Leovigildo Sastre tiene 67 años. Jubilado desde hace dos, disfruta del tiempo que antes le faltaba, empleado en un banco y en la agricultura. Cuando terminaba en la oficina se iba a las tierras familiares, donde cultivaba sobre todo cereal pero también girasol y colza. «Ya no da la agricultura para que vivan tantas familias como antes. Aquí [en Marazuela] solo quedan tres o cuatro que lo tienen como trabajo principal», cuenta durante una conversación telefónica motivada por el ‘boom’ de la instalación de centrales solares y las repercusiones sobre el campo. Se han disparado las llamadas de empresas fotovoltaicas interesándose por terrenos.

Leovigildo tiene firmado un precontrato con una de ellas para alquilar un 70 por ciento de las 50 hectáreas que posee su familia. A 900 euros la hectárea al año por más de tres décadas con el objetivo de crear un parque fotovoltaico. Y como él, unos 200 propietarios más entre Marazuela y Marazoleja. Toda una revolución para la zona, que a la espera de comprobar las consecuencias visuales y ambientales del proyecto, ya ha visto cómo el mercado de alquiler de fincas ha dado un giro de 180 grados. «Para  agricultura se estaba pagando una media de 100 o 200 euros de renta al año. La diferencia es bastante importante, aunque se ha tratado de no perjudicar a los agricultores en activo. Son pocos pero al final es su trabajo», señala Leovigildo.

Sus fincas forman parte de las que empleará Iberdrola para crear en Segovia la segunda mayor planta solar de Europa. Dotada de una inversión cercana a los 220 millones de euros, acogerá 1.246.768 módulos fotovoltaicos de 144 células de silicio monocristalino, según figura en el estudio de impacto ambiental que se puede consultar en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sus responsables han remarcado también que « que «generará energía limpia suficiente para abastecer a una población equivalente a 290.000 hogares y evitará la emisión a la atmósfera de 182.000 toneladas de CO2 al año». La planta lleva aparejada una línea eléctrica aérea de 400 kV de evacuación de la energía generada que comenzará en una subestación situada en Marazoleja y finalizará en otra futura (a desarrollar por Red Eléctrica de España) en Otero de Herreros. Su longitud es de 21.218 metros –con 53 apoyos–, recorrerá los términos municipales de Marazoleja, Juarros de Riomoros, Abades, Segovia y Otero de Herreros y tendrá efectos «moderados» durante la fase de explotación.

El ‘boom’ de las centrales solares dispara las rentas

Seguramente no tan grandes como esta pero en la provincia de Segovia se han tramitado a lo largo del último año una veintena de instalaciones fotovoltaicas. Los expertos aseguran que hay un ‘boom’ –que se extiende también a otras provincias– y hasta los ayuntamientos se quieren subir a él. El de Bernardos, que gestiona y administra 380 hectáreas de fetosines, ha consultado a los 89 vecinos censados más antiguos (los dueños de estas tierras de labor) su disposición a llevar a cabo los trámites administrativos necesarios para poder alquilar 80 de esas hectáreas a empresas que se han interesado en instalar placas fotovoltaicas. El respaldo ha sido abrumador, así que ya está todo en marcha.

El precio de la renta oscilaría, cree el alcalde de Bernardos, José Luis Díez (PSOE), entre los 1.000 y 1.500 euros por hectárea al año y, aunque ese dinero no iría a parar a las arcas del Ayuntamiento (este solo lo gestiona y administra), la comparación con el presupuesto que maneja el propio Consistorio (500.000 euros) ilustra sobre el peso que esta iniciativa tendría sobre la economía del municipio. Esos 80.000 euros extra que ingresarían al año al menos «permitiría aumentar la renta a los 89 beneficiarios, repartida a partes iguales, e incluso dedicar recursos a otros fines para beneficio general de los vecinos, asentar población y garantizar la supervivencia de nuestro pueblo», según apunta el alcalde.

Además habría que añadir los impuestos derivados de la construcción y la actividad, y estos sí que llegarían directamente al Ayuntamiento. «Vamos a pasar a manejar más del doble del presupuesto actual», calcula el alcalde de Marazuela, Javier Calle (PSOE), que no obstante empieza a mostrar desencanto con el proyecto. «La mayoría de los vecinos están a favor, pero también los hay que dicen que el impacto ambiental va a ser grandísimo. La Corporación y yo no nos podemos negar a que se instale el parque si cumple la normativa. Mi opinión personal es que aparenta ser beneficioso para el pueblo, pero no tanto como lo están pintando. Me genera dudas porque haga que el pueblo no sea tan atractivo para la gente que viene los fines de semana o en vacaciones; porque con los empleos que se iban a crear nos habíamos hecho muchas ilusiones y parece que no se van a cumplir –no va a generar prácticamente empleo–; y porque vamos a cambiar el concepto rural por uno más industrial y no vamos a ser capaces de fijar población», argumenta.

Su homólogo de la vecina localidad de Marazoleja, Pablo Rincón (PP), que además es secretario general de Asaja Segovia, se muestra más optimista. «Si este proyecto está saliendo adelante es porque hay un consenso más o menos generalizado entre los agricultores y propietarios de la zona», comienza. «Puede generar un incremento considerable de los ingresos municipales y que le dé un impulso a la zona que cada vez está más deprimida», añade. En la ‘zona cero’ de la despoblación en Segovia, el nordeste, también están previstos dos parques fotovoltaicas y empresas del sector han preguntado por terrenos municipales. «Lo que pasa es que nos piden juntar 50 hectáreas en una sola finca y no podemos. Aunque se debería controlar que no se llene todo de campos solares, sería oxígeno para el Ayuntamiento», remacha el alcalde de Campo de San Pedro, Diego López (PP).