La Consejería de Cultura quiere fijar por ley el dinero que la Junta debe destinar «al enriquecimiento y gestión» del patrimonio cultural de la Comunidad y fija en un anteproyecto de ley que el Gobierno regional deberá destinar, al menos el uno por ciento del presupuesto anual a este fin. Con los datos de las cuentas autonómicas que se debaten en estos momentos en las Cortes, supondría incrementar en más del 60 por ciento las asignaciones que actualmente recibe el departamento que dirige Javier Ortega para estas políticas.
Esta previsión de dinero público contrasta con otra decisión relacionada con la financiación de este tipo de políticas que también acomete el anteproyecto conocido por Ical, como es la eliminación del uno por ciento cultural en la Comunidad, que se contempla en el artículo 71 de la ley vigente y que permitía la incorporación de fondos privados a la recuperación del patrimonio a través de empresas constructoras adjudicatarias de obra pública. El Gobierno central, en su Ley de Patrimonio Histórico, mantiene esta disposición.
En cuanto a la inversión pública, el artículo 67 es claro: «Se se destinará al menos el uno por ciento de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, que se asignará a la Consejería con competencias en materia de patrimonio cultural, para garantizar el conocimiento, investigación, protección, conservación, uso y difusión de este patrimonio». Si se considera que las cuentas de la Comunidad para 2021 que debaten las Cortes asciende a 12.291 millones de euros, la aplicación de esta ley supondría destinar «al menos» 122,91 millones de euros a inversiones públicas en estas actividades.
Se trata de una partida considerablemente superior a la que en estos momentos tiene previsto el Gobierno autonómico para la misma tarea, que en los propios presupuestos se fija en 76,25 millones de euros, según la información recopilada por Ical en los documentos remitidos por la Consejería de Hacienda a las Cortes. Se está, por lo tanto considerando un incremento del 61,2 por ciento.
Otras novedades que contempla la norma incluyen la creación del Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León, un instrumento para la gestión de los bienes, como registro único de acceso público, que pretende «dar mayor seguridad jurídica y facilitar la participación de la ciudadanía». En este registro, que «estará en permanente actualización», se inscribirán los Bienes de Interés Cultural, los bienes inventariados y demás bienes integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León documentados por la Consejería de Cultura y Turismo, como autoridad competente.