Casa de la Parra: se vende por 1.650.000 €

Sergio Arribas
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Casa de la Parra: se vende por 1.650.000 €

Tras la legalización del inmueble, la propiedad anuncia la venta de la casa, un 25 % más cara que en 2014. «Es ideal para alojamiento turístico», reza el anuncio.

«Casa de lujo ubicada en el casco antiguo de Segovia. Zona de gran belleza, paz y tranquilidad, junto a los jardines de los Zuloagas y la Diputación, Plaza Mayor y Plaza del Azoguejo». Es parte de la leyenda que figura en el anuncio de venta del edificio situado en el número 4 de la calle de la Parra. Varios portales web, como T&B Gestión Inmobiliaria o Idealista, recogen el anuncio. Legalizado el inmueble, la propiedad lo ofrece ahora por 1.650.000 euros, un precio 450.000 euros más caro (25%) que cuando los dueños lo ofertaban —en el portal Idealista— en abril de 2014 (1.200.000 euros). No obstante, aquel anuncio se dio de baja el domingo 25 de mayo de 2014.
Ahora, el nuevo anuncio ofrece todo tipo de detalles para despertar el interés de los compradores. «Edificio construído en 1995, cuenta con 775 m2 construídos (690 útiles), siete habitaciones, una parcela de 450 m2 y plaza de garaje incluída en el precio». Se oferta como una casa individual «de gran belleza, de tres plantas, construida con materiales y acabados de alta calidad, con dos zonas independientes; una para la familia y otra para los invitados». 
Entre las «bondades» de la casa , el anuncio, alojado en webs de varias inmobiliarias, cita la «inmejorable situación para acceder a todos los servicios del casco antiguo y zona centro de la ciudad» y las «paradas de autobús urbanos a escasos minutos». Remarca que el inmueble cuenta con siete dormitorios (los principales con baño y vestidor) todos ellos con armarios empotrados vestidos. Y con siete baños completos y dos aseos. 
La oferta incluye un garaje para 5-6 coches y un gran jardín individual con doble acceso; desde la cocina y el salón. El anuncio, que una web describe como «una casa de capricho en el casco antiguo», está acompañado con una galería de fotografías. «Es una casa ideal —se dice en el anuncio—para convertirla en alojamiento turístico».

