Los informes de los equipos psicosociales son necesarios en 9 de cada 10 asuntos de familia y estos profesionales no pueden con todo el trabajo, ni en las provincias donde hay un juzgado especializado, ni en las que no lo tienen, por lo que los informes se retrasan de media seis meses, cerca de un año en Ávila, la más afectada, siete en Segovia. Por eso jueces y abogados piden al Ministerio que ponga en marcha otros siete equipos, cuyo refuerzo es aun más necesario en 

Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora, que no cuentan con juzgado de familia, son los de primera instancia e instrucción los que se ocupan de estos asuntos.

En el caso de Segovia sí hay un gabinete psicosocial, pero hace meses que el psicólogo está de baja, por lo que el trabajo se ralentiza más aún.

Tribunal Superior y Consejo de la Abogacía piden también al Ministerio la puesta en marcha de la oficina de atención a la víctima, creada por ley en 2015 pero que no se ha podido hacer realidad por no contar, tres años y medio después, con asignación presupuestaria.