El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy la convocatoria de las ayudas para compensar el déficit de explotación del transporte público de viajeros por carretera, por valor de 12,9 millones de euros. Estas ayudas permiten mantener el servicio de transporte en el medio rural y afianzar el transporte metropolitano de las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.

El déficit de los servicios de transporte previsto para el ejercicio de 2019 por la Junta asciende a 12,9 millones de euros. Los beneficiarios de las subvenciones pertenecen al sector empresarial del transporte público de viajeros en la Comunidad, estructurado de forma muy irregular, en el que predomina la pequeña empresa y el empresario individual, sin excluir a las medianas empresas. Esta medida se configura como una herramienta esencial en el mantenimiento del tejido empresarial y el nivel de empleo afectando a 110 empresas y unos 3.000 empleos directos vinculados al sector del transporte regular de uso general interurbano de Castilla y León, explican fuentes de la Junta en un comunicado.

En la actualidad, el sistema concesional de los servicios de transporte público, en todo o en parte deficitario, que se prestan en Castilla y León, se configura de la siguiente manera: 148 concesiones o contratos de titularidad de la Administración autonómica (VACL), 77 autorizaciones administrativas especiales (AECL), 13 taxis rurales con reiteración de calendario y horario (TR) y 30 concesiones o contratos de titularidad del Estado, con tráficos autonómicos.

Servicios deficitarios

La Administración autonómica viene trabajando en la adopción de medidas tendentes a favorecer y garantizar unas condiciones de movilidad seguras y sostenibles como servicio básico y fundamental para el acceso a otros muchos servicios como la educación, sanidad, cultura, o el ocio, mejorando la calidad del transporte que reciben las personas que residen en la Comunidad, especialmente en el medio rural, y armonizando dichas medidas a las características sociales, territoriales, económicas y ambientales de Castilla y León.

Las especiales características de asentamiento de la población en núcleos con pocos habitantes y en su mayor parte dispersos y alejados de las localidades y ciudades que cuentan con los diversos servicios que demandan los ciudadanos, unido a la amplitud del territorio, han configurado una red de servicios de transporte público de viajeros por carretera que conecta con la capital de la provincia o la localidad de referencia de la zona, a través de itinerarios largos y expediciones con escasa ocupación de los vehículos, determinantes, por tanto, de una baja rentabilidad, en muchos casos deficitaria, que dificulta su mantenimiento.

La situación actual de estas líneas regulares de viajeros que prestan servicios en la Comunidad presenta unos resultados de explotación negativos. En su inmensa mayoría son servicios deficitarios que atienden multitud de tráficos rurales que conectan localidades de escasa población con los principales núcleos urbanos. Su carácter de servicio público implica que el objetivo primordial sea garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Para satisfacer dicho derecho, la Junta asegura, a través de la convocatoria de estas ayudas, la adecuada sostenibilidad económico-financiera del sistema de transporte público de su titularidad.

El índice de ocupación media en cómputo anual de este tipo de transporte no llega a cubrir los costes de explotación; de un total de aproximadamente de 1,7 millones de expediciones anuales, el 90 por ciento son deficitarias. Al tratarse de un servicio público básico, la Junta de Castilla y León financia este transporte deficitario, dado su carácter esencial y universal. En los últimos cinco años ha destinando cerca de 62,5 millones de euros a las ayudas anuales a los servicios de transporte público de viajeros deficitarios.

Tras entrada en vigor, el pasado mes de julio de la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de Transporte Público de Viajeros por carretera, la Junta de Castilla y León trabaja en el diseño de un nuevo modelo de movilidad cuya premisa fundamental es la modernización del servicio permitiendo así acercar la red de transporte a las necesidades de la ciudadanía. Todo ello sobre la base de la racionalización y optimización de la actual red de transporte, fijando como premisa esencial la garantía de dotar a todos los habitantes de Castilla y León de un servicio de transporte público adaptado a las necesidades de cada territorio

Este modelo implicará también un nuevo régimen de financiación del transporte, vinculado a los nuevos contratos que mejore la eficiencia de los fondos públicos como garantía del mantenimiento del sistema de transporte en Castilla y León.

El transporte por carretera cubre en Castilla y León más del 90 por ciento de los desplazamientos que se producen en el transporte interior de viajeros, siendo el transporte público regular de viajeros de uso general el que aparece como dominante por su vertibilidad, eficiencia, seguridad, capilaridad y rentabilidad social: llega a todos los municipios o poblaciones, cubre toda clase de demandas y es capaz de dar respuesta a las necesidades de movilidad de la población.