El cese o la dimisión de la concejala Gina Aguiar no habría asegurado el cierre del caso Trípode, ya desatado tras la condena judicial del 3 de marzo por partir en tres una contratación de 27.000 euros para evitar la convocatoria de concurso público (obligatorio a partir de 15.000) y adjudicar más rápido la organización del festival de cine europeo (antigua Muces) a una sociedad creada pocos meses antes, denominada Trípode Cultural. No obstante, la decisión de la alcaldesa, Clara Luquero, de mantener en su equipo a la edil señalada, retirada de Cultura a petición propia pero manteniendo la gestión del área de Turismo, amenaza con amplificar una estrategia de desgaste por parte de la oposición con nuevas derivadas que ya se están gestando y un debate que puede enfangarse.

De momento, el concejal Alberto Espinar, al que Luquero le ha traspasado Cultura aparte de mantenerle Innovación, pedía tiempo a El Día esta semana antes de hacer declaraciones sobre sus nuevas funciones, dado que aún está «aterrizando»; y Aguiar rechazaba conceder una entrevista solicitada también por este periódico (el 17 de marzo dijo en rueda de prensa que esperaba que aquella fuera «la última vez» que tuviera que dar explicaciones por lo que considera un «error administrativo»). Sin embargo, aunque el PSOE busque tomar aire y que el tiempo rebaje la inflamación, sólo su socio de Gobierno, IU, cuenta con dárselo «hasta ver el resultado de los cambios»; y el resto sigue demandando la dimisión de Aguiar, primero debilitada por un asesoramiento técnico jurídico deficiente (llevaba desde el inicio del mandato pidiendo un refuerzo en esa parcela que llegará a posteriori) y ahora convertida en blanco político fácil.

No en vano, el Grupo Popular, que fue el que denunció en el juzgado el caso Trípode en septiembre, ya investiga por su cuenta otros contratos de Cultura firmados en esta misma etapa que considera sospechosos y que apuntan a protagonizar próximos capítulos de un serial llamado a alargarse lo que resta de mandato. Si el PSOE pudo desactivar en algún momento el impacto político de este caso buscando alguna suerte de corrección, diálogo y acercamiento al PP en los siete meses que transcurrieron desde la denuncia pública hasta la sentencia judicial, ya va tarde. Tampoco compartió sus planes respecto a la reconcepción de la antigua MUCES tras la dimisión en enero del que fuera su director desde el principio, Eliseo de Pablos, y frente a las críticas que vertió Aguiar sobre el PP por considerar que estaba practicando una política «baja» y «en busca de titulares» con este caso, ahora se expone a contrarréplicas que pueden terminar rayando lo personal.

MÁS CASOS "SOSPECHOSOS". «Seguimos pensando que Gina Aguiar debe dimitir», reitera el portavoz popular, Pablo Pérez. Considera que retirarla de Cultura «es insuficiente porque eso no garantiza que no pueda actuar igual en Turismo», y «lo que debería hacer es alejarse de la gestión del dinero de los segovianos», añade. «Ya es muy grave que se hiciera una fragmentación de contrato como la de Trípode, pero es que además no descartamos que se hayan cometido otras irregularidades semejantes dentro de la Concejalía de Cultura que, en caso de confirmarse, serían mucho más graves», afirma, todavía sin querer concretar más.

Asimismo, aunque sólo la alcaldesa tiene potestad para retirar a Aguiar de sus funciones, y sólo Aguiar es dueña de su acta de concejal, el PP sigue sin descartar la presentación de una moción en pleno para pedir el cese o dimisión, si bien ese extremo no se materializaría al menos hasta la sesión de abril o incluso la de mayo. Se reserva así espacio en el calendario para otras actuaciones previas por las «sospechas» de irregularidades en otros contratos; y también pensando en hipotéticas reacciones del PSOE que pudieran alterar el guion. 

Entretanto, el portavoz de Podemos-Equo, Guillermo San Juan, que la semana pasada anunciaba su intención de cursar por registro municipal una solicitud de auditoría de todos los contratos menores firmados este mandato en Cultura, finalmente ha optado por preparar la presentación de la propuesta de cara a la próxima comisión informativa de esta área, que no tiene fecha pero será en abril. 

El concejal morado describe la reorganización llevada a cabo por Luquero como «un movimiento de sillones» que considera «insuficiente» como reacción de «unGobierno progresista ante un asunto tan grave», pero dejaría de ver la dimisión de Aguiar como única salida si el PSOE aceptara la auditoría. Los socialistas pueden valorar ahí una opción de no alejarse del todo de Podemos, que no forma parte del equipo de Gobierno pero mantiene un pacto programático que facilita la suma habitual de mayorías de izquierdas en los plenos; sin él, los 10 ediles del PSOE y los 2 de IU se quedan en minoría, con 12 concejales de 25 y opciones remotas de pactar algo con los 9 del PP o los 3 de Ciudadanos. 

