La nueva Ley de Caza creará la 'emergencia cinegética'

SPC
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El consejero de Fomento destaca que la nueva normativa garantiza la sostenibilidad de los recursos cinegéticos y moderniza esta actividad

Un cazador con su perro en el primer día de apertura de la media veda el año pasado en Palencia. - Foto: Juan Mellado

La nueva Ley de Caza 2021 incluye como novedad la denominada ‘Emergencia Cinegética’ para acometer situaciones de urgente actuación en caso de importantes daños por una sobrepoblación intensa de determinadas especies. Además, hace hincapié en la mejora de la planificación de la actividad cinegética, basada en el seguimiento continuo de las poblaciones y de las capturas realizadas, y en la simplificación de los procedimientos administrativos, fomentando el uso de la tramitación electrónica. El nuevo instrumento de ‘Emergencia Sanitaria’ permitirá, según el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el control poblacional de las especies cinegéticas con el fin de evitar riesgos importantes sobre la salud, la seguridad de las personas y los daños a la agricultura. La ley limita a la Administración autonómica para considerar cinegética una nueva especie, pero la habilita para excluirla de forma rápida. Además, regula la posibilidad de que una especie cinegética sea declarada «de atención preferente», por lo que será objeto de planes de gestión específicos.

El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno al Proyecto de Ley de Gestión Sostenibles de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, una nueva ley de caza que sustituye a la normativa de hace 25 años y que pretende garantizar «la sostenibilidad de los recursos cinegéticos y modernizar la actividad de la caza y para que continúe siendo un revulsivo económico y social para el medio rural».

La nueva ley es, según Suárez-Quiñones en declaraciones recogidas por Ical, «una apuesta decidida por la caza sostenible», ya que tratará de garantizar la conservación de la biodiversidad de forma integrada con el desarrollo rural, todo ello con un adecuado control de la fauna cinegética, previendo figuras novedosas como la emergencia cinegética.

Prevé la elaboración de una ‘Estrategia de la Caza de Castilla y León’, que incluirá los planes territoriales de recursos cinegéticos y de planes de gestión de especies cinegéticas, para aquellos territorios y especies que requieran de una consideración especial. Igualmente, los planes cinegéticos de los cotos de caza deberán ser elaborados por técnicos especializados, y basarse en censos rigurosos realizados con una metodología avalada técnicamente.

Otra de las novedades de la nueva normativa autonómica es que se podrán realizar seguimientos poblacionales de las especies cinegéticas, como herramienta imprescindible para garantizar que la práctica de la caza no pone en peligro el estado de conservación de las mismas.

También plantea las figuras de los cotos colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente que asegure la obtención de información de calidad, y del cazador colaborador, que aportarán importante información sobre la gestión cinegética o las capturas.

Las monterías deberán notificarse con antelación

El Proyecto de Ley establece la obligación de hacer pública con suficiente antelación la celebración de monterías y ganchos, a través de una plataforma pública. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó, al respecto, que esta cuestión era ampliamente demandada por los practicantes de actividades de uso público en la naturaleza, como el senderismo y el ciclismo de montaña. Con las notificaciones se incrementan así los márgenes de compatibilidad de actividades y de seguridad en el uso público de los montes y espacios naturales.

Suárez-Quiñones recordó que la nueva norma pretende asegurar un marco legal estable y actual para la caza en la Comunidad, una vez que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han avalado la regulación reglamentaria y legal realizada en Castilla y León. El nuevo proyecto sustituye a la Ley de Caza de Castilla y León que databa de 1996 e intenta crear un marco legal adaptado a la realidad social.