Empezamos el año con renovada incertidumbre a causa de la incontrolada extensión de los contagios provocados por la variante ómicron del COVID-19. La ciencia --biólogos, epidemiólogos, médicos y el resto del personal sanitario-- están cansados de alertar acerca del elevado riesgo de contagios que se derivan de las concentraciones en las que ni todos los participantes llevan puesta la mascarilla ni casi nadie guarda distancia social. Sus avisos caen en saco roto.

Son muchos los ciudadanos que han decidido ignorar la omnipresencia del virus. Cuando uno se cruza por la calle con algunos que no llevan mascarilla se observa un gesto desafiante, como si la cosa no fuera con ellos. "A mí no va a pasar nada" he escuchado decir a más de uno cuando alguien le recordaba la obligación de llevar puesta la mascarilla. No se puede generalizar porque entre la grey de los objetores de las mascarillas hay parroquianos de todo tipo, pero el factor común podría ser una cierta arrogancia y en este caso, también, insensibilidad social puesto que quien prescinde de la mascarilla, al tiempo que se pone en peligro, puede contagiar a terceros.

En fin, es cierto que la obligación de llevar mascarilla viene dictada por un Gobierno que, en orden a la gestión de la pandemia lleva ya casi dos años improvisando y dando palos de ciego. Y el resultado es una falta de credibilidad que a la postre apareja una merma de autoridad moral. Nunca sabremos cómo habrían sido las cosas sí desde el primer momento el Gobierno que preside Pedro Sánchez nos hubiera dicho la verdad. Si supieron de la letalidad del COVID- 19 antes de las manifestaciones feministas del 8M del 2020; si nos ocultaron la cifra real de muertos; si alguna vez hubo un comité de expertos... Y tantas otras cuestiones que han ido minando la confianza de los ciudadanos en quienes nos gobiernan. Ya digo, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el virus sigue contagiando.