Cierto es que una auditoría tendría sus riesgos por lo que pudiera trascender de los más de 200 contratos menores que firma cada año Cultura, la Concejalía que más recurre a esta fórmula de adjudicación directa de obras y servicios. Pero, por otro lado, a estas alturas no sería difícil que los plazos de tramitación y ejecución de dicha auditoría se alargaran hasta el siguiente mandato, reduciendo el riesgo de desgaste antes de las próximas elecciones (en teoría, segundo trimestre de 2023). Basta con recordar lo sucedido con la auditoría de Urbanismo que forzó Cs para facilitar la aprobación del presupuesto anual al inicio de 2017, de la cual no se presentaron conclusiones hasta finales de 2019; aunque la auditoría de Cultura no sería tan compleja.

El PSOE, en cualquier caso, no se ha pronunciado aún sobre la petición de Podemos; y el portavoz socialista, Jesús García Zamora, preguntado por El Día, deja todo abierto: «El Ayuntamiento cuenta desde hace dos años con un plan de fiscalización por parte de Intervención que incluye un apartado sobre contratos menores en general», argumenta. «De hecho, creo que alguna cuestión ya se ha reflejado en recomendaciones a algunos servicios, así que una vez que Intervención nos facilite más información, a partir de ahí valoraremos». Pero por ahora, sin plazos para una respuesta definitiva.

«DIMISIÓN Y AUDITORÍA». La portavoz de Cs, Noemí Otero, por su parte, se muestra receptiva a la posibilidad de apoyar una auditoría de Cultura, pero recela de su eficacia precisamente por el precedente de la auditoría de Urbanismo; y no porque se llevara a cabo dejaría de pedir la dimisión de la ahora concejala de Turismo. Más aún cuando sostiene que la reorganización del equipo de Gobierno «sólo ha sido un lavado de cara orquestado por el PSOE con IUy Podemos»; y que Gina Aguiar «va a seguir siendo quien mueva los hilos de Cultura», aunque la responsabilidad política recaiga ahora de manera formal sobre Alberto Espinar, «un daño colateral».

El concejal morado, por alusiones, critica la postura del grupo naranja: «Están muy perdidos. Da igual que pidamos la dimisión de Gina Aguiar, actúan como si no lo hubiéramos hecho. Oposición de cartón piedra que se preocupa muy poco de lo realmente importante, que se asuman responsabilidades políticas», replica. «Eso ahora sólo está en manos de la alcaldesa, y también que se demuestre que de verdad es un caso aislado (el de Trípode), para eso pedimos la auditoría de contratos menores».

Mientras tanto, Luquero sigue dispuesta a soportar la presión (incluida la de voces socialistas con otro criterio) por considerar «una injusticia» la situación de Gina Aguiar después de haberse «exagerado un error administrativo», no político. Y efectivamente así es si se mide por el hecho de que la ‘pena’ impuesta se limite a la nulidad de la contratación denunciada y el pago de 750 euros en costas por parte del Ayuntamiento. Un tema menor en lo técnico jurídico y en lo económico, pero no tanto por su impacto político y público, de consecuencias aún imprevisibles.

PRESIÓN SOBRE GINA AGUIAR...
«Espero que de verdad, por última vez, vuelva un momento sobre el asunto por el cual estamos aquí», decía Gina Aguiar el 17 de marzo en la rueda de prensa que dio con la alcaldesa para anunciar que dejaría Cultura pero seguiría en el equipo con Turismo.

«Espero que el problema no sea mi persona y tengan ganas de seguir hasta que caiga, pero no lo sé», decía también el mismo día, al ser preguntada si pensaba que, a pesar de la reorganización, podía seguir el «escarnio» y «hostigamiento» al que dijo haberse visto sometida. «Espero y confío en que no, que vuelvan las cosas a su cauce, que sigan dejando trabajar a la Concejalía de Cultura y que me dejen trabajar a mí también en la Concejalía de Turismo porque creo que lo importante es nuestra ciudad».

Sin embargo, si se llevara a cabo la auditoría de contratos menores que pide Podemos el repaso a la gestión pasada estaría asegurado; y sobre todo, pesa la amenaza del PP al asegurar que ha puesto el foco sobre otros contratos «sospechosos».

...Y OTRO TIPO DE PRESIÓN PARA ALBERTO ESPINAR

El PSOE inició la campaña electoral de 2019 con Alberto Espinar fuera de puestos de salida, pero lo incluyó por una renuncia prematura (la de Alberto Pérez) y Luquero le asignó Innovación. Ahora, el edil más joven del Gobierno local (33 años) asume Cultura, el área más apreciada personalmente por la alcaldesa, que apostó fuerte por Aguiar desde el primer día. Se quedó en puertas de entrar al obtener el PSOE 10 concejales siendo ella era la número 11, pero una oportuna renuncia facilitó la corrección de semejante error de cálculo.

Espinar, por su parte, es ingeniero agrónomo y ha desarrollado su carrera profesional en el sector privado desde 2011. También es músico y ha sido saxofonista de la Unión Musical Segoviana y de la Banda Sinfónica Tierra de Segovia (BTS). Ahora asume su reto político más importante, e independientemente de que pueda estar preparado para ello, con toda probabilidad le va a tocar bregar con las dudas que se van a verter desde la oposición sobre quién dirige realmente Cultura.