Con fecha del pasado 14 de enero entraba por fin en vigor el Plan Especial de Áreas Históricas (Peahis). Después de 12 largos años de elaboración, miles de alegaciones, incontables modificaciones, una compleja tramitación y una incomprensible reincidencia política en aventurar plazos imposibles, se activaba el nuevo marco normativo del casco antiguo y el resto de entornos patrimoniales de la ciudad. Se esperaba a partir de entonces un importante incremento de la actividad urbanística, dada la cantidad de solares sin construir, rehabilitaciones y nuevos proyectos que se acumularon a la espera de esta regulación. Sin embargo, más allá de la ralentización que ha provocado la pandemia, la hoja de ruta de casi tres cuartas partes de la ciudad construida, aunque siga vigente, deberá lidiar en paralelo con hasta siete contenciosos administrativos que pueden no afectar en nada si la Justicia va desestimando cada argumento, pero también cambiar aspectos puntuales o incluso paralizarlo por completo. A estas alturas no se puede descartar ninguna posibilidad, según la concejala de Urbanismo, Clara Martín.
Aunque la aprobación definitiva del Peahis se produjera en septiembre de 2019, la edil explica que todos aquellos que vieran desestimadas sus alegaciones durante su proceso de tramitación tenían tres meses de plazo para recurrir por la vía contencioso administrativa tras la entrada en vigor, pero contando a partir de que se les notificara. El plazo se demoró además por la suspensión de procesos administrativos durante el estado de alarma y es ahora cuando el Ayuntamiento está dando cuenta de sus personaciones en cada una de estas causas judiciales.
De hecho, el pasado lunes se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia un edicto que insta a la personación de quienes «tengan interés legítimo» en la impugnación planteada por la Comunidad de Bienes San Marcos contra la aprobación definitiva del Peahis. Asimismo, el Ayuntamiento incluyó en el orden del día del pleno de este viernes la dación de cuenta de esta y otras cuatro personaciones, y otras dos ya pasaron por un pleno anterior. En total, siete.
«Aún no conocemos exactamente los objetos de cada una de estas demandas, así que tampoco podemos valorar qué consecuencias podrían tener», matiza Martín. «Nosotros evidentemente esperamos que no tengan ninguna, pero también hay que tener en cuenta que en los últimos cinco años, por ejemplo, los jueces han tumbado más de cien documentos de planeamiento general en España».
«Al final con los documentos de planeamiento general se intenta ordenar la ciudad conforme a unos intereses generales que no siempre pueden satisfacer a todos los particulares», recuerda la concejala. «Y aunque el Ayuntamiento haya procurado alcanzar muchos acuerdos incluso por convenio para elaborar el Peahis, hay que contar con que estas cosas pasan, y que ahora la vía que les queda a los particulares para recurrir es la judicial».
San Marcos. Precisamente el conflicto con la Comunidad de Bienes San Marcos tiene su origen en el plan de urbanización que tiene previsto el Ayuntamiento para ejecutar un convenio firmado hace cinco años. El TSJ de Castilla y León, por una sentencia de 2010, había reconocido como suelo urbano (con derecho a edificar) los terrenos sin pavimentar que aún hoy se utilizan como aparcamiento entre el restaurante San Marcos y la iglesia de la Veracruz, hasta entonces considerado suelo rústico, y el Ayuntamiento firmó en noviembre de 2015 un convenio con los propietarios para adquirir esas parcelas (2.341 m2 en total) y evitar que se construyera nada allí para proteger las vistas. Acordó el pago de 337.563 euros y se comprometió a urbanizar con cargo a las arcas públicas, preservando una terraza para el restaurante, del mismo tamaño que la actual; y también plazas de aparcamiento. Las obras debían hacerse en un plazo máximo de cuatro años y en los presupuestos de 2019 se incluyó una partida de 200.010 euros para tal fin, pero el proyecto iba con retraso y ahora se ha quedado en el aire por las diferencias con la propiedad.
El desacuerdo se centra en el aparcamiento. El convenio de 2015 indica que ha de tener «un número suficiente de estacionamientos para dotar de servicio tanto a las viviendas de la zona como a la explotación del negocio de hostelería». Pero no se precisan cuántos y el Ayuntamiento prevé unos 25, apenas la mitad de los que pueden llegar a verse allí ciertos días e insuficientes a juicio de los antiguos propietarios. Entretanto, la concejala de Urbanismo defiende que no caben más por los niveles de protección patrimonial de este entorno: «Debemos tener en cuenta el convenio y también otras cuestiones como las vistas protegidas de los miradores o el yacimiento arqueológico catalogado en este entorno».
La iglesia de la Veracruz, datada en 1218, fue declarada Bien de Interés Cultural en 1919, y estos terrenos están a su vez dentro del área declarada Paraje Pintoresco de la Ciudad de Segovia en 1947. No obstante, en su momento se demostró que allí hubo edificaciones anteriores a ese año, de ahí la sentencia del TSJ de 2010. Ya pasó algo parecido con San Marcos, 25, edificación que no llegó a evitarse que aumentara en altura. En cualquier caso, si corresponde o no hacer más aparcamientos allí lo determinará un juez, salvo que las partes logren antes un acuerdo extrajudicial, algo nada descartable. Aunque este sólo es uno de los siete litigios que afronta ahora el Peahis.