El impacto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 supuso un descenso en las demandas de disolución matrimonial presentadas en los juzgados de Castilla y León en el segundo trimestre de 2020. El número de separaciones, divorcios y nulidades fue de 684, lo que representa una reducción del 41,74 por ciento respecto al segundo trimestre de 2019, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo, el CGPJ indicó que la desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales.
En el segundo trimestre, las 394 demandas de divorcio consensuado son un 40,7 por ciento menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2019. Las 257 demandas de divorcio no consensuado son un 44,1 por ciento menos. Por lo que respecta a las demandas de separación, las 26 demandas de separación consensuada representan un 21,21 por ciento menos que un año antes y las siete no consensuadas, son la mitad que un año antes. Además, no se registró ninguna nulidad.
En cuanto a la relación de las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero y analizando todas las comunidades, el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se registró en Canarias, con 5,3, junto con Murcia, 5,2; la Comunidad Valenciana, cinco; Cataluña, 4,9; Islas Baleares, 4,7; La Rioja, 4,6; Andalucía, 4,5; y Cantabria, 4,4, todas ellas superan la media nacional, que es de 4,3.
Las más bajas, se dieron en Madrid, con 3,4 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes; Castilla y León, 3,7; Aragón y Galicia, 3,8; y Extremadura y País Vasco, 3,9.