Mucho se ha hablado de actos incívicos o malos hábitos que dañan el Acueducto en el último año y medio, desde que se anunció la elaboración de una nueva ordenanza con sanciones específicas para proteger el icono de la ciudad. El tema se ha amplificado además por las redes sociales, dado que tales conductas se producirían antes con una frecuencia mayor, menor o parecida, pero ahora resulta mucho más difícil que pasen desapercibidas.
Sobran los ejemplos: desde el joven francés que se hizo viral tras escalar el Acueducto y publicar su ‘hazaña’ en Instagram en abril del año pasado hasta un descerebrado que, más recientemente, se subió a la Muralla en el Postigo para hacerse un selfie con el monumento de fondo. En cuanto se publican imágenes o vídeos de ese tipo, arrecian los comentarios y es habitual que el debate derive hacia la necesidad de aprobar la esperada ordenanza para evitar esto. Sin embargo, que no esté vigente todavía no significa que no se puedan penalizar ya algunos de los actos incívicos que más controversia generan, y de hecho ya se hace. Con poca frecuencia y escaso castigo, pero se hace.
Fuentes de la Policía Local confirman a El Día que, en lo que va de año, sus agentes han puesto dos denuncias por subirse el Acueducto. Efectivamente son pocas, aunque a este ritmo serían bastantes más que en 2018, año en que se contabilizaron cuatro, mientras que en 2017 no hubo ninguna por ese motivo y una por una pintada, concretamente, en un sillar de Teodosio el Grande.
Entre los infractores son mayoría los turistas, aunque el joven ‘escalador’ francés se libró a pesar de que la alcaldesa anunció que se pondría el caso «en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía». Según explican desde la Local, el problema estuvo en que ningún agente presenciara los hechos ni identificara al autor, aparte de que se desconociera su domicilio. Dificultades que quizá podrían haberse resuelto dedicando algo de tiempo a una investigación aparentemente sencilla, pero también quizá desproporcionada en comparación con la cuantía de las sanciones que se están imponiendo por este motivo: 100 euros. A falta de normativa municipal específica, la Policía Local basa las denuncias por subirse al Acueducto en el incumplimiento de una ley nacional, la de Protección de la Seguridad Ciudadana, que en su artículo 37, donde se citan supuestos de infracciones leves, señala «el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un cierto riesgo de que se ocasionen daños a las personas o los bienes». Y según indican desde la Subdelegación del Gobierno, responsable de la tramitación de estas denuncias por basarse en una normativa nacional aunque las interpongan agentes municipales, las seis que se pusieron entre 2018 y 2019 se quedaron en 100 euros.
Si tales conductas causan daños al monumento podría hablarse de multas mayores o incluso de delitos contra el Patrimonio, pero no se consideró así en estos casos.
Ocurrió parecido con la pintada de 2017, pese a que ese tipo de infracción sí se recoge desde 2011 en una norma local, la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que fija multas de 1.500,01 a 3.000 euros por «grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas» que atenten contra «monumentos histórico-artísticos o edificios catalogados o protegidos». Aun así, la Policía Local basó esa denuncia en el incumplimiento de la ley nacional de Seguridad Ciudadana y se tramitó por otro supuesto del artículo 37: «Daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal».?
Sobre el papel, la ordenanza de protección del Acueducto endurecerá sanciones como la de subirse al Acueducto, que pasará a costar de 1.500,01 a 3.000 euros, y ampliará el listado de supuestos de infracción, entre los que estará dar de comer a las palomas (multa ‘leve’ de ‘hasta 750 euros’, pero con una cuantía mínima sin fijar). No obstante, primero hay que cursar la aprobación inicial de la normativa, algo que se espera para finales de marzo o ya en abril, para que pueda entrar en vigor el próximo verano (tras exposición pública, estudio de alegaciones y aprobación definitiva) después de haberse pospuesto su debate en pleno varias veces por correcciones de última hora. Y después, en la práctica, habrá que ver hasta qué punto se pone rigor en la aplicación de la norma.