Más controles, acceso abierto al derecho universal de la información, agendas abiertas de los cargos públicos, régimen sancionador para políticos y funcionarios que incumplan la norma, y regulación más restrictiva del conflicto de intereses entre actividades públicas y privadas para evitar las llamadas puertas giratorias son algunas de las aportaciones de organizaciones, asociaciones y ciudadanos para la nueva Ley de Transparencia comprometida por la Junta.

La Consejería de Transparencia, Ordenación y Acción Exterior, que dirige el vicepresidente, Francisco Igea (Cs), realizó una revisión en profundidad incluso con enmienda a la totalidad de la Ley de Transparencia aprobada por el anterior Gobierno del PP en 2015 y optó por la elaboración de una nueva norma.

Entre los argumentos, reflejó que las pretensiones de la norma actual han sido solo satisfechas en parte, que el acceso a la información alcanza unas tasas mínimas, que la aproximación de datos a las personas resulta casi imposible, y que hay falta de compromiso claro de la Comunidad con la transparencia.

El procedimiento para la elaboración de un anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización de la Comunidad de Castilla y León ha estado en el trámite de consulta previa en el Portal de Gobierno abierto y ha recibido un total de 23 aportaciones por parte de asociaciones, organizaciones, de ciudadanos y también de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales.

En la consulta realizada por Ical de los documentos registrados, todos los agentes coinciden en la existencia de más controles, en el acceso abierto de la información para los ciudadanos, en que debe existir un régimen sancionador para políticos y funcionarios que no cumplan con la ley, en la regulación más estricta de las llamadas puertas giratorias y en la obligatoriedad de que los altos cargos de la Junta publiquen sus bienes al tomar posesión y cuando cesen, entre otras.

Registro Común de Transparencia

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales presenta un texto articulado de proyecto de ley en el que plantea la creación de un Registro Común de Transparencia cuya inscripción sería obligatoria para todos los grupos de interés, que estaría adscrito al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como órgano independiente. A través de esa inscripción los grupos de interés podrían realizar la defensa de sus intereses legítimos ante cualquier Administración.

También, propone agendas abiertas de los cargos públicos y una regulación más estricta del conflicto de intereses en la que se considere “la no idoneidad” para aquellas personas propuestas para un puesto de alto cargo cuando en los dos o cinco años anteriores a su propuesta de nombramiento hayan sido representantes de grupos de interés en materias que queden bajo su nueva responsabilidad.

Régimen sancionador

Un régimen sancionador para administraciones y responsables que incumplan la ley de transparencia, en la que se diferencie la sanción a la administración como tal, así como al responsable o responsables de la administración que vulneren la norma son propuestas de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Administración autonómica.

También, piden que sea obligatorio que se publique el listado de empresas, fundaciones, entes o agencias públicas donde la administración posea al menos un 25 por ciento del capital o reciba subvenciones públicas de esa administración al menos en un 50 por ciento. A todo ello, unen la obligatoriedad de que los altos cargos de la Junta publiquen sus bienes al tomar posesión y cuando cesen.

A pesar de los archivos y la gestión de documentos son una “herramienta muy útil” no se incluyen entre los objetivos del proyecto de elaboración normativa conectar los procesos de transparencia, derecho de acceso a la información pública y reutilización con los sistemas de gestión de documentos y archivos dice la Asociación de Archiveros de Castilla y León.

Otro de los colectivos que ha dejado sus aportaciones es Coalición ProAcceso, que presenta diez principios, entre ellos que el acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona, que se aplica a todas las entidades públicas y aquellas privadas que realicen funciones públicas, que su acceso es para toda la información elaborada “sin importar” como esté almacenada, que la denegación debe ser limitada y estar motivada y que la persona tiene derecho a recurrir.

Esta misma asociación defiende que el derecho a la información debe ser garantizado por un órgano independiente y que no se debe establecer un régimen de silencio administrativo negativo, y que en caso de incluirse sea acotado a situaciones muy concretas e ineludibles.

La publicación en la web de toda la información, que la ley sea integral y afecte no solo al sector público sino también al privado, partidos políticos, sindicatos, patronal y todo tipo de fundaciones , publicidad de agendas, registros de lobbies y 40 medidas de TI-E contra la corrupción tienen también espacio en la tramitación previa que abrió la Junta y ya cerrada.

Tampoco se olvida otra de las aportaciones de solicitar más medios materiales y humanos para el Comisionado de la Transparencia, que ejerce el Procurador del Común, quien ya señaló en las Cortes esta petición y abogó también por abrir una reflexión sobre la necesidad en la nueva ley de un régimen sancionador para posibles incumplimientos.