Aunque lejos de la sequía vivida en 2017, la de este año también ha generado problemas en algunas zonas de la Comunidad, episodios que a su vez se presentan como un aliciente para que los municipios y mancomunidades de más de 20.000 habitantes, que están obligados a disponer de planes de emergencia por sequía, hagan los deberes y elaboren estos documentos. Si hace dos años estas entidades carecían en general de esta herramienta, a día de hoy son solo cuatro los ‘alumnos’ rezagados respecto al resto en Castilla y León: Soria, Laguna de Duero (Valladolid), Miranda de Ebro (Burgos) y la mancomunidad del río Eresma .
Según confirmaron a Ical fuentes de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a día de hoy hay 16 entidades en la cuenca del Duero, bien sean ciudades o mancomunidades de pueblos, las que tienen la obligación de disponer de un plan de emergencia ante situaciones de sequía, según recoge el artículo 27 de la Ley 10/2001 de 5 de julio, y son tres en este ámbito geográfico las que no lo han hecho, mientras que tampoco ha aportado el documento el Ayuntamiento de Miranda de Ebro a la Cuenca Hidrológica del Ebro, según informó esta entidad.
Por el contrario, son 13 las entidades que han presentado estos informes a la CHD. De ellas, cinco han recibido información favorable (Burgos, León, Segovia, Aranda de Duero y la mancomunidad ETAP Benavente y Los Valles) mientras que a otras siete se les ha requerido que subsanen algunos aspectos en los planes presentados: Valladolid, Salamanca, Zamora, Ávila, San Andrés del Rabanedo, la mancomunidad Tierras del Adaja y la mancomunidad Vega del Duero.
Según el planteamiento hecho por la CHD, estos planes de emergencia frente a la sequía pretenden homogeneizar las actuaciones municipales para conseguir un uso de los recursos hídricos acorde a los periodos de escasez. Estos documentos tienen que incluir información sobre demandas y recursos, la definición de cuatro estados de riesgo de escasez y fijar medidas para cada uno de estos niveles, así como determinar objetivos de reducción de consumos y refuerzo de disponibilidades, y establecer responsabilidades en la toma de decisiones.
También se presta atención en su contenido a las infraestructuras operativas, con la captación, almacenamiento, transporte, tratamiento, depósitos y red de distribución; a las de apoyo y a las demandas concretas según los usos sean doméstico, institucional, industrial, comercial, pérdidas y posibles emergencias. Los planes también contarán con información detallada de los recursos disponibles de forma ordinaria, complementaria, como reserva estratégica o de emergencia, precisando la fuente de emergencia, la autonomía de uso y la función asignada.
El jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHD, Ángel González, explicó que estos planes de emergencia tienen que recoger los recursos extraordinarios que se movilizarían en el caso de un escenario de sequía que no aportan los planes de las confederaciones, es decir determinar “qué va a hacer para el suministro normal si su fuente habitual entra en crisis”. Aunque quedan algunos rezagados, desde la entidad de cuenca reconocieron estar “muy satisfechos” porque los municipios “se han aplicado”.
En la mente de todos está aún la sequía de hace dos años, que fue “una prueba bastante importante” y que supuso el impulso para que las administraciones presentaran estos documentos, porque en ese momento “no existía ningún plan de emergencia presentado”. A principios de 2018 la maquinaria se puso en marcha y se entregaron casi una docena en las grandes poblaciones que habían visto “comprometido” su suministro. “No quiere decir que las poblaciones no sepan lo que tienen que hacer, que sí lo saben. La cuestión es que eso esté plasmado por escrito y sirva para tomar decisiones con antelación”, puntualizo González.
En algunos de los casos los planes se han presentado a la CHD pero se han requerido subsanaciones porque “no hay una coherencia entre lo que dicen que van a hacer y los escenarios de prealerta, emergencia o alerta”, declaró González, quien explicó que entre las medidas propuestas por las entidades “hay de todo un poco”. Los municipios más grandes disponen de captaciones de emergencia que están “perfectamente legalizadas”, de forma que ante la falta de suministro suelen tener sondeos de aguas subterráneas para suplir el déficit de las superficiales, pero también plantean los ayuntamientos medidas de ahorro, como ocurrió en Ávila este año.