La Agencia Autonómica de Evaluación Independiente de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que estaba recogida en el pacto de gobernabilidad firmado en 2019 entre el Partido Popular y Ciudadanos, estará adscrita al Consejo de Cuentas de Castilla y León después de que la Junta haya descartado crear un nuevo ente para llevar a cabo estas funciones y así cumplir el principio de austeridad. Un órgano que será el encargado de promover y realizar evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas de la administración autonómica así como impulsar la gestión de la calidad de los servicios, con el objetivo último de mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía. El vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, destacó que el propósito de la Junta es “dar a los ciudadanos las herramientas que les permitan juzgar si estamos siendo eficaces y eficientes en la utilización de los recursos públicos que nos han confiado. Y por eso la evaluación de políticas públicas debe incorporarse al funcionamiento normal de la administración”.  

Una transformación que supondrá contar con una arquitectura legislativa en la que se sustente. En concreto, será necesario necesario modificar la Ley del Consejo de Cuentas para crear en esta institución propia de las Cortes la Agencia de Evaluación y crear, mediante decreto, la Oficina de Coordinación de la Evaluación en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. No en vano, este organismo tendrá una interlocución "directa" y "fluida" con la administración autonómica.  

Igea aseguró, según recogió la Agencia Ical, que la Junta ha decidido contar con un organismo externo para realizar la evaluación de las políticas públicas porque lo "más importante" es la independencia, algo que garantizará el Consejo de Cuentas que, además, cuenta con la suficiente experiencia ya que realiza estudios de evaluación del gasto en Castilla y León que son de "alta calidad". Eso sí,  la institución propia deberá dotarse de más recursos personales y materiales. "La creación desde cero de una entidad que no estuviera radicada en alguna institución preexistente habría provocado un desperdicio de conocimiento, que es casi lo más valiente, y una mayor inversión de gasto", precisó.

Preguntado por la fecha en que podría funcionar la agencia dependiente del Consejo de Cuentas, el vicepresidente y portavoz de la Junta respondió que es difícil de concretar al depender de los tiempos administrativos y legislativos. "Nuestra intención es presentar el decreto en las próximas semanas y la tramitación del proyecto de ley en este periodo de sesiones", expuso. De momento, al no estar la ley, es imposible que el incremento de los medios técnicos y humanos del Consejo de Cuentas esté contemplado en el Proyecto de Presupuestos del año 2022. En todo caso, dejó claro que estos plazos no condicionarán los cuatro encargos de la Junta a la la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobrre la evaluación de las políticas públicas.

Con motivo de la presentación del estudio sobre la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en Castilla y León, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el órgano estatal afirmó que la Comuniad tiene todavía "poco" desarrolllado su sistema de evaluación. Eso sí, valoró que cuenta con un marco normativo y organizativo con los "mimbres suficientes" como para poder continuar avanzando hacia una arquitectura "más completa".

La AIRef también propone a la Junta otros tres niveles internos de la propia administración de la Comunidad. Se trata de las unidades de evaluación de los centros gestores; una unidad impulsora de la evaluación -dependiente de la Consejería de Transparencia-; más una unidad responsable de la integración de los resultados en el ciclo presupuestario y en otros órganos de decisión política –vinculada a la Consejería de Economía y Hacienda-.

Ejemplos de los datos del COVID

Acompañado del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, recordó que, tal y como recoge la Constitució españoal, el gasto público debe ajustarse a los principios de eficiencia y economía. Incluso una ley autonómica de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración precisa que si un sistema de evaluación de políticas pública no es posible incentivar ni medir. "Lo que no se mide, no se conoce y lo que no se conoce, no se puede mejorar", aseveró. Fue entonces cuando mencionó que ha llevado la Junta con toda la información y los datos relacionados con la pandemia del COVID, colgados en la página web de la Junta y la de Datos Abiertos. "El hecho de publicar los resultados de la incidencia y las hospitalizaciones obliga a la administración a mejorar, de manera permanente, además de dar herramientas a los medios de comunicación y los grupos políticos para juzgar los programas de la Junta y obliga a un proceso de mejora continua", aseveró.  

No en vano, consideró que los fondos públicos deben ser utilizados en beneficio de los ciudadanos, evitando el uso partidista, político o clientelar. "Las buenas o las malas prácticas no se alínean con unos partidos u otros. Cambiar las cosas no es cambiar a los malos por los buenos para solucionar los problemas. Queremos que la manera de cambiar las cosas es cambiar las instituciones", precisó.  

Por su parte, Fernández Carriedo destacó que el Gobierno de Castilla y León tiene la prioridad por la calidad de los servicios públicos y la evaluación de esas políticas. "Estamos a la cabeza de España a la hora de prestar los servicios públicos pero podemo seguir mejorando por que hay cosas que hacer y por que hay nuevos procedimientos y tecnologías que queremos implantar", afirmó.  

La presentación del estudio contó con la asistencia delpresidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Maria Amilivia, el director de del Consejo de Cuentas, Santiago Martín, así como representantes del Diálogo Social -responsables de los sindicatos UGT, CCOO y CEOE Castilla y León-.