Cientos de extranjeros, muchos de ellos menores, han dormido al raso en 2019 a la espera de un papel que acredite su estatus de refugiado, un trámite que pidieron el año pasado en Madrid 41.500 personas -más del doble que en 2018-, colapsando los recursos sociales y convirtiéndose en arma arrojadiza entre las administraciones.
La sede central de Samur Social ha sido escenario de algunas de las fotos que más sonrojo ha provocado en los últimos meses en la capital, con familias enteras (algunas con niños muy pequeños) durmiendo en la calle bajo el frío y la lluvia mientras el Gobierno central y el Ayuntamiento se culpaban mutuamente de la situación sin encontrar más remedio que algunos parches provisionales.
Según el Ministerio del Interior, hasta el pasado 31 de octubre 93.399 personas habían pedido asilo político en España, y casi la mitad (41.510) lo habían hecho en Madrid, muy lejos de las 11.335 de Cataluña o las 8.373 de Andalucía.
Son números, pero también nombres: Jesús y Rubén, que se jugaban la cárcel o la muerte en Venezuela por ser pareja; John, líder social que dejó Colombia por las amenazas que recibía; Fran, que se marchó de El Salvador con su mujer e hijas (una de ellas bebé) por las extorsiones que padecía; Edgar, huido de Venezuela a la espera de poder traerse a su familia; o Daniel, o Pedro, o Nimia, o José Mauricio...
Personas solicitantes de asilo a las que la legislación obliga a atender si carecen de recursos económicos. El Ayuntamiento se ve obligado a hacerlo como si fueran sintecho, con unos pocos centenares de plazas (y eso que aumentaron varias veces en 2019) que no alcanzan a dar cobijo a todos.
Aunque la llegada del frío hizo que cobrasen más protagonismo en los dos últimos meses del año, la crisis de los refugiados en Madrid viene de atrás, y por esas mismas fechas de 2018 Samur Social ya alertaba de la saturación.
En 2019 la gravedad de la situación llevó a crear una suerte de gabinete de crisis (de momento sin soluciones definitivas) entre el Estado, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y las ONG y asociaciones como Acnur, CEAR, Unicef o Save the children, que habitualmente dedican su labor a atender a los exiliados.
Mientras el equipo de Gobierno municipal, con el alcalde José Luis Martínez Almeida a la cabeza, se quejaba de tener que asumir «en exclusiva y en solitario» una atención que en realidad «es responsabilidad del Estado», el Ejecutivo de Pedro Sánchez mostraba su estupor por la falta de agilidad y de recursos que demuestra el Ayuntamiento de la ciudad más grande de España para atender lo que es una situación de emergencia.
Las algo menos de 300 nuevas plazas que el Consistorio puso a disposición del Estado fueron a todas luces insuficientes (se llenaron en tan solo tres días), y mientras desde la capital se pedía que se trasladasen a algunos refugiados fuera de Madrid (sugerían, incluso, que estas familias podrían hacer una «gran labor» en la «España vaciada»), la Comunidad planteó casi al final del año una solución provisional de emergencia.
Y es que, sin más edificios disponibles para acoger a personas, Isabel Díaz Ayuso ofreció al Ayuntamiento 20 casas prefabricadas con capacidad para alojar a 200 exiliados, una «solución temporal y no definitiva» dentro de «una situación de emergencia» para evitar que hubiese gente durmiendo a la intemperie.
Respuesta solidaria
Mientras las administraciones se justifican por la falta de soluciones por parte de los políticos, la atención inmediata llega desde asociaciones sociales y vecinales y de la parroquia de San Carlos Borromeo, en Vallecas, refugio de quienes buscan un techo y que, dando cobijo a unas 30 personas por noche, también se encuentra saturada.
Activistas de la Red Solidaria de Acogida de Madrid y de la parroquia acuden cada día a las puertas del Samur Social para dar una primera bienvenida a los recién llegados y cada día se encuentran buscando soluciones para que ninguno tenga que dormir al raso.
Vecinos del centro de Madrid salen a la calle a ayudar, algunos incluso ofreciendo sus ordenadores para facilitar que los demandantes de asilo puedan pedir cita previa con el Ministerio de Trabajo para arreglar sus papeles.
Mientras esperan, los demandantes de asilo tan solo cuentan con un recurso adicional: la presentación de quejas, bien al Gobierno central para que agilice su entrada en el sistema de acogida, bien al Ayuntamiento, por no ofrecer suficientes recursos, o bien ante el Defensor del Pueblo, que recibió aproximadamente medio centenar de quejas en 2019.
Hoy más personas desilusionadas esperan horas ante el número 10 de la Carrera de San Francisco para conseguir un techo, mientras nuevas familias desembarcan en Barajas con la esperanza de dejar atrás el peligro que les acechaba en sus países. Sus primeros días como refugiados, y quizá también alguna noche, serán al raso.