La Unión General de Trabajadores (UGT) denunciará a la Junta de Castilla y León ante el Contencioso-Administrativo por la “inacción” en el cumplimiento del acuerdo suscrito el pasado año para ampliar los contratos del personal público dedicado a extinción y prevención de incendios. El caso más flagrante, aseguró el secretario de Administración Autonómica de la FeSP UGT Castilla y León, Julio César Martín, es el de los 36 trabajadores (18 autobombas) que deberían ver incrementado sus contratos de seis a nueve meses, dado que a fecha de hoy ya “incumplirán” este compromiso porque “tenían que haber empezado como muy tarde el 1 de abril”. Por ello, además de acudir a los tribunales, el sindicato desarrollará una campaña de presión y movilizaciones durante la campaña de este año.

El Gobierno regional aún está a tiempo de hacer efectivo el compromiso con los 28 fijos-discontinuos que verían aumentar su tiempo de contratación de cuatro a seis meses anuales y otros 22, de cuatro a 4,5 meses. En total, 68 trabajadores en el conjunto de Castilla y León, a los que se suman los nueve que desarrollan su labor en cada uno de los centros provinciales de mando (CPM), que deberían incrementar su categoría y haber empezado el 1 de enero. “Nuestra reivindicación y el acuerdo que arrancamos a la Junta es en materia de tiempo de contratación, no salarial. Con lo difícil que es conseguirlo y luego no lo ejecutan a pesar de que nos han dicho que sí en los últimos meses”, lamentó Martín.

Con el primer incumplimiento de los que ya deberían estar trabajando para alcanzar nueve meses, la Junta se ha ahorrado, según UGT, 100.000 euros de una partida total de 1,8 millones presupuestados para esta medida este año. En 2018 eran 1,3 millones y para el próximo ejercicio, la cantidad ascenderá a 2,4 millones. El sindicato, que reclama que “todos los trabajadores” sean contratados al menos nueve meses, había saludado este acuerdo con la Administración Autonómica y CCOO que auguraba “mejoras en las condiciones del personal y equipamiento en los servicios públicos”. “Pero el balance es fácil de hacer porque este incumplimiento es manifiesto”, incidió.

El acuerdo suponía una mejora de los medios de titularidad pública, con dotación económica, orientada a tres grandes ejes, según prosiguió Martín. En primer lugar, “adaptar” los CPM a la implantación de las nuevas tecnologías; en segundo, crear un sistema que evite jornadas de trabajo superiores a 12 horas, en épocas de peligro alto de incendios, y permitir el descanso de los trabajadores que intervienen en un incendio; y por último, mejorar la cobertura anual de los medios de extinción de incendios con especial incidencia en el noroeste de la Comunidad, “que presenta un mayor peligro de incendios”.