Los funcionarios de prisiones están en pie de guerra. También en Segovia, donde, según los sindicatos, la mayoría de los empleados públicos del centro penitenciario de Perogordo han manifestado su apoyo a los seis días de huelga convocada en toda España para reclamar mejoras salariales y refuerzos de personal, entre otras demandas. La plataforma integrada por cinco sindicatos —CSIF, ACAIP, CCOO, GIF y UGT— recalcan que la adhesión en Segovia es mayoritaria, más de 200 trabajadores de los 290 empleados públicos que trabajan en Perogordo, entre funcionarios y personal laboral. El seguimiento de la huelga durante los dos primeros días de protesta, el 24 y 26 de octubre fue «un éxito total», según los sindicatos; que esperan repetir la misma respuesta en las siguientes citas de los días 6,8, 13 y 15 de noviembre.
El último episodio de agresión a un funcionario en Perogordo, el mismo día de arranque de la protesta, encendió aún más los ánimos de una plantilla «mermada», que arrastra hasta 45 plazas vacantes, según cálculos sindicales, lo que redunda en una «sobrecarga de trabajo» y una «reducción» de los niveles de seguridad tanto de internos como de trabajadores, según explica el representante de CSIF, Fermín Pinto.
La guerra de cifras no es ajena al conflicto laboral. Los sindicatos cifran en 59 las agresiones físicas a funcionarios en Perogordo a lo largo de los últimos diez años, 4 de ellas en lo que va de 2018. Sin embargo, el clima de conflictividad en las prisiones que se desprende de las continuas denuncias sindicales sobre agresiones «no es real», según recalcan desde Instituciones Penitenciarias (IIPP), que sostienen que desde 2015 en Segovia no se ha registrado «ninguna agresión de carácter grave ni muy grave».
Según los datos facilitados por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, hasta el pasado 30 de septiembre, en Perogordo se habían registrado tres agresiones (dos leves y una sin lesiones); en 2017 hubo cuatro (una leve y tres sin lesiones); cinco en 2016, todas sin lesiones, y cuatro, con el mismo tinte, en 2015.
«En España, los [episodios] recogidos por la Inspección evidencian una constante disminución de los incidentes con agresiones desde 2010, gracias a la capacidad y profesionalidad de nuestros trabajadores, pasando de 475 de aquel año a las 305 de 2017», señalan desde IIPP. En lo que va de año, las cárceles españolas registraron 176 agresiones, 5 de ellas graves, según los datos facilitados por la institución. La situación en la cárcel de Segovia «no es en absoluto preocupante. La seguridad está garantizada. Es uno de los centros más tranquilos de España», añaden.
Sin embargo, los sindicatos alertan de que las cifras que aporta la administración tienen «trampa» y que, para valorar la seguridad de la plantilla en Segovia, no se puede acudir a la relación entre número de funcionarios e internos, 370 en la actualidad, según IIPP, aunque la media de los últimos años se sitúa en 440 presos y hasta más de 620 en determinados momentos, según los sindicatos. «En la estadística de vigilantes, la administración incluye a aquellos funcionarios que tenían esta función y han pasado a segunda actividad. Se falsean los datos», avisa Carlos Casal, representante de CCOO.
De los 290 empleados de Perogordo, de acuerdo con Casal, son solamente 120 —15 funcionarios repartidos en ocho grupos— los destinados a vigilancia interior; es decir, los que tienen «contacto directo» con los presos. De esta manera, se dan situaciones como la de la noche del pasado lunes, cuando un solo funcionario estaba encargado de vigilar los módulos 5 y 6, que alojan a 140 internos, explica Fermín Pinto (CSIF).
(Más información en la edición impresa de El Día de Segovia)