La pregunta incómoda de los periodistas era previsible y el nuevo presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente (PP), la capeó sin dificultad. Alegó que eran otros, sus nuevos socios de Gobierno, quienes debían responder, porque él, según dijo, siempre fue un municipalista convencido. ¿Cómo podía ser que Ciudadanos (Cs) entre a formar parte del Gobierno de una institución que aboga por suprimir? «Cuando se asumen unas realidades, unas  primeras opiniones taxativas se terminan moderando. Estoy seguro que esas manifestaciones ahora se matizan», apuntó De Vicente, sin querer meterse más en el charco. 

La diputada por Cs, Noemí Otero, que asistía a la comparencia, en primera fila, sentada, junto con otros miembros de la formación naranja, no tuvo más remedio que salir por alusiones. «Cs —dijo— apuesta por modernizar todas las instituciones», incluyendo la Diputación de Segovia. Como la respuesta supo a poco y otro periodista reformuló la misma pregunta, quien saltó al ruedo, también desde el ‘público’, fue el secretario de Acción Institucional de Cs de Castilla y León. 

David Castaño, procurador por Salamanca, afinó más en la respuesta. «No hemos cambiado de opinión. Siempre hemos apostado por la modernización y por eliminar la burocracia. No sumamos suficientes votos en Congreso y Senado [para cambiar la ley] y podíamos o declararnos en rebeldía y no trabajar en las diputaciones o remar en las instituciones donde los votantes nos han elegido. Lo haremos en las diputaciones de Burgos, Valladolid y Segovia y este pacto es el que necesita la provincia de Segovia para ser mimada por la Junta».

Otero y el presidente de la Diputación, en el momento de la firma del pacto. - Foto: Rosa Blanco

Castaño hacía referencia al pacto, firmado en el mismo acto, minutos antes, entre De Vicente y Otero, para la estabilidad y gobernabilidad para el mandato 2019-2013. El documento, de un solo folio, se limita a plasmar, en media docena de párrafos, una serie de buenos propósitos, sin proyectos y compromisos concretos. «Este acuerdo pretende que la creación de riqueza y empleo, junto a la modernización y mantenimiento de lo existente, sirvan como medidas para fijar población en nuestro medio rural», dice uno de los párrafos.

Confirmada la mayoría del PP en la Diputación —a la espera de saber si IU presenta un nuevo recurso— los populares no precisan del apoyo de los dos diputados de Cs para aprobar los presupuestos. De esta manera, el pacto PP-Cs —previsible tras el apoyo de Cs a la investidura de De Vicente— cabe interpretarse como un mero acto simbólico para apuntalar el acuerdo suscrito entre ambas formaciones en el gobierno de Castilla y León y para justificar la entrada de Otero en el equipo de Gobierno que liderará el también alcalde de Collado Hermoso y secretario provincial del PP.

Tras la ceremonia de la firma y antes de desgranar el reparto de las áreas de Gobierno, el presidente deslizó algunos argumentos para justificar la alianza; como que «estaba bien» tener mayoría absoluta con 13 diputados, aunque «puede ser mejor» con 15 por «el carácter sumatorio de la política» y que ambas formaciones se encuentran, con todos los matices, en un espectro ideológico similar. También subrayó que el pacto estaba enmarcado en el «contexto» de acuerdos suscritos entre ambas formaciones, a nivel nacional y regional, «al que ninguna provincia se ha podido abstraer»; en este caso, según recordó, al suscrito para el Gobierno de Castilla y León que ha otorgado la presidencia de la Junta a Alfonso Fernández Mañueco.

Organigrama de la Diputación Provincial - Foto: D.S.

Dos vicepresidentes. En virtud del acuerdo, Noemí Otero (Cs) formará parte del equipo de Gobierno de la Diputación, como delegada del Área de Empleo, Promoción Provincial y Sostenibilidad. En el organigrama del nuevo equipo de Gobierno, figuran José María Bravo (PP) como vicepresidente primero y portavoz; mientras que Sara Dueñas, anterior responsable de Cultura, ocupará ahora la vicepresidencia segunda y las relaciones institucionales de la institución, además de la delegación del servicio de asistencia a municipios, modernización y relaciones institucionales. Además de la presidencia, De Vicente, se reserva la competencia en el área de ‘Asuntos Sociales’, donde estará asistido por la diputada delegada del servicio Azucena Suárez.

El organigrama incluye hasta cinco áreas delegadas, cuatro de ellas asistidas por diputados ‘delegados’ de servicios, esto es, que ‘asumen’ competencias específicas de aquellas. Otero es la única diputada delegada que no contará con otro diputado asistente.
En el equipo de Gobierno habrá ocho miembros liberados al cien por cien, incluido su presidente, mientras que la diputada popular Azucena Suárez lo estará al 50%, cargo que compatibilizará con su labor en el Ayuntamiento de la capital. El presidente cobrará 69.154 euros y 62.000 euros cada uno de los dos vicepresidentes. Según el reglamento, a los diputados del equipo de Gobierno y portavoces de los grupos les corresponde una asignación de 59.000 euros anuales; y de 56.000 euros   a los diputados de PP y PSOE que el reglamento les permite liberar, dos para cada una de estas formaciones y uno más para Cs. El PP solo utilizará una ‘liberación’, en favor de Magdalena Rodríguez —delegada de Prodestur— y se reserva la otra; el PSOE liberará al 100% a su portavoz, Máximo San Macario, mientras que la otra nómina la dividirá al 60% entre el alcalde de Trescasas, Borja Lavandera y la edil en Bernuy, Gloria Hernando.

El otro diputado de Cs, su portavoz, Ángel Jiménez, renuncia a la liberación que le correspondería a su grupo, de manera que su remuneración obedecerá a las dietas por asistencia a plenos y comisiones. Cs ha cedido esta liberación al 50% para el PP, en la persona de Azucena Suárez.