usado la coartada del consenso para plantear una definición de agricultor activo beneficiario de las ayudas que va a corregir poco o muy poco los actuales desequilibrios en el reparto del dinero y deja al Plan sin margen para compensar a los profesionales de los perjuicios que les van a ocasionar algunos de sus mecanismos, como la convergencia o el recorte en el presupuesto de la ayuda básica».
COAG también ha abordado otros asuntos, como la desaparición de los aranceles impuestos por Estados Unidos, que ha valorado positivamente, aunque lamentando la persistencia del veto ruso.
Cuento (¿o pesadilla?) de Navidad.
Con motivo de las fiestas navideñas, UPA ha divulgado un interesante relato corto que pretende hacer ver hasta qué punto el sector agrario es esencial. La protagonista, en un mal sueño, comprueba cómo sería un mundo sin sector primario. El texto invita a reflexionar y plantearse si los ciudadanos de a pie hacemos todo lo que está en nuestra mano para dar el apoyo necesario a los agricultores y ganaderos.
El cuento completo se puede leer en la web de la organización (www.upa.es/upa/noticias-upa/cuento-navidad-2021/2021/4143/).
La mujer rural.
Sin duda, en 2021 la mejor noticia para las profesionales del sector agrario ha sido la inclusión de la perspectiva de género en la reforma de la PAC. Para la organización de mujeres rurales FADEMUR, que llevaba largo tiempo reivindicando este avance, «ha sido un logro que ahora tiene que materializarse en medidas y presupuesto reales». Para las agricultoras y ganaderas también ha sido un paso adelante la llegada, «por fin», de los incentivos a las explotaciones de titularidad compartida que ya había prometido la ley en 2011. Desde FADEMUR esperan que en 2022 el Ministerio de Agricultura vuelva a impulsar esta figura que actualmente visibiliza el trabajo de las mujeres en 924 explotaciones de España. Además, la organización pide que los Gobiernos de la Comunidad de Madrid e Islas Baleares «se tomen en serio» esta norma e impulsen «de una vez» sus registros en los que todavía no figura ni una sola explotación agraria.