Según ha informado IU, Elena García Gil, reclama 60.000 euros a Izquierda Unida, que actuó como acusación popular, y otros 60.000 a la Fundación Caja Segovia, que intervino como acusación particular, por entender que haber estado inmiscuida en este procedimiento judicial le ha perjudicado al derecho a su honor. El acto de conciliación se celebrará el día 9 de enero de 2020 en el Juzgado de Primera Instancia no 5 de Segovia. El coordinador provincial de IU Segovia, José Luis Ordóñez, acompañará este jueves al abogado Alberto López en ese acto, a las 10,15 horas.
Desde Izquierda Unida se ha manifestado en un comunicado que en los diferentes procedimientos penales en los que han estado personados, y que estaban relacionados con la gestión de numerosas personas en el seno de Caja Segovia, han visto indicios de delito Juzgados de Instrucción, la Audiencia Provincial de Segovia y diferentes partidos políticos, así como la inmensa mayoría de la sociedad segoviana, "pese a que por diferentes motivos, algunos de ellos especialmente graves (como la retirada sorpresiva de la acusación particular de la Fundación Caja Segovia sobre la base de un acuerdo todavía secreto), ha tenido lugar la absolución momentánea de muchos de los acusados, o el sobreseimiento en otro caso", ha matizado la formación política.
La personación y acusación mantenidas por Izquierda Unida, añade la nota, "no suponen que haya habido en momento alguno nada personal contra ningún ciudadano que haya tenido que rendir cuentas ante la administración de justicia con motivo de las decisiones que tomaban con ocasión del ejercicio de los cargos de enorme responsabilidad que tuvieron (...) entendemos que el hipotético daño que haya sufrido el honor de la señora García Gil o cualquier otra persona que se ha visto involucrada en diferentes procedimientos penales, y los que puedan surgir en el futuro, no tiene relación alguna con el ejercicio por parte de Izquierda Unida del legítimo derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, que permite a todos los ciudadanos ser amparados por los tribunales de justicia cuando consideran, como ha sucedido con varios casos en Segovia, que los derechos irrenunciables han sido atropellados".