Llega la Semana Santa y los vecinos de San Rafael saben que el paisaje con el que conviven día a día (el humo de miles de vehículos y el miedo a cruzar la calle) se va a intensificar más todavía. Las operaciones ‘salida’ y ‘retorno’ de estas vacaciones volverán a convertir su travesía en uno de los principales puntos conflictivos de tráfico en la zona centro de España. Y todo a pesar de que tenían la esperanza de que este año no fuera así por primera vez. O no al menos con la misma intensidad, después de que el entonces secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo, fijase el pasado octubre un plazo de seis meses para desviar a la autopista todo el tráfico pesado de la Travesía de San Rafael.
Este jueves se cumplieron los seis meses sin que se hayan producido novedades al respecto. «Ojalá fuera una competencia municipal», señala la alcaldesa de El Espinar, Alicia Palomo, una de las protagonistas de la fotografía con la que se escenificó el anuncio de ese compromiso –arriba en esta página–. En aquella visita al Ministerio de Fomento, acompañada por el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, encontró –según se remarcó en la nota de prensa posterior– «receptividad» y «total apoyo» por parte del responsable ministerial. Pero de nuevo las promesas políticas han pasado de largo por la travesía.
Palomo resalta que se ha creado el marco normativo para llevar a cabo el desvío de camiones. Sin embargo, el siguiente paso era la firma de un convenio entre el Estado y la Junta de Castilla y León que no se ha llegado a materializar. En este sentido, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cifró en un mínimo de doce millones el coste de obligar a ir por la AP-6 a los vehículos pesados, mientras que la alcaldesa espinariega hizo hincapié en estudios que fijaban una cantidad sensiblemente inferior. Habrá que esperar para saber quién lleva la razón porque, tal y como reconoce la propia Palomo, las negociaciones se encuentran paralizadas a la espera de la celebración de las elecciones.
Unos comicios que fueron convocados después de que la oposición tumbara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este contemplaba una partida de apenas 100.000 euros para la construcción de la Variante de San Rafael, la otro solución barajada para el problema de tráfico de la travesía, aunque mucho más cara y muy lejos de su materialización después de que esté próximo que caduque la Declaración de Impacto Ambiental. Ni por un lado ni por el otro ven luz al final del túnel los vecinos de este núcleo de El Espinar, que ya se manifestaron hace un año y que ahora, con la llegada de la Semana Santa, van a colocar varias pancartas junto a la carretera. «Yo siempre voy a estar a su lado en lo que decidan hacer», indica la alcaldesa, que asegura que han sido «muchas» las conversaciones que ha mantenido en los últimos meses con los responsables autonómicos y ministeriales: «Y tensionándolas por mi parte, pero la competencia no es municipal».
De momento la precampaña ha pasado de puntillas por esta cuestión, aunque Palomo promete convertirla en «una de las básicas y necesarias en la provincia de Segovia» en las dos semanas que restan antes de las elecciones generales del 28-A. No es baladí ni el resultado de una percepción de los vecinos de San Rafael ya que la travesía se ha cobrado varias vidas a lo largo de la última década. Y ya no valen más promesas. Tampoco se olvida aquella que realizó en septiembre de 2017 el Gobierno del PP, que aseguró a través de su diputada por Segovia, Beatriz Escudero, que a lo largo del año siguiente se prohibiría el tráfico de camiones por ese polémico tramo de la N-VI. Tampoco se llegó a ejecutar y, mientras, el miedo continúa instalado en este punto de Segovia. «No podemos esperar a que pase otra desgracia para hacer algo», dice Juan Manuel Gea, que perdió allí a su padre.