Por el momento, fuentes de la compañía han revelado a EL DÍA que han contabilizado un total de 72 casos, pero aún no pueden hacer el cálculo del dinero que se pudo estafar por este agente que también ejercía como suboficial en el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados (PCMASA 2), conocido como antigua Base Mixta, donde fue encontrado muerto junto a su arma cuando iba a ser relevado de una guardia, el 23 de enero de este año.  El Juzgado de Primera e Instrucción número 1, tras una denuncia de MGS, lleva a cabo la instrucción del tema y, entre otras diligencias, ya ha tomado declaración a dos imputados, la viuda y el sobrino del fallecido, que también trabajaban como agentes de la compañía en una oficina ubicada en el barrio de La Albuera, aunque ellos dicen que desconocían la posible actividad delicitiva del fallecido.

MGS conoció la situación que ha denunciado después de que, la misma tarde de la muerte del militar, en su oficina de la calle Fernández Jiménez, se recibieron varias visitas de personas, algunas de ellas militares, que se interesaban por unos contratos de seguro, que supuestamente habían formalizado con esta compañía. 

Según un portavoz de MGS, la compañía mantiene negociaciones individuales y en algún caso en la fase de haber abonado ya una indemnización a personas que han sufrido esta estafa,  dinero que tratará que sea luego satisfecha por los «responsables reales», otra cosa es que lo consigan, reconocen.  La razón de los acuerdos la explica el portavoz de MGS: «Tratamos de llegar a vías amistosas, en el supuesto de que se otorgue la responsabilidad civil subsidiaria, evidentemente no criminal, porque somos unas víctimas más,  intentamos que no se llegue a ese punto en una defensa lógica de nuestros intereses».