La auditoría del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia no ha detectado ninguna ilegalidad, pero sí un cúmulo de deficiencias a nivel estructural y organizativo que lastran su eficacia. La llevó a cabo una empresa externa, Nuevas Ventajas S. L., durante más de tres meses entre finales del año pasado y principios de este, aunque debía centrarse entre los ejercicios 2013 y 2016. Un detalle relevante en el que se apoyó este jueves la alcaldesa, Clara Luquero, para matizar que buena parte de las deficiencias detectadas están en vías de solución; principalmente, porque justo en 2016 se inició la implantación de la Administración electrónica. También se prevé disponer de nuevas herramientas tecnológicas con la implantación del proyecto Smart Digital a partir del segundo semestre de 2020, y el organigrama del área se está reestructurando actualmente.
Del documento completo de la auditoría se dará cuenta en el pleno del viernes 27, aunque este jueves presentó un avance la alcaldesa con quien es la concejala responsable de Urbanismo desde el pasado mes de julio, Clara Martín.
En el resumen ejecutivo se reseña que de 2013 a 2016 «no hubo adquisición de servicios ni inversiones en modernización del departamento», y «tampoco se observó contratación de servicios jurídicos especializados pese a la existencia de litigios relevantes» y la necesidad de tramitar expedientes complejos. A nivel de recursos humanos, «no se contaba con «una persona responsable que impulsara la tramitación de expedientes, ni con un servicio jurídico específico de apoyo en la tramitación de expedientes complejos». Y a nivel de recursos materiales, la auditoría destaca falta de orden a la hora de archivar o poder disponer de los propios expedientes: «Se encuentran recogidos en cajas sin una tipología única, pudiendo ser de diferentes formas, tamaños o colores» y «además, las cajas se colocan en estanterías, armarios, etc., sin existir una metodología de ordenación».
En muchos casos «la documentación se almacena en el propio departamento», y la falta de espacio tanto en la sede de Urbanismo como en el archivo municipal agravan tal desorden. «El edificio no presenta control de accesos al área en la que se almacenan los expedientes» y estos «tampoco se encuentran protegidos bajo llave». Algunos se dejan incluso en dependencias comunes,«sin estar siquiera en despachos o zonas cerradas», y ni siquiera se dispone allí de dispositivo antiincedios.
Asimismo, la auditoría advierte de la conveniencia de implantar un sistema que señale tiempos máximos de tramitación, que alerte de posibles ineficiencias, evite tiempos muertos en la tramitación señale los expedientes «con un riesgo potencial mayor para el Ayuntamiento». Mejoras que reducirían el riesgo de prescripción de expedientes, por ejemplo, o las «importantes partidas» de cobros no ejecutados.
Por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de esos años quedaron pendientes de ingresar 602.881 euros, equivalentes al 20% de los derechos de cobro generados. De tasas por prestación de servicios (licencias) sí se percibió el 95%, con un 5% restante que se situaba en 74.633 euros. Pero el servicio de disciplina urbanística, que es el que se encarga de las sanciones por irregularidades en esta materia, se quedó sin recaudar en esos años el 70% de lo devengado por las infracciones que se penalizaron, 524.368 euros; y el 93%, 148.881 euros, por ejecuciones subsidiarias del Ayuntamiento (actuaciones de reparación o refuerzo de seguridad que asume la Administración cuando el particular no atiende requerimientos). De ahí que en la auditoría se advierta de la necesidad de modernizar sobre todo esa sección.
En total, el déficit acumulado de 2013 a 2016 por impagos de ese tipo ascendió a 1,3 millones de euros. En la auditoría se llega a hablar de un déficit global de 7,4 millones, pero porque está computando los pagos de expropiaciones derivados fundamentalmente de correcciones judiciales al alza de los precios que se pagaron en su día por terrenos como los del talud de Padre Claret, para la construcción del parking años atrás, o los que albergarán el futuro módulo de FP, ahora en construcción, y el del instituto de SanLorenzo (actual Ezequiel González).
Luquero, en cualquier caso, insistió en destacar la importancia de que la auditoría no haya advertido ilegalidades, «cosa que no pueden decir todos los ayuntamientos de este país», pero el debate con la oposición en el pleno del 27 de diciembre promete ser intenso.