La Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales denunció hoy que la Junta de Castilla y León se gasta más de 820.00 euros al año (3.700 euros al día) en llevar y traer a los altos cargos a sus domicilios. En un comunicado recogido por Ical, reclaman que esa partida presupuestaria “se debería invertir en mejorar los servicios públicos”.

Según detallan, a 18 altos cargos de la Junta de Castilla y León, todas las mañanas, un vehículo de la Junta les recoge en su domicilio para llevarles a su puesto de trabajo, y al finalizar la jornada de trabajo les lleva a su casa. A otros dos, el Gobienro autonómico les paga diariamente el transporte público desde su ciudad de residencia a Valladolid.

“Es especialmente grave y doloroso para los ciudadanos de Castilla y León, el caso del viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local que vive en Madrid y se le paga el AVE todos los días para venir a trabajar. Es un insulto a los castellanos y leoneses que un alto cargo de la Junta de Castilla y León viva fuera de esta región y no debería permitirse. Los castellanos y leoneses somos lo suficientemente competentes para dirigir nuestra comunidad, y no necesitamos a nadie de fuera que nos dirija”, defienden.

Así, recuerdan que en un momento en que “no hay dinero para mantener los consultorios médicos rurales, cuando no hay dinero para más profesores, cuando no hay dinero para mejorar las carreteras, cuando no hay dinero para que todos los pueblos de esta región tengan internet, cuando no hay dinero para que los funcionarios tengamos las 35 horas semanales… gastarse 820.000 euros al año para recoger y llevar a casa a los altos cargos de la Junta de Castilla y León es un disparate y un auténtico dispendio”. “El dinero público debe empelarse en el beneficio de la ciudadanía, no en los caprichos y privilegios de los empleados públicos con mayores sueldos”, remachan.

“Desde la Junta de Personal solicitamos a la Junta de Castilla y León que deje de recoger y llevar a los altos cargos a sus domicilios, que se utilice a los conductores para las funciones que realmente deben realizar, y sobre todo, que no se malgaste el dinero público de los contribuyentes y se invierta en el bienestar de la ciudadanía, y no en el bienestar de los altos cargos”, concluyen.