scorecardresearch

El sobrecoste de la energía dispara 854 euros el gasto anual

-

La OCU denuncia que el aumento de las tarifas de los carburantes, seguido de la electricidad y del gas natural significará un desembolso inesperado de 71 euros más al mes para los hogares

La organización de consumidores pide al Ejecutivo que adopte mecanismos para proteger a las personas más vulnerables. - Foto: JUAN CARLOS HIDALGO

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció ayer que la escalada de los precios de la energía podría provocar un sobrecoste añadido de hasta 854 euros al año para las familias españolas.

La organización explicó que el mayor aumento de precio se ha notado en los carburantes, seguidos del recibo de la luz y también en el valor del gas natural.

Así, la OCU advirtió que, de mantenerse el incremento de costes de los carburantes registrado desde principios de año, esto generará un sobrecoste anual de 404 euros en el caso de la gasolina, y de 301 euros si se utilizada diésel para un conductor que recorre 20.000 kilómetros al año.

La escalada de la tarifa de la electricidad, que sigue batiendo récords semana tras semana pese a las medidas aprobadas por el Gobierno para rebajar su impacto en el precio de la luz, provocará que los consumidores acogidos a la tarifa regulada y con un consumo medio (4,6 kW de potencia y 3.500 kWh de consumo al año) paguen 261 euros más respecto al año pasado.

Respecto al gas natural, un hogar medio español con un consumo anual de 9.000 kWh pagaría hasta 189 euros más respecto a 2020, a lo que habría que añadir el incremento del precio de la bombona de butano, que se ha encarecido hasta un 33% en los últimos doce meses en el país.

Además, la OCU alertó del aumento que provocarán estas subidas de la energía en el resto de bienes y servicios que consumen los hogares españoles, y recordó que el Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró septiembre con un aumento del 4% que ha causado el encarecimiento de determinados productos básicos.

Por ello, la organización exigió al Gobierno poner en marcha medidas que ayuden a los consumidores más vulnerables favoreciendo y ampliando el acceso al bono social eléctrico del que, según la OCU, solo disfrutan 1,1 millones de hogares de los 3 millones que podrían beneficiarse.

En este sentido, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mostró su desacuerdo con la idea de que vaya a existir este año un sobrecoste y declaró en el Congreso que, pese al mantenimiento de los altos precios de la electricidad, la factura de los consumidores domésticos será la misma, a final de año o en promedio en su conjunto, que la de 2018.

De esta manera, y ante la advertencia del PP de que la factura de energía de 2021 será «la más cara de la historia», la vicepresidenta tercera mantuvo el compromiso adquirido por Pedro Sánchez para que a final de año se haya pagado lo mismo que en 2020 gracias a una batería de medidas, incluida el recorte de los ingresos de las eléctricas por los altos precios del gas.

Sin embargo, el PP acusó a Ribera de no actuar para garantizar el gas como energía de respaldo, cuando fallen las renovables por falta de sol o viento, señalando que «las reservas de esta energía hoy son ocho días menos que octubre del año pasado» y que el gasoducto con Argelia abastece a la mitad.

«Si el invierno es muy frío, tocará la vida de todos. Y le responsabilizo a usted», espetó a Ribera el diputado Guillermo Mariscal, criticando, además, la escasez de subastas renovables, la «improvisación de inciativas» y a la falta de normas fiscales o de protección de consumidores vulnerables.

Lastre para la industria

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció que el precio de la electricidad en la industria supone un «lastre» para la economía española y para las empresas.

«En un tema preocupante», respondido Díaz a una pregunta formulada por el diputado del PP Teodoro García Egea en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Asimismo, en un análisis publicado ayer por el Grupo ASE se apunta a la posibilidad de que la actividad económica pueda «estar ralentizándose» tras el fuerte crecimiento de los precios energéticos después de monitorizar a más de 900 empresas que reflejan que «su crecimiento en el tercer trimestre apenas ha alcanzado el 0,86%», frente al 5,84% que registró en el trimestre anterior.