La Junta ha recibido 1.882 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) de empresas de Segovia desde el lunes 16 de marzo hasta las 14 horas de este jueves, en el contexto de la crisis del coronavirus Covid-19. Estos expedientes afectan a un número potencial de 8.098 trabajadores de la provincia, mientras que en el conjunto de la Comunidad ya van "27.809 solicitudes de ERTE con 154.508 trabajadores potencialmente afectados". El reparto por provincias es el siguiente:

- Ávila: 1.667 ERTE y 6.391trabajadores.

- Burgos: 4.198 ERTE y 29.193 trabajadores.

- León: 5.485 ERTE y 19.327 trabajadores.

- Palencia: 1.579 ERTE y 7.241 trabajadores.

- Salamanca: 3.669 ERTE y 12.255 trabajadores.

- Segovia: 1.882 ERTE y 8.098 trabajadores.

- Soria: 1.069 ERTE y 5.767 trabajadores.

- Valladolid: 6.046 ERTE y 26.330 trabajadores.

- Zamora: 1.782 ERTE y 6.157 trabajadores.

- Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales: 396 ERTE y 33.648 trabajadores.

La Junta de Castilla y León, a través de Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, facilita una visualización de la evolución de los ERTEs recibidos por la autoridad laboral en la Comunidad y su impacto potencial sobre el empleo en el contexto de la crisis del coronavirus COVID-19. Puede consultarse en este enlace.

Conforme a la normativa vigente, la autoridad laboral competente para tramitar estos expedientes de regulación es:

- Las Oficinas Territoriales de Trabajo de Castilla y León, cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en una provincia.

- La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, en tres supuestos: cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia, pero tenga más de 200 trabajadores afectados; cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias de Castilla y León; y finalmente cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas, pero el 85 % de la plantilla de la empresa, como mínimo, radique en el ámbito territorial de Castilla y León y existan trabajadores afectados en la misma.

- El Ministerio con competencias en el ámbito laboral, cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas.