Las ayudas a la farmacia rural son insuficientes

ICAL
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Castilla y León vuelve a liderar los cierres y suma otra "tragedia" para los pueblos

Las ayudas a la farmacia rural son insuficientes

Los cinco millones de euros que la Consejería de Sanidad ha destinado en los últimos años para asegurar la viabilidad económica de algunas farmacias, la mayoría en el medio rural, no son suficientes. Lo arrojan los datos que indican que en cuatro años 14 pueblos han perdido su farmacia, otra gota que va colmando el vaso del agotamiento del mundo rural que clama un plan de choque para no perder servicios y escapar de la maldición de la despoblación.

Hoy, Castilla y León cuenta con 1.620 oficinas de farmacia. De ellas, el 66,2 por ciento atiende al medio rural, 1.075. Hace cuatro años, había 1.089 farmacias en los pueblos, el 66,8 por ciento de las 1.631 con que contaba la Comunidad. Aunque también ha habido cierres en las capitales, estos negocios crecen, al evolucionar de las 542 a las 545, con un superávit de tres, frente a los 14 cierres registrados en los pueblos entre 2014 y 2018, según las estadísticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos consultadas por Ical.

La reordenación y coordinación de la guardias para liberar trabajo a estos profesionales; la aplicación del índice corrector de los márgenes de las oficinas de farmacia, que se traduce en ayudas a aquellas con poca población a su cargo, tanto rurales como urbanas, y el pago en tiempo y forma, no ha evitado que de las 26 farmacias que se cerraron el último año en España la mayoría fueran de Castilla y León, con ocho, siete de ellas en los pueblos. La única que se cerró en una capital fue en Burgos, y las otras se repartieron en las hasta tres de Zamora y, a razón de una, en Ávila, León, Soria y Valladolid. Es cierto, que en todos los casos la atención se ha garantizado, al abrirse un botiquín de farmacia o asumir la atención la farmacia del otro pueblo, pero cada vez que se cierra una farmacia sus vecinos pierden.

“Los últimos de Filipinas”

Pese a los esfuerzos por garantizar la continuidad de estos establecimientos, de carácter privado pero de interés público, la fórmula se resiente. Y es que ser farmacéutico de pueblo no es fácil. Lo explica Ana Teresa Jódar Pereña, la farmacéutica de Alcazarén (Valladolid), donde viven 700 personas, y que se encarga también del botiquín de Hornillos de Eresma, con 165 vecinos. Lleva diez años al frente de esta oficina. Apostó por trabajar en el medio rural, algo que la convierte en “una privilegiada”, pero reconoce que la aventura entraña dificultades. La gran parte de los boticarios de pueblo están solos al frente de la farmacia; no pueden faltar y ante circunstancias inesperadas es muy complicado encontrar un sustituto. A ello suma que son los que más sufren las medidas de contención, porque sus beneficios son más que ajustados -ella tuvo que prescindir de la única empleada que tenía- y el problema va a más.

“La despoblación nos asola. No es lo mismo perder un diez por ciento de población en una ciudad que en un pueblo de 400 habitantes”. “Cada vez que cierra una farmacia es una tragedia para la población. Se puede asumir el servicio a través de botiquines, pero para los habitantes del pueblo es una marcha atrás. Es ver cómo se muere el pueblo. Nosotros somos los últimos de Filipinas. Se acaba el bar, los comercios, las tiendas de ultramarinos… pero la farmacia permanece. Cuando se va, es la crónica de una muerte anunciada”.

Futuro, comprometido

La farmacia es un servicio muy valorado por los ciudadanos, más en el medio rural, pero su futuro está amenazado si se sigue perdiendo población, más en una Comunidad en la que pesa también la dispersión. De hecho, la mayoría de las farmacias con viabilidad económica comprometida, las que se benefician del índice corrector, están asentadas en el medio rural. En 2018 fueron 229 , el 14,1 por ciento del sistema, todas menos cuatro, ubicadas en los pueblos. Hace cuatro años, las beneficiarias sumaron 280, el 17,2 por ciento del sistema, con 271 en el medio rural. A ello se suma que del conjunto del país, con 880 farmacias en esta situación, Castilla y León es la que acumula el mayor porcentaje, el 14,1 por ciento.

La situación se debe a que la demografía farmacéutica de la Comunidad está muy ruralizada: el 38 por ciento de las oficinas se encuentra en pueblos de menos de 1.000 habitantes, y el 27 por ciento, en núcleos con menos de 500. Es decir, una de cada cuatro está ubicada en un pueblo de menos de 500 habitantes, lo que se traduce en que el 95 por ciento de los pueblos tiene una farmacia y el otro cinco por ciento cuenta con una a menos de diez minutos.

”Proteger, defender y garantizar”

“Tenemos un modelo muy cercano y accesible que hay que proteger, defender y garantizar” para que quienes viven en los pueblos tengan la misma calidad en la prestación del servicio, sentencia a Ical el secretario del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, José Luis Nájera, quien reivindica que se expriman “al máximo” todos los recursos e intervenciones que ofrece la farmacia, toda vez que se ha logrado lo más difícil, la presencia de los farmacéuticos en los pueblos.

Piden una mayor integración en el sistema, que se les reconozca como agentes de salud, ya que en su mano está ayudar en la adherencia a los tratamientos en pacientes crónicos y polimedicados; organizar la medicación de los pacientes en pastilleros, el llamado sistema personalizado de dosificación, un servicio muy valorado por las personas mayores; y una amplia labor social que abarca desde su aportación en la detección de casos de violencia de género a su contribución en la promoción de la salud y el envejecimiento activo. “Podemos aportar mucho para mejorar la eficiencia y la calidad del sistema,pero necesitamos que nos utilicen”. De ello depende también su viabilidad y presencia en el territorio, porque cada vez que se va ‘el último de Filipinas’, algo muere en el pueblo.


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