RECLAMACIÓN. Mientras, un nuevo desembolso millonario amenaza las arcas municipales. El Ayuntamiento de Segovia deberá afrontar el pago de una cuantiosa indemnización si prospera la reclamación judicial presentada por un grupo de ciudadanos, que se sienten «perjudicados» con la decisión de los tribunales de legalizar, a petición del Ayuntamiento, la polémica construcción conocida como ‘la casa de la Parra’, situada a escasos metros de sus viviendas. Son los mismos vecinos —y otros ciudadanos que, sin residir en la zona, a titulo individual, les apoyaron— a quienes, hace casi 23 años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, en una sentencia dictada el 27 de junio de 1996, les dio la razón, anulando la licencia de construcción de la casa y ordenando su derribo. El Tribunal Supremo ratificó aquella primitiva decisión judicial el 15 de junio de 2001. Era una sentencia firme que, con posterioridad, confirmaron una oleada de autos y fallos judiciales que se pronunciaron en el mismo sentido. 
Sin embargo, el TSJ , aceptó, en junio de 2017, la imposibilidad del derribo y la inejecución de aquella primitiva sentencia del alto tribunal. Lo hizo tras la maniobra realizada por el Ayuntamiento, que trataba de ahorrarse el coste de ejecución del derribo —al menos 200.000 euros— y el pago de indeminaciones millonarias a la propiedad y a los dueños de las plazas de garaje construidas en el subsuelo. Con esta finalizad aprobó en 2016 un plan urbanístico especial para regular la zona. Con este nuevo marco legal, concedió una nueva licencia. 
Con estos mimbres, el TSJ entendió que existía «causa de imposibilidad legal de ejecución de la sentencia» y que, por tanto, ya no procedía el derribo, un auto contra el que no recurrieron los vecinos que denunciaron en su día la construcción ilegal. Tampoco Izquierda Unida, formación que se personó en la causa hace siete años. Ambos desistieron a presentar recurso porque se arriesgaban a una condena en costas; lo que no ha impedido que quienes presentaron en su día la denuncia «en defensa de la legalidad vigente» hayan reclamado ahora la correspondiente indemnización «por daños morales», tras comprobar que la sentencia que les dió la razón  y que era firme ya no será ejecutada.
Un abogado segoviano, en representación de ocho de estos vecinos y ciudadanos particulares, presentó en el mes de mayo ante el TSJ un escrito para reclamar la cuantía «justa» con la que, a su juicio, «han de ser indemnizados por los daños morales» sufridos por esta causa. En el escrito, al que ha tenido acceso El Día de Segovia, el letrado sostiene que si se aplica el criterio jurisprudencial de 11.000 euros por año de retraso la compensación para cada uno de sus «poderdantes» debe ascender a 253.000 euros. «Bien lo merecen. 23 años. No obstante (...) reduciremos la solicitud a una indemnización de 100.000 euros para cada uno», señala.
El abogado cita hasta ocho decisiones judiciales que ordenaban el derribo y que nunca llegaron a ejecutarse. «Se comprueba que los perjuicios sufridos  (...) tienen el carácter de daños morales continuados porque prácticamente durante 23 años han soportado la inutilidad de su derecho a una tutela judicial efectiva por la desobediencia impune de alcaldes, secretarios municipales, arquitectos municipales, etc. Con una inmensa pena han comprobado que ni una sola de las múltiples decisiones judiciales —salvo la que declara, 23 años después, la imposibilidad legal— ha sido cumplida».
En el escrito, el letrado confiesa también que han intentado «retrasar todo lo posible» esta reclamación para ver si avanzaba el Plan Especial de Áreas Históricas (Peahis), aunque aquel planeamiento «sigue languideciendo y la destrucción de espacios muy significativos de la ciudad progresa de modo incontenible». Así, el abogado deja entrever que si nadie impugna estos «despropósitos jurídicos» es porque saben de la espera «inútil e ilusa» de quienes denunciaron el caso de la casa de la Parra. 
La petición se resume en una indemnización «por daños morales» de 100.000 euros para cada uno (800.000 euros en total). A esta cantidad se suman otras cantidades compensatorias, como los 69.465,71 euros por «gastos procesales» —honorarios del letrado (65.988,56 euros), del Procurador (2.897,15 euros) y de un perito (580 euros)—. También añade la reclamación «por daños materiales» de otros 141.964,88 euros para tres afectados. En suma, la cantidad total que se reclama en el escrito asciende a 1.011.430,59 euros, «todo ello a cargo del Ayuntamiento de Segovia o de quien señale la Sala».

IZQUIERDA UNIDA. IU se personó en la causa judicial hace siete años para que se cumpliera la sentencia que en 1996 dio la razón a los vecinos.  «Pedíamos que el Ayuntamiento ejecutase la sentencia porque las administraciones públicas deben ser ejemplarizantes. Por una cuestión ética, pero también por una cuestión de credibilidad de la justicia», sostiene el concejal de IU, Ángel Galindo.
Una vez que la Justicia aceptó que no se derribase la casa de la Parra, IU desistió de presentar recurso —no quería arriesgarse a una condena de pago de costas— aunque sí ha presentado una reclamación para que el TSJ ordene —al Ayuntamiento o la propiedad— el pago de una compensación económica que permita afrontar los honorarios de su abogado, según confirma Galindo. 
Al conocer que la propiedad, una vez finiquitada la amenaza de derribo, ha puesto la casa a la venta —por 1,65 millones, un 25% más cara que hace cuatro años—, el edil de IU no oculta su indignación. «Alguien que se ha saltado la ley para lograr un beneficio individual, [con la legalización]se le ha premiado. Ahora se puede vender una casa que se construyó sin licencia», recalca Galindo, que considera «grave» que el Ayuntamiento redactase un plan especial «a medida» para legalizar el edificio. El edil sostiene que el Gobierno municipal redactó este plan «en base a un argumento económico», en razón a las indemnizaciones millonarias que tendría que pagar a la propiedad y dueños de los garajes en caso de haber tenido que ejecutar la sentencia y, en consecuencia, el derribo. «Creo que las indemnizaciones que piden los vecinos que denunciaron en su día son lícitas. El juzgado les dió la razón y piden esa compensación. Al final este tema puede no resultar tan barato como creían algunos», añade.