Juan Manuel Palomares Herranz, presidente de la Unión de Campesinos de Segovia, integrada en UCCL, la primera organización profesional agraria tras ganar las últimas elecciones en la provincia, con 1.178 votos, un 51,78%; frente a ASAJA, con 755 votos (33,19%) y UPA-COAG, con 301 (13,23%), señala en una entrevista con este periódico que «es preciso que se regulen los costes de producción, porque no puede ser que tengamos que estar vendiendo por debajo de los costes». Con más de 1.100 afiliados en la provincia, subraya que no es entendible «cómo cuatro empresas distribuyan el 75% del alimento a nivel nacional y no se considera posición de dominio, sin embargo sí la ejercen cuando negocian precios de compra de producto». 

Estos días están teniendo lugar protestas del sector bajo el lema ‘agricultores y ganaderos al límite’, convocadas por ASAJA, COAG y UPA,  pero su organización no se ha sumado,  ¿qué les ocurre?

No participan ni la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ni aquellas que conforman la Unión de Uniones porque solamente se nos invitaba a estar en aquellos territorios donde tuviéramos representatividad con lo cual, no solo nos parecía una ofensa sino una invitación a no estar. Estamos seguros de que el motivo de la movilización, más allá del tema de los precios,  la Política Agraria Comunitaria (PAC) o de otras muchas cuestiones que lo merecen y que eran causa antes, llevamos años con esta problemática, es el anuncio por parte del Ministerio de Agricultura que se va a retomar la regulación de la representatividad a nivel nacional. Llevamos años reivindicando democracia en el campo y no puede ser que los representantes de las organizaciones agrarias que se sienten a dialogar con el Ministerio no sean fruto de unas elecciones por parte de los agricultores. 20 años en esta situación. 

En 2014, el ministro Arias Cañete trató de darle solución con una ley de representatividad que luego quedó parada con el periodo de su sucesora, Isabel García Tejerina, y así estamos, seis años en este compás de espera.

En todo caso, ¿cree que el sector están al límite?

Creo que sí, en estas fechas, vamos viendo cómo se reduce la renta agraria con respecto a la media de referencia nacional, los costes no paran de subir y cada vez son menores los ingresos que provienen de las ayudas de la PAC y de la venta de los productos agrícolas o ganaderos, con lo cual la cuenta es clara, el resultado se reduce, y en situaciones clave que hemos tenido, como dos años de sequía y alguna crisis internacional, como problemas de importación o acuerdos intercontinentales, la situación está bastante grave.  

¿Tienen confianza en la mesa de diálogo creada por el ministro de Agricultura. Luis Planas? 

Ninguna, es una maniobra más bien política para dar a conocer a la opinión pública de que los representantes del sector agrario son las tres organizaciones que están sentadas en la mesa, porque esta situación no es de ahora, nos hemos manifestado estos años atrás y ninguna de las tres se han mojado ante cuestiones importantes que están por definir por el Estado miembro, como la figura del agricultor activo. Somos la única organización que ha pedido que se defina de una vez y que se ha planteado una cifra, a partir de la cual el titular reciba ayudas de la PAC.

El ministro se ha comprometido con la  creación de la Ley de Cadena Alimentaria, con medidas para regular los precios y ha anunciado que se reunirá con la gran distribución para abordar las campañas que utilizan ‘productos reclamo’, ¿son los pasos adecuados? 

Desde 2013 ya existe la Ley de la Cadena Alimentaria, fue buena porque aglutinó a todas las partes, tanto productores, como transformadores y distribuidores, si bien aún tiene pegas importantes, no entendemos cómo cuatro empresas distribuyen el 75% del alimento a nivel nacional y no se considera posición de dominio, sin embargo sí la ejercen cuando negocian precios de compra de producto. Es fundamental la definición de ese aspecto y de otros, que ya veníamos denunciando, como la venta a pérdidas. Nosotros tuvimos una acción en el establecimiento ‘Lupa’, en La Lastrilla, que recogimos toda la leche Mesenor que vendía a pérdidas, la compramos y luego tuvimos que volver a negociar con el responsable del centro para volver a distribuir la leche a través de su cadena. La venta a pérdidas llevan haciéndola muchos años o el uso de productos reclamo del 3 x 2 o 2 x 1. Es preciso que se regulen los costes de producción, no puede ser que tengamos que estar vendiendo por debajo, ya que no podemos establecer el precio de nuestros productos, porque nos vienen impuestos, al menos que sí recojan los costes de producción, no estamos hablando de enriquecernos sino de no entrar en pérdidas. 

