La proposición del PSOE y Unidas Podemos para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) busca que el Congreso y el Senado puedan elegir a los seis vocales que corresponden a cada cámara con mayoría absoluta en segunda votación, 48 horas después de una primera en la que se mantendría la mayoría de tres quintos.
Así lo han explicado en una rueda de prensa conjunta en el Congreso los portavoces parlamentarios del PSOE, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, tras registrar la proposición de ley que busca rebajar a mayoría absoluta el umbral de los tres quintos de mayoría parlamentaria requerida para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Una reforma legislativa que persigue poder renovar el CGPJ tras dos años de "bloqueo" de este órgano por la negativa del PP a negociar los vocales, según han lamentado los portavoces, que han remarcado a su vez que con este cambio igualmente se mantiene la legitimidad democrática.
Según ha defendido Lastra, se mantiene "la exigencia de buscar el consenso en parlamentos fragmentados y obliga a buscar a acuerdos". Además, la portavoz socialista ha recordado que también el PP cambió la ley en 2013 para favorecer su renovación.
La decisión de que sean el PSOE y Unidas Podemos los que impulsen en el Congreso la reforma para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de una proposición de ley evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos que se exigen en los anteproyecto de ley que treamita el Consejo de Ministros.
Así, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial por la vía del proyecto de ley obligaría al Gobierno de PSOE y Podemos tener que pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, al tomar la iniciativa los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno y tramitarse la reforma vía proposición de ley, ya no son necesarios esos informes consultivos y, según los socialistas, podría estar aprobada en tres meses.
Basta con la conformidad del Gobierno
Tras su calificación por la Mesa del Congreso, la iniciativa de los grupos parlamentarios sólo necesitará la conformidad del Gobierno para su debate: en concreto, dispondrá de un máximo de 30 días para certificar que esa reforma no tiene efectos presupuestarios, único motivo para los vetos del Gobierno.