Los secretarios autonómicos de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, acompañados de varios dirigentes de ambos sindicatos, se reunieron ayer con el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, para solicitar la creación de una comisión de peticiones y facilitar que los ciudadanos y los agentes sociales puedan canalizar sus quejas y sugerencias y llegue hasta el Gobierno autonómico y las administraciones tanto de la Comunidad como estatales.

Esta propuesta, que se incluía dentro del decálogo de peticiones que las organizaciones sindicales enviaron a los diferentes grupos y al presidente de la Cámara hace unos días, tienen como objetivo que se implementen durante toda la legislatura. Para ello, pidieron una reforma del Estatuto de Autonomía, así como del Reglamento de las Cortes.

Andrés atribuyó estas propuestas a una forma de apertura de las instituciones a la ciudadanía, «ahora hay dos partidos que tienen que ponerse de acuerdo, y eso abre las posibilidades a que las Cortes sean más abiertas», «tras 32 años de mayoría absoluta del PP» donde las Cortes estaban «cerradas herméticamente», según informa Ical.

Por su parte, Temprano calificó de «lamentable» que las Cortes sea el único parlamento autonómico que cuando se tramita una ley, antes de pasarla a votación o discutirla en comisión, «no se tenga en cuenta la opinión de los colectivos». «Solamente nos han tenido en cuenta cuando la propuesta viene del Diálogo Social», lamentó.

Según UGT y CCOO, Fuentes les transmitió su voluntad de estudiar la propuesta, y, a partir de septiembre, impulsará reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para ver hasta dónde se puede llegar.

Duplicidad. Preguntados por la posible coincidencia de funciones con el Procurador del Común, los representantes sindicales explicaron que esta institución de la Comunidad «no tiene poder ejecutivo», mientras que con la comisión de peticiones se pretende incluir la «participación civil» en las Cortes, y «poder llegar a los parlamentarios con propuestas», algo que está contemplado en el Reglamento pero que «no se lleva a la práctica».

Los sindicatos se refirieron también a la flexibilización de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), reduciendo el número de firmas necesarias -fijado actualmente en 18.000 firmas- para que aquellas organizaciones de la sociedad civil «que tienen limitaciones» para recoger firmas, vean facilitado su trabajo, ayudando así a que los ciudadanos lleguen a las instituciones. Con esta modificación pretenden que la participación ciudadana no se limite «a votar cada cuatro años» y se involucren en el «día a día de la vida política».