¿Confía en que pueda haber unos precios en origen justos? 

Todo es voluntad política, es de risa cuando nos dicen que estamos en un mercado libre pero es irónico, luego está totalmente regulado lo que tengo que sembrar, lo que puedo hacer y dónde lo puedo vender, aparte de que los precios se nos imponen por un monopolio de la distribución.  Es imprescindible que se regulen los precios y que los contratos se hagan con una base de referencia de un precio mínimo, Francia lo está tratando, por ahí debemos de ir, y en Europa está calando el mensaje de que no se puede vender a pérdidas. 

Pongo el ejemplo de lo que nos pasaba en la Cooperativa Glus, procesamos en la planta de Sanchonuño en torno a 18.000 o 19.000 toneladas de zanahoria, algo más de la mitad es de mesa, envasada en una bolsa, hace unos años, Carrefour puso en marcha un portal de subasta online con lo cual los postores que tenían producto lo ofrecían, el primer día que se abrió, el precio del kilo de zanahoria alcanzó los dos céntimos de euro, dígame cuando vas a un lineal de cualquier superficie a cómo tienes el kilo de zanahoria, entre 80 céntimos y 1,20 euros, nada que ver con el precio de origen, valía más la bolsa que el propio producto. No podemos llegar a eso, el agricultor no tiene ninguna defensa, planta hoy y recoge dentro de cuatro a seis meses, no puede controlar el mercado.  

¿La subida del Salario Mínimo Interprofesional influye en la situación del campo?

No cabe duda de que, de alguna manera, repercutirá en los costes donde haya asalariados, pero no es la base fundamental del problema, sino que la clave son los precios justos de los productos, es de recibo que a un trabajador se le puede subir el suelo pero no quiero pensar que sea a costa de más pérdidas. La cadena alimentaria es rentable, lo que no puede ser es que sea muy rentable para algunos y otros estemos comiéndonos la mierda.

Partiendo de que están de acuerdo en el fondo de la cuestión, ¿van a covocar movilizaciones?

Sí lo barajamos, hay varios aspectos que tenemos en mente, uno es por la PAC, están muchos aspectos por definir donde el Estado miembro es el que más potestad tiene, como el agricultor genuino, un concepto nuevo en el que el país debe de mojarse de una vez por todas. No es de recibo que haya casi 800.000 titulares que reciben ayuda PAC y solo 270.000 estén afiliados a la Seguridad Social Agraria, es patético, eso no ocurre en ningún Estado europeo, somos conscientes de que la agricultura es una ocupación parcial, en muchos territorios, y reclamamos  que esa figura se considere a quien perciba ayudas PAC con actividad agraria o ganadera que supere el 25% de sus ingresos. Luego, que se permita una ayuda adicional a quienes sus ingresos dependen de la actividad por encima de un 50%. El tema de los precios es fundamental, los costes aumentan y se mantienen los precios de los productos, con lo cual la regla no funciona, y somos partícipes de la situación de crisis y abandono que vive el medio rural con falta de compromiso de las Administraciones de dar servicios esenciales.   

Según datos del Ministerio de Agricultura, la renta agraria lleva subiendo desde 2012 y, aunque en 2019 bajó un 9 %, alcanzó en 2018 una cifra récord de 30.217 millones de euros. A esto hay que añadir que las exportaciones agroalimentarias han aumentado un 97,5% en la última década. 

Futuro hay porque comemos todos los días,  otra cosa es que sea rentable… En Segovia se mantiene la afiliación, tanto en la Seguridad Social como la nuestra, en la organización, pero sí vemos que la edad aumenta, estamos en torno a los 60 años, y  cuesta mucho mover a la poca gente joven involucrada en el campo, para que asistan a convocatorias o asambleas. Hay explotaciones que cierran y ya no abren, sobre todo ganaderas, y vemos cómo la edad media sube. 

