El conflicto entre el equipo de Gobierno y la plantilla de la Policía Local no cesa. Hace apenas un año que los agentes anunciaron que dejaban de hacer horas extra, prolongaciones de jornada y cambios eventuales de turnos para reivindicar «condiciones dignas», en protesta por la «falta de medios materiales» y por las críticas que les dedicó el entonces portavoz del Grupo Socialista, Alfonso Reguera. Aquel fuego lo apagó la concejala de Personal, Marisa Delgado, con un acuerdo económico y de modernización del servicio que se aplicaría de forma progresiva en dos o tres años, aunque le acabó costando el puesto en julio a Reguera, que dimitió tras decir a un sindicalista algo parecido a «si no llevaras el uniforme te daba una hostia», durante el acto inaugural de las fiestas de San Juan y San Pedro.
Y ahora el conflicto se reaviva, entre otros motivos, porque el equipo de Gobierno ha decidido suprimir ocho de las nueve plazas de segunda actividad. Técnicamente, más que suprimirlas se modifican para que puedan destinarse a labores ordinarias, pero en la práctica supone que los policías que cumplan 60 o 62 años (según su escala) no tengan puestos con funciones más adaptadas a sus condiciones. Ocurre igual con agentes que pudieran pedir segunda actividad por una pérdida sobrevenida de facultades psíquicas o físicas, independientemente de su edad, según indican los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
«La segunda actividad es un derecho», sostienen, de ahí su oposición a esta modificación de ocho plazas. No obstante, según explica a El Día la concejala de Personal, «si se mantienen estas plazas como segunda actividad, de las 14 vacantes por jubilación sólo se podrían ofertar seis». Delgado se refiere al agujero de plantilla que ha causado el Real Decreto que se aprobó a finales del año pasado y que ha adelantado a 59 años la edad a la que los policías locales se pueden prejubilar. Once agentes ya se han ido, otro lo hará al término de marzo y otro en octubre, aparte de que 2019 ya empezó con siete vacantes. La plantilla está funcionando así con unos 90 agentes, casi un 20% por debajo de la cifra vigente de plazas, y ha habido que ajustar servicios, o directamente suprimir algunos, para dar prioridad a lo imprescindible. Y en estas circunstancias, el equipo de Gobierno quiere hacer oposiciones cuanto antes y sacar 14 plazas en bloque (ninguna se cubrirá antes de 2020), pero alega que para eso necesita esta modificación de las de segunda actividad.
La modificación de plazas se iba a abordar en el pleno de este viernes, pero se retiró del orden del día en la víspera. Los sindicatos habían difundido un comunicado a primera hora del jueves para criticar esta y otras medidas, la prensa preguntó a media mañana a la alcaldesa, Clara Luquero, aprovechando la rueda que ofreció tras la Junta de Gobierno Local, y entonces ya apuntó que tal vez el asunto se quedara «sobre la mesa» para abordarlo en una próxima reunión del Consejo de Policía Local (se ha convocado para el lunes), donde están integrados todos los grupos políticos y sindicatos. Y así se evitó también que coincidiera la aprobación de estas medidas en pleno con la fiesta de la Policía Local, la del Santo Ángel de la Guarda, que tenía lugar a la vez fuera del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, coincidiendo incluso en hora con el pleno.
Sobre las críticas de CCOO, UGT y CSIF, Luquero declinó pronunciarse el jueves porque, según apuntó, desconocía el contenido del comunicado, si bien avanzó que los presupuestos de 2019 incluirán 100.000 euros para renovar parte de la flota de coches de la Policía Local. Y finalmente, a última hora de la mañana, después de que Luquero se reuniera con Delgado, se confirmó el aplazamiento.
«Recortes». En su escrito, los sindicatos recuerdan que hace un año dijeron «basta», entre otros motivos, por problemas con los equipos de transmisiones, por falta de chalecos antibalas para que tenga uno cada agente en lugar de compartirlos, por falta de renovación de la flota de vehículos («casi la mitad ronda los 300.000 kilómetros»), para reivindicar «unas instalaciones dignas», ante la falta del cuartel que se proyectó años atrás junto a Bomberos; y también para pedir «unas retribuciones dignas», al ser la Policía Local de capital con los sueldos más bajos de Castilla y León.
De aquel conflicto se salió con un preacuerdo por el que los agentes aceptaban una subida de escala que «suponía un incremento salarial de unos 150 euros brutos al mes».También se pactó que el sábado se valorase como medio festivo y otras medidas de aplicación progresiva «en dos o tres años», pero el retraso en la aprobación del presupuesto de 2019 ha demorado estos acuerdos, a la vez que la reorganización del servicio también está suponiendo unos cambios en las retribuciones por debajo de lo que pretenden los agentes. Señalan, por ejemplo, que los oficiales pasan a ver compensado su esfuerzo extra con una gratificación que supone la «prácticamente la mitad» de lo que se cobra por el concepto de horas extra.
Los sindicatos también acusan al equipo de Gobierno de no haber prevenido el adelanto de la edad de prejubilación pese a que la ley cambió hace tres años para que se pudieran reponer vacantes con una tasa superior al 100%, y tampoco eximen de toda responsabilidad a la oposición, por no haberse reunido con los representantes sindicales para tener «conocimiento pleno de todas estas circunstancias». Un malestar que se presume difícil de paliar a poco más de un mes para Semana Santa y a menos de tres para las elecciones municipales.