Aprobado el acuerdo para cofinanciar los servicios sociales

SPC
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El Acuerdo Marco, que tendrá una duración de cuatro años, supone una inversión de 448 millones de euros

Isabel Blanco y Francisco Igea.

La Junta de Castilla y León ha aprobado el Acuerdo Marco 2020-2023 con una inversión de 448 millones de euros destinados a financiar a las corporaciones locales para la prestación de servicios sociales. Este acuerdo regula la financiación que transfiere la Junta a las corporaciones locales de la Comunidad competentes en materia de servicios sociales, como son los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales, para los ejercicios de 2020, 2021, 2022 y 2023.

El anterior acuerdo tenía una vigencia de tres anualidades frente a las cuatro del aprobado hoy durante el Consejo de Gobierno y su objetivo es dotar de mayor estabilidad a los distintos programas y garantía de financiación a las corporaciones locales.

El acuerdo es el instrumento de colaboración entre la Administración autonómica y las 24 corporaciones locales competentes en materia de Servicios Sociales (ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales) para la financiación de los Servicios Sociales que han de llevarse a cabo por las mencionadas entidades locales. Con ello se aprovecha la proximidad de los profesionales a los usuarios y se evitan duplicidades. El importe de cada una de las cuatro anualidades es de 112 millones euros, siendo cuantías mínimas garantizadas, de forma que podrán verse aumentadas en función de los incrementos presupuestarios que se produzcan en esos años.

El objetivo de la Junta de Castilla y León se centra en el mantenimiento de la red coordinada de Servicios Sociales, potenciar los servicios que prestan las corporaciones locales y garantizar los empleos de los 1.241 profesionales que trabajan en este ámbito y que son financiados por el Gobierno regional. El Acuerdo Marco 2020-2023 permitirá a las corporaciones locales incrementar la plantilla con nuevos trabajadores, que reforzarán la actividad de los Centros de Acción Social.