El 19 de noviembre de 2029 es el plazo fijado por el Consejo de Ministros para el final de la concesión a Castellana de Autopistas (Abertis) de la explotación y conservación de las autopistas AP-6 (Villalba-Adanero) así como las conexiones con Segovia desde San Rafael (AP-61) y con Ávila (AP-51), a los 30 años después de su adjudicación.  

En su justificación, el Ejecutivo ha informado de que la decisión se adopta «siguiendo el procedimiento de determinación del plazo, en aplicación de las fórmulas y criterios previstos en la cláusula 33 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y teniendo en cuenta la reducción del plazo concesional que estableció el Real Decreto 525/2012», que modificó la concesión estableciendo que el plazo se redujese en siete años una vez se hubiese determinado, para cumplir con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación a la adjudicación de la concesión, que apreció que el Gobierno de España había vulnerado directivas comunitarias sobre contratación pública.

La decisión, adoptada en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19,  ha levantado diferentes reacciones,  a la espera de ver si se establece algún tipo de compensaciones, como anunció en Segovia, este 10 de enero, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. 

Entonces, en declaraciones a los periodistas, Ábalos explicó que «tratamos de igualar en el conjunto nacional, que no haya diferencias entre distintos territorios, aumentar bonificaciones al transporte pesado, no seguir en ese bucle de renovaciones de concesiones, aunque las que haya tienen una serie de compromisos que hay que respetar en función de la seguridad jurídica y del coste, pero vamos a tratar de hacer políticas compensatorias, también en Galicia y Asturias».

La alcaldesa, Clara Luquero, presente en la declaración de Ábalos, no descarta promover desde el Ayuntamiento una petición de ayudas económicas para los conductores, particulares y transportistas, que utilizan de manera habitual la autopista, lo que estudiará el Grupo Socialista una vez que se haya superado la crisis sanitaria.  

No será la única iniciativa al respecto en el consistorio, ya que la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, va a proponer que «la ciudad inste al Ministerio a que exonere del pago de la AP-61 y AP-51 del pago del peaje durante 2020 y 2021, [con el fin de que] suponga un revulsivo a las empresas y transportistas para afincarse en Segovia». 

La procuradora y secretaria de la Mesa de las Cortes, Marta Sanz, entiende que la decisión «merma las oportunidades y competitividad de Segovia –que cuenta con una situación geográfica estratégica por la cercanía a la capital española– y fomenta la despoblación»

Con más dureza se ha pronunciado el senador del PP, Juan José Sanz Vitorio, quien ha requerido al ministro para que diga «por qué mintió cuando dijo que estudiaba medidas de bonificación, cuando en respuestas a preguntas parlamentarias, el Gobierno dice que no hay ninguna intención de adoptar ninguna medida de esas características».  

Los parlamentarios populares  han presentado una proposición, en la que, entre otros puntos,  solicitan que se bonifiquen al 100% los peajes a los usuarios recurrentes  [quienes utilizan la autopista más de dos veces al día], «lo mismo que firmó el PSOE con el Bloque Galego para la investidura de Pedro Sánchez,  aparte de que se garanticen los puestos de trabajo vinculados a la concesión, cuando esta termine», según Sanz Vitorio.      

El PP había pedido la comparecencia del ministro para interesarse por qué  había autorizado una subida excepcional sin haber fijado el periodo de la concesión y que explique cómo ha llegado a la determinación del periodo de ampliación de la concesión. 

Por su parte el diputado del PSOE por Segovia, José Luis Aceves,  ha explicado que el acuerdo obedece a «una decisión de un Gobierno responsable que tiene que aplicar el Estado de Derecho y cumplir con sus obligaciones,  aplicando  la normativa en vigor, con diversas modificaciones llevadas a cabo por el PP   y el pliego de condiciones de la concesión elaborado por el PP,  para una autopista diseñada y ejecutada por el PP».

El presidente de la Agrupación de Transportistas Segovianos (Asetra), Juan Andrés Sáiz Garrido, cree que es de justicia que la liberación del peaje se produzca antes de 2029 y argumenta que «hemos pagado con creces las autopistas y túneles a lo largo de 57 años,  aparte de que se resolvería un problema de seguridad vial».  

La tarifa normal de un vehículo entre Segovia y Villalba es de 7,15 euros, realizando el trayecto desde la capital por la AP-61 y la AP-6. Para un vehículo pesado I, 18 euros, y para un vehículo pesado 2, 20,80 euros.

Movilizaciones

Aparte de bonificaciones del 100% para usuarios recurrentes y de que se mantengan los puestos de trabajo una vez concluida la concesión, el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo (PP), insiste en una solución para la variante de San Rafael que podría ser el desvío de tráfico por la autopista.  

Cuando concluya la crisis de la pandemia, Figueredo anuncia movilizaciones y cortes de tráfico en la A-6 a su paso por San Rafael, «para que no se sigan riendo de los espinariegos porque es un punto negro donde ha habido muchos accidentes y muertes».  

El diputado José Luis Aceves ha recordado que, en 2018,  debido al impulso del PSOE, se cambió la norma para que se pueda desviar tráfico pesado desde la carretera nacional y anuncia seguir trabajando para aliviar de tráfico la travesía. Recuerda que el Gobierno de Rodríguez Zapatero publicó el estudio informativo, en 2010, y el de Mariano Rajoy, en 2013, la declaración de impacto ambiental «que dejó caducar», subraya Aceves.