El pasado 7 de marzo se cumplieron 143 años desde que Alexander Graham Bell patentase el teléfono, bajo el epígrafe de «un aparato que transmitía sonidos por un cable a través de señales eléctricas». Durante mucho tiempo, Bell fue considerado el inventor, junto con Elisha Gray. Sin embargo, el investigador escocés solo fue el primero en patentarlo.

La historia de las patentes va ligada a la llegada de la revolución industrial que supuso en Inglaterra un hito importante en su desarrollo, y que sirvió como catalizador para acelerar esta legislación en los países más avanzados. Así, Francia creo su primera Ley en 1791 y Alemania en 1877. En 1883, los sistemas de propiedad intelectual se internacionalizaron a través de la firma del Convenio de París. 

En la batalla por liderar la innovación, la nación con mayor número de solicitudes del mundo el pasado año fue China con 1,3 millones, de las que solo una de sus empresas, Huawai, registró 40.000. En Europa, Alemania superó las 68.000. 

La Oficina Europea de Patentes recibió 174.317 solicitudes de patentes europeas en 2018, lo que representó un 4,6% más en comparación que las 166.594 de 2017.

En 2018, las solicitudes presentadas por empresas e inventores españoles en la Oficina Europea de Patentes (OEP) alcanzó la cifra récord de 1.776, un 6,3% más con respecto a a las 1.671 del año anterior. 

La escasa actividad nacional en este sector donde las universidades y centros de investigación superan a las de las empresas privadas se debe a que el tejido empresarial se compone de pymes, que no cuentan con grandes presupuestos en I+D y donde, muchas veces, resulta confuso distinguir entre una patente y una marca.

En este escenario, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lidera el mercado nacional, seguido de Esteve Pharmaceuticals (33), la Fundación Tecnalia Research & Innovation y la Universidad de Barcelona (ambas con 17), Repsol (16), Telefónica (14), la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Ciencias Fotónicas (ambos con 13). 

El mayor número de registros se firmó en 2018 en Cataluña, con el 33,6% del total (595 solicitudes). Le siguió Madrid, que pasó a un 21,1%, y el País Vasco con un 12,5%.

Para mejorar este fenómeno, los emprendedores y las grandes empresas demandan al Gobierno más reformas estructurales y, sobre todo, mejorar los mecanismos al servicio de la transferencia de tecnología y conocimiento entre el sector público y privado.

El objetivo es reforzar un sólido ecosistema empresarial que sea más competitivo y eficiente en el mercado global, capaz de generar una potente infraestructura industrial que sirva como fuente de ingresos para el país y para crear una cadena de valor añadido al PIB.