La Consejería de Educación suprimirá el próximo curso 73 puestos de maestros por el cierre de 15 unidades en Castilla y León, motivado principalmente por falta de alumnos sobre todo en el medio rural, mientras que la plantilla jurídica aumentará en 85 profesores en las Enseñanzas Medias (Secundaria y Formación Profesional) de centros públicos, donde las matrículas van en ligero aumento o se mantienen.

La propuesta inicial de la Junta con la plantilla jurídica para los docentes era la supresión de 20 maestros que actualmente daban clases en institutos, como consecuencia del cambio provocado por la Logse y el salto de los alumnos de los colegios a los IES a los 12 años en lugar de a los 14 como ocurría antes al finalizar la etapa de EGB. También planeaba eliminar 84 maestros en Infantil y Primaria, principalmente en el medio rural por la falta de alumnado, el cierre de unidades y la «insuficiencia de horario». Por el contrario, la idea de la Consejería era la creación de 46 puestos en Enseñanzas Medias para los institutos de Secundaria y Formación Profesional. Es decir, el saldo era negativo y se suprimían 58 puestos netos.

Con el borrador de Educación, las provincias más afectadas por los recortes y ajustes de las plantillas docentes eran León (saldo negativo de 16), Salamanca (-15) y Ávila (-13). Por su parte, Burgos era el único territorio con un balance positivo con dos docentes más.

Sin embargo, la negociación con los sindicatos de cada provincia -a la que solo acudieron el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (Stecyl) y Anpe- ha permitido reducir la pérdida de plantilla, hasta el punto de que el saldo negativo (-58) se ha convertido en positivo (+12) al existir más puestos creados que los suprimidos. Valladolid, con 21 puestos más, y Burgos, con 10 más, serán las provincias que saldrán mejor paradas. Por el contrario, León será la más perjudicada al perder 16 puestos, por la desaparición de 22 maestros.

Según los datos consultados por la Agencia Ical, el próximo curso desaparecerán 81 unidades en los centros de Comunidad aunque se crearán 19, por lo que habrá un saldo negativo de 62. La mayor parte de los docentes que se perderán corresponden a maestros de Infantil y Primaria, con la desaparición de 52 puestos, a los que hay que sumar las 21 plazas menos entre los maestros de los IES. Los criterios de la Junta para suprimir esos puestos son, principalmente, que la unidad «no funciona», ya sea por la «insuficiencia horaria», la amortización por superar el número de la plantilla funcional o por que no se cubrió en el concurso de traslados. En definitiva, por falta de alumnos en los centros, básicamente en pueblos.

El proceso de negociación de las plantillas jurídicas de los centros, que tiene lugar en enero y febrero, busca determinar las plazas existentes para que los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes puedan obtener esas plazas mediante el concurso de traslados.

La modificación no supone ni creación ni destrucción de empleo, sino que determina si mantener la plaza, crear las que tendrán continuidad por existir número suficiente de alumnos o eliminarlas, si no se han matriculado estudiantes desde hace dos o más cursos.