El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid investiga la posible comisión de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos para determinar si se ordenó y por parte de quién la división en lotes de los 313 vehículos todoterreno forestales que fueron vendidos por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, aunque por el momento "no hay nadie citado como investigado". 

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León explicaron que el Juzgado de Valladolid abrió las diligencias previas en mayo de 2019, tras recibir otras procedentes del Juzgado de Instrucción 1 de Ávila, iniciadas por atestado de la Guardia Civil en relacíon a la venta de todoterrenos. 

La investigación se centra en la posible comisión de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, con participación directa de empresas y particulares que habrían sido beneficiados por la adquisición de un número "importante" de vehículos por entre 600 y 800 euros, cuando su precio en el mercado de segunda mano es de "aproximadamente 9.000 euros".

Asimismo, el TSJ explicó que hasta el momento "no hay nadie citado como investigado" ya que se ha iniciado el análisis de la información obtenida en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente este jueves, tras la petición de información solicitada por el Juzgado y que se llevó a cabo de modo personal por la Policía Judicial de la Guardia Civil para "garantizar la cadena de custodia".

Con ello, el Juzgado investiga si se ordenó -no se sabe todavía quién- dividir lotes de coches por provincias para evitar que su valor superase los 30.000 euros en lugar de acudir al procedimiento de subasta pública, como hubiera sido preceptivo para el TSJ, con el fin de evitar la misma.

En ese sentido, explicó que cada delegación territorial habría vendido o enajenado sus vehículos por venta directa en desguaces con baja temporal no definitiva. Las cantidades por las que habrían sido vendidos los coches serían de entre 600 y 800 euros cada uno.

Algunos vehículos, de los 103 destinados en principio a destrucción directa, han sido detectados circulando de nuevo. Otros 63 coches han sido transmitidos a empresas y 147 continúan bajo titularidad de la Junta de Castilla y León.

Finalmente, según la investigación realizada por la Guardia Civil, el posible perjuicio económico para las arcas autonómicas sería de casi tres millones de euros.