Cualquier cese de actividad lleva consigo una repercusión económica y en el empleo, aunque con el anunciado desmantelamiento de tres pistas de esquí en Navacerrada, en la provincia de Segovia, le supera un coste más emocional y social porque son muchas las generaciones vinculadas a una de las primeras estaciones de España, junto con la Molina, en Cataluña. Quienes conocen bien la zona hablan de que los esquiadores no alcanzan ni el 10% de la masificación que se registra en el Puerto de Navacerrada y que la actividad deportiva ha ido emitiendo porque la nieve ha descendido un 25% y la temperatura ha aumentado 1,95 grados, desde la década de los años setenta del siglo pasado.

No obstante, sabedores de esta situación, a autoridades locales y autonómicas, así como a vecinos de los municipios próximos, empresarios de hostelería o monitores de esquí les cayó como una ‘bomba’ el anuncio de que  Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), de que no realizará una nueva concesión de las instalaciones de las pistas ‘Escaparate’, ‘Telégrafo’ y ‘El Bosque’. Además dictamina que la empresa ‘Puerto de Navacerrada Estación de Esquí’ deberá desmontar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua con un plazo que finaliza el día 30 de octubre de 2021.  

El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso (PSOE), en cuyo término se encuentran la mayoría de las instalaciones, dentro de los Montes de Valsaín, del OAPN, tiene pendiente un encuentro con la ministra y vicepresidente cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, con el fin de reclamar «proyectos productivos, económicos y de turismo sostenible» en la zona afectada.  

Alonso tiene la intención de hacer ver a Ribera, «de manera serena y tranquila,  que hay vecinos y empresas en el mundo rural que tanto se defiende, que es preciso crear sinergias económicas, puestos de trabajo y facilitar el asentamiento de servicios para que la gente se quede, hay que plantearlo desde el conocimiento directo que tienen los representantes municipales». Dese el punto de vista laboral, en Segovia no afecta el cierre de las instalaciones, salvo algún monitor de esquí que pueda haber trabajado eventualmente y todos los edificios de bares, restaurantes y hoteles se encuentran en el lado de la Comunidad de Madrid. 

Por el momento, al consistorio no le han llegado quejas de asociaciones de hosteleros que puderan verse perjudicados por la ausencia de quien podía acercarse a los establecimientos antes de comenzar o al terminar la jornada. 

Álvaro Fernández, propietario del bar-restaurante ‘Dos Castillas’, reconociendo que «sentimentalmente es una pena», confía en que, a largo plazo, la gente siga subiendo a la sierra. En temporada puede haber más de medio centener de empleos entre la estación y las escuelas de esquí, incluso él aumenta la plantilla a 20 de seis u ocho fijos con que cuenta. Convencido de que el Puerto de Navacerrada necesita atención pública, aclara que las «aglomeraciones de público solo se registran puntualmente, unas cuatro o cinco veces al año, cuando ha nevado, los fines de semana, como las playas en el mes de agosto».

Estudiosa de Navacerrada, exprofesora de esquí, autora del libro ‘Hijos del Guadarrama’, María Jesús Martín-Merino afirma que, «cuando se desmantele, si no se ha regularizado la situación, el problema va a seguir estando, el tráfico viene aumentado desde hace más de 25 años».  

Martín Merino, quien asocia a Navacerrada con nombres olímpicos como Francisco Ferrnández Ochoa, Oro en  Sapporo, en 1972,  y su hermana Blanca, la primera mujer en conseguir una medalla para España,  recuerda el cierre de Cotos y aboga porque no se termine cerrando también Valdesquí, en terreno privado, o Guarramillas, conocido como ‘La bola del mundo’, y pide «una negociación» en la que participen las Conunidades de Madrid yCastilla y León,  y  los ayuntamientos de San Ildefonso, Cercedilla y Navacerrada, con el fin de hacer propuestas para la zona.  

Para el portavoz de Ecologistas en Acción, Julio Vías, el anunciado desmantelamiento «es una medida no solo necesaria sino imprescindible, va con los tiempos, es un entorno privilegiado en la zona periferica de protección del Parque Nacional del Guadarrama, que quedó fuera por estas instalaciones, favorece la conservación de la biodiversidad y el paisaje de la zona, no hay otra, el final de la estación se lleva anunciando desde hace mucho tiempo por el cambio climático, no es rentable y no tiene razón de ser».

Según Vías,  «el uso público tiene que ser reconvertido, el puerto es un lugar absolutamente masificado, un núcleo urbano emplazado en una de las masas forestales más importantes de la Península Ibérica,  con problemas, como emisión de residuales, contaminación lumínica, ruido o masificación. La alternativa que propone es «un uso sostenible dedicado a la educación ambiental y algunas actividades deportivas, «pero el esquí alpino está fuera de lugar.», sentencia.

Entre quienes han alzado la voz en contra de la decisión es el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla yLeón, Juan Carlos Suárez Quiñones,  para quien «no son formas de acometer algo que afecta de forma importante a los intereses económicos y sociales de la Comunidad». Tras lamentar que «es un acuerdo unilateral», ha anunciado que el asunto se incorporará a la reunión del Patronato del Parque, este mes.  

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha criticado también el cierre «unilateral» de tres pistas de esquí, insistiendo en que «es una decisión acordada al margen de las comunidades autónomas que llevamos trabajando mucho tiempo para hacer compatible el disfrute del patrimonio, nuestra sierra y Parque Nacional junto con el desarrollo económico».

Para el presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, «es el momento de que se presente un proyecto de reconversión de la zona a través de proyectos europeos o inversión directa del Gobierno de España, para que esa riqueza medioambiental siga siendo patrimonio de todos y no un elemento decorativo, o hacemos  compatible las figuras de protección con el desarrollo de los municipios que aportan el territorio o si no vamos a tener un grave problema todos porque va a ser muy complicado hacerselo entender al ciudadano».

Después de preguntarse si ¿éstas son las políticas que va a desarrollar el progresismo con el que se autotitula el Gobierno para radicar población en el territorio?, De Vicente considera que «si  las medidas pasan por decisiones urbanitas, es preocupante», recordando que también se trata del Ministerio del Reto Demográfico. 

De Vicente ha considerado que «los cargos socialistas deberían explicar qué ha hecho esta provincia para tener las cargas con las que la está lastrando el Gobierno, una vez más no se entreran de las decisiones que se toman hasta que no se publican en los medios».