La desescalada de la tercera ola ya tiene una fecha marcada en rojo: el 8 de marzo. Castilla y León espera eliminar entonces las medidas excepcionales catalogadas como ‘nivel 4 Plus’ en el Consejo de Gobierno del próximo lunes siempre que se mantenga la tendencia actual y la ocupación regional de enfermos en UCI baje al 35 por ciento –actualmente está en el 40,7 por ciento–, tras lo que se comenzará a desescalar cada dos semanas en provincias siempre que su ocupación de las unidades de críticos estén al 25 por ciento. Esto supondría que la próxima semana el Ejecutivo regional podría empezar a levantar las medidas excepcionales de reapertura de la hostelería de interior, centros comerciales y deportivos, aunque. No obstante, por el momento no se plantean permitir reuniones de más de cuatro personas, ya que el objetivo es llevar a efecto una desescalada «lenta» y evitar contactos sociales.
El Consejo de Gobierno extraordinario y monográfico aprobó ayer el acuerdo de calendario para la desescalada, que hoy se publicará en el Bocyl, con el que, como manifestó el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, se pretende dar «certidumbre» a los sectores más perjudicados dentro de los «vaivenes» de la pandemia. Durante la rueda de prensa telemática, que comenzó con más de una hora y media de retraso, Igea recalcó que las medidas se analizarán cada dos semanas y no se avanzará más rápido, ya que el umbral estará en la ocupación de las UCI y en el descenso paulatino y estable de los contagios.
Así el primer umbral para iniciar la relajación de las medidas excepcionales –cierre de la hostelería de interior, centros comerciales y gimnasios– será que la ocupación de las UCI en Castilla y León esté en el 35 por ciento, luego se avanzará en las provincias cuando sus unidades de críticos estén en el 25%, siempre cada dos semanas y con una incidencia descendente.
De esa manera, el acuerdo pasa por recorrer todos y cada uno de los criterios que marca el semáforo aprobado en octubre por el Consejo Interterritorial de Salud, para ir conforme a su bajada paulatina en sus niveles, ya que en este momento la Comunidad está en el nivel de alerta 4 (granate). «Se bajará despacio cada escalón y con prudencia, no se darán saltos de forma alocada», resumió.
Precisamente, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, advirtió que la ocupación en UCI es alta, con 220 ingresados en las unidades de cuidados intensivos, lo que supone uno de cada tres de los pacientes atendidos en los complejos hospitalarios de la Comunidad por el virus. Igea reconoció un cambio en la desescalada de esta tercera ola en relación a la segunda, cuando las provincias pudieron avanzar si cumplían dos indicadores del bloque uno y uno del dos en los mismos niveles, pero argumentó que han visto que las provincias que en ese momento flexibilizaron las medidas han sido ahora de las más afectadas por el rebrote. «No queremos que esto nos pase», dijo.
«Lo que queremos para todas las provincias es que vayamos bajando paulatinamente en todos los niveles que refleja el ‘semáforo’ y no andar dando saltos de manera alocada, si fuéramos dando saltos de nivel cuatro a nivel dos pudiera ser que nos encontrásemos, dada la situación epidemiológica y la alta contagiosidad en una situación muy inestable, con unos hospitales sin capacidad de atender a los pacientes», explicó.
Mentiras
Por su parte, el presidente de la Federación de Hostelería de Castilla y León, Fernando de la Varga, acusó a la Junta de mentir a la hora de aplicar los criterios de la desescalada y de mantener su política de «acoso y derribo» contra el sector. En declaraciones recogidas por Ical, De la Varga mostró su indignación por el cambio de criterios y aseguró que en la reunión mantenida el pasado viernes, 26 de febrero, con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se explicó que la ocupación de las UCI sería el indicador a tener en cuenta para iniciar la desescalada y se «nos informó de un porcentaje de ocupación de 25 por ciento, que hoy, como si de un juego de malabares se tratara, ha pasado a un 35 por ciento».