La alcaldesa, Clara Luquero, puso sobre la mesa del entonces secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, aumentar la densidad máxima de edificabilidad de los terrenos que ocupa el PCMASA2, antigua Base Mixta, en la avenida Juan Carlos I, para compensar la expropiación necesaria para ubicar el centro logístico del Ejército de Tierra, entre Madrona y Perogordo, para lo que existen distintas fórmulas de gestión urbanística.
Luquero, que comparece ante una comisión, este viernes, para explicar las negociaciones con Defensa, ha reconocido a EL DÍA que había trasladado el comité provincial del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) que representa a la plantilla civil del PCMASA2 que no había suelo de titularidad municipal y que había que ser ser muy realista respecto a la capacidad económica del Ayuntamiento, poniendo como ejemplo que expropiar 2.000 metros cuadrados para el Instituto de San Lorenzo ha conllevado un coste de siete millones de euros.
Asimismo, ha añadido que, si se hubiera contado con la misma información que otros alcaldes, a partir de que la idea del nuevo centro se reactivó este diciembre, el consistorio habría comenzado a llamar a la puerta de otras administraciones, como la Diputación y el Gobierno regional, para llevar una propuesta común.
Junto con la concejala de Urbanismo y Patrimonio, Clara Martín, la alcaldesa planteó diferentes opciones urbanísticas que se habían estudiado centradas en una parcela del sistema general de equipamientos comunitarios destinado a nuevas infraestructuras militares, previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en Perogoro colindante con Madrona, de propiedad privada, suelo rústico común, con 1.469.673 metros cuadrados. Además había 1.235.768 metros cuadrados, de propiedad pública, en Matabueyes, de suelo rústico con protección cultural y natural, al bordel del límite del Parque Natural del Guadarrama, que requería unas instalaciones que debían adecuarse a la normativa vigente desarrollando estudios arqueológicos y ambientales necesarios, al pasar la Cañada Real, el canal Acueducto, el camino de la Fuenfría o de encontrarse en la zona el esquileo de Santillana.
Luquero comunicó a Defensa que el mejor suelo era el de Perogordo aunque exigía hacer compensaciones urbanísticas a los propietarios de los terrenos rústicos. De esta forma se propuso modificar el PGOU, para aumentar la densidad máxima de edificabilidad de 7.000 a 10.000 metros cuadrados por hectárea en un terreno edificable de 68.000 metros cuadrados de la Base Mixta. Como está ocurriendo ahora con la solicitud de un encuentro con la ministra de Defensa, Margarita Robles, no hubo respuesta de este departamento a la propuesta urbanística, hasta que se conoció por la prensa la adjudicación del centro a Córdoba. El Ayuntamiento paralizó los trabajos que llevaba a cabo para modificar el PGOU, con el fin de eliminar el sistema general de equipamientos de nuevas infraestructuras, ya que estaban interesadas en la zona empresas de energía fotovoltaica.
Luquero ha insistido en su malestar por «la falta de transparencia [de Defensa] en este asunto y que no hayamos tenido la misma información que otros ayuntamientos candidatos».