¿Y qué va a pasar de las explotaciones familiares?

Es complicado, estamos entrando en una etapa en la que las producciones ya no son del agricultor o del ganadero sino que  éstos dan un servicio a una empresa que le abastece de ganado o semillas. Por compararlo con el sector del porcino es como el modelo de integración, tenemos cada vez más casos de este tipo en los que el ganadero presta un tipo de servicio, cobra y es la empresa la que obtiene los beneficios o asume los riesgos de la explotación. 

¿El mayor abandono de explotaciones se produce en la ganadería?

Uno de los aspectos es la dificultad de la viabilidad de las explotaciones, bien por costes o venta de producto, o ambas cosas, y que todo el procedimiento de gestión de administración y control sanitario de las granjas se ha complicado muchísimo, eso acaba repercutiendo también en los costes y acaba siendo una causa para quitar el ganado, como ocurre con el ganado bovino de  carne, mucha gente abandona por las inspecciones sanitarias. Son los controles en casos de enfermedades, como brucelosis o tubercolosis que, cuando sale un positivo, paraliza totalmente el ganado, se inmoviliza a los animales, hay que seguir dándole de comer, lo que lleva al ganadero a ir prácticamente a la ruina.   

La peste porcina africana en China ha beneficiado a productores españoles, entre ellos los segovianos…

Sí pero hay que tener muchísimo cuidado porque estamos en el filo del cuchillo, la hecatombe será brutal en el momento en que salte algún caso en España, ha habido casos en la frontera alemana y muy en el centro europeo, hay que ser cautos. También ha habido problemas con los ganaderos de vacuno de leche y las centrales lecheras, hay una sentencia de la Comisión Nacional de la Competencia en la que dice que varias de éstas han actuado como cartel para manejar el mercado a su antojo lo que ha provocado que muchos ganaderos hayan abandonado y vean ahora que les han robado.   

¿Qué opinión tienen en cuanto a proyectos como la recarga del Carracillo o la regulación del Cega para abastecer zonas de regadío?  

La zona del Carracillo es de las más dinámicas y productivas de Segovia, donde mayor población asentada y donde más titulares del sector agrario hay. Hemos tenido muchos debates internos con este asunto porque dentro de nuestras filas hay personas que está a favor de su desarrollo y en contra, por las repercusiones que pueda tener.  

Hemos adoptado una postura informativa o de hacer asambleas para analizar la situación, lo vemos con cierta preocupación. Hablamos de afluentes fluviales muy escasos y no existe concesión de la Confederación Hidrográfica del Duero para esa puesta en riego, con lo cual puedes hacer la inversión y no tener agua para regar, aparte de que si se registra un ligero aumento de la superficie de regadío puede haber sobreoferta de alguno de los productos y baje el precio, entrando en pérdida. Vemos con preocupación conflictos que está habiendo como el tema de Gomezserracín con la concentración parcelaria de pinares o la zona de pinares de tierra de Cuéllar, la única con agua en condiciones potables, que se pueda ver afectada.    

¿Se consideran imprescindibles para defender el medio rural?, ¿será posible el mantenimiento de los pueblos y el freno a la despoblación?

Desde el principio, nuestra organización no se ha ceñido solo a temes agrícolas o ganaderos, nuestro hábitat natural es el medio rural y somos conscientes de que padecemos o disfrutamos de lo que ocurre en él. Hemos participado en varios encuentros vinculados con la ordenación del territorio, veíamos que podía afectar de una manera negativa; formamos parte en la Mesa por la Defensa de la Sanidad Pública porque somos conscientes de que se están cerrando centros, de alguna manera se está alejando la asistencia del ciudadano, y participamos en la Mesa por la Escuela Pública o en la plataforma de la llamada ‘España vaciada’.  

Nos afecta no solo como habitantes sino como agentes activos del medio rural porque es donde ejercen la actividad y viven agricultores y ganaderos. El horizonte es muy negro, soy crítico con toda la corriente política en torno a la despoblación,  parece que se ha tomado esa bandera que ahora está de moda pero no veo cambios sustanciales o compromisos, para poder llevarlo a cabo.