COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Ahora las leyes sociales

Después de unas primeras decisiones de carácter económico relacionadas con la aprobación del Salario Mínimo Interprofesional, la subida de las pensiones, de los sueldos de los funcionarios, sentar las bases para la aprobación de los PGE, y tras encauzar la mesa de diálogo sobre Cataluña, ahora le ha tocado el turno a dos medidas sociales de gran impacto que se suman a la llegada a las Cortes de la ley de eutanasia: el proyecto de la nueva ley de educación y el anteproyecto de ley de libertad sexual para dar carta de naturaleza al ‘solo sí es sí’ en el consentimiento de las mujeres en las relaciones sexuales.

Ambas leyes forman parte de la columna vertebral de los acuerdos del pacto de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y ambas cuentan con el respaldo inicial de los grupos parlamentarios que apoyaron a Pedro Sánchez en su investidura. La peripecia que le queda por delante a ambas leyes es bien distinta. Mientras que el proyecto de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), o de forma más acortada ‘ley Celaá’, llega muy madurada -había decaído con el fin de la XII Legislatura-, después de haber logrado un cierto consenso en la comunidad educativa, el anteproyecto de la primera gran ley del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros después de haber sido objeto de un amplio debate entre los ministerios que se ven concernidos por su redacción dado que tiene puntos de contacto con otras leyes que se desarrollan en otros departamentos y ahora debe pasar por los órganos consultivos.  

La de Isabel Celaá’ será la octava ley educativa de la democracia, y será debatida nuevamente sin el consenso que sería imprescindible para garantizar su permanencia en el tiempo, necesaria para que produjera los efectos que se desean para mejorar la calidad de la educación. Con ella se borran los últimos vestigios de la ‘ley Wert’, las reválidas, los itinerarios que segregaban a los niños a edad temprana, el final de la religión como asignatura evaluable para el currículum, y se imponen trabas a la educación concertada que segrega por género o que limitan el acceso a esos colegios por cuestiones socioeconómicas, además de que prevé la mejora de los mecanismos de formación del profesorado, entre otras novedades. 

¿Será la ley definitiva? Es difícil por la falta de un pacto de Estado como el que estuvo a punto de lograr Ángel Gabilondo en su etapa de ministro de Educación. Las críticas de la oposición que la consideran una ley muy ideologizada, que atenta contra la libertad de los padres para elegir sobre la educación de sus hijos, o la firme defensa de la educación pública, más el  debate sobre el carácter lectivo de la asignatura de Religión o la Educación Cívica son elementos sempiternos que impiden el acuerdo.

El anteproyecto de ley de libertad sexual, llega de forma atropellada, por la voluntad de Igualdad de que fuera aprobado antes del 8-M. Pero ni desde este ministerio, ni desde la Vicepresidencia Primera, se han ocultado las discrepancias, aunque Irene Montero las ha minimizado.  Los problemas causados con sentencias como la de La Manada de Pamplona a la hora de dictaminar si se produjeron abusos o una agresión quedarán subsanados y aclarados en la próxima reforma del Código Penal.