TRIBUNA LIBRE

Fernando Jáuregui

Escritor y periodista. Analista político


Cuerda de presos

Como casi todo en la política española es ahora inédito, casi ya ni causa espanto, en la cervantina acepción, que unos presos acudieran este lunes, discretamente controlados por la policía de paisano, a recoger su acta de diputados para, este martes, tomar físicamente posesión de su escaño en la Cámara Alta en la sesión constitutiva de la que será la decimotercera Legislatura. A continuación, ya veremos lo que ocurre: ¿les suspenderá la Cámara de su condición de parlamentarios (el Supremo no ha querido saber nada de este espinoso asunto y ha endilgado a la Mesa del Congreso la decisión última)? ¿Se saludarán el presidente Sánchez y el líder de Esquerra y actualmente el preso más famoso de España, Oriol Junqueras? Y si se saludan ¿qué se dirán? ¿Podremos enterarnos, sin bulos ni fake news los chicos de la prensa y, por tanto, los lectores, oyentes y espectadores? 
De momento, los cuatro presos trasladados desde el centro penitenciario de Soto del Real al Congreso, y el quinto (Romeva) al Senado, no han podido mantener contacto con los medios de comunicación ni con el mundo exterior: tras adquirir la condición de parlamentarios fueron devueltos a sus celdas. 
Algo rememoraba en todo esto a aquella película y aquella novela, Cuerda de Presos, que se hizo célebre en los años 50, aunque, claro, ahora el desenlace no sea tan dramático. 
En cualquier caso, el debate acerca de si los ahora enjuiciados por su presunto golpe de Estado contra la integridad territorial de España deben o no ser privados de su condición parlamentaria adquirida en las urnas está abierto y en plena efervescencia. Tanto mis colegas como yo hemos consultado con muchos juristas, más allá de tomas de posición partidistas, y me parece que una mayoría considera difícil de explicar fuera de España el mantenimiento de la situación de presos preventivos para gentes que, al adquirir el acta de diputados y senadores, se sentirían, al menos en teoría, mucho menos tentadas de seguir los pasos fuguistas de Puigdemont: mucho me temo que les interesa más exprimir las contradicciones jurídicas y legales en las que el Estado incurre al adentrarse por terrenos que nadie había explorado antes, porque nunca antes habían ocurrido cosas tan impensables como las que por acá nos ocurren. 
Claro, la superposición en el tiempo de dos campañas electorales, que ahora se revela en la magnitud de su error, ha impedido iniciar conversaciones hacia un consenso de reforma de leyes que han quedado obviamente obsoletas, y no me refiero solamente a los aspectos procesal y penal; también la normativa electoral y la propia Constitución muestran agujeros que es preciso tapar cuanto antes. Y, desde luego, no es esta inédita campaña, fatigada, fatigosa, desganada y como ausente, ni el terreno más adecuado ni la coyuntura más propicia para ahondar en la regeneración y modernización de este país nuestro. Esperemos al lunes, a ver si